Malestar en 12 pueblos de Huesca por su "servidumbre" a Catalunya


Doce pueblos de Aragón se sienten desconcertados y molestos tras la decisión del Ministerio de Fomento de dar a la Generalitat de Catalunya la potestad de intervenir en su urbanismo y en los procesos de concesión de licencias para actividades empresariales. Son los municipios más cercanos al aeropuerto de Alguaire, que tienen su propio radio de "servidumbre", como todas las instalaciones aeronáuticas.
El conflicto comenzó el pasado 5 de octubre, momento en que se establecieron las servidumbres del Aeroport de Lleida-Alguaire. En primera instancia, el BOE computó en su Real Decreto 1422/2012 a doce municipios -Albelda, Alcampell, Algayón, Altorricón, Binéfar, Castillonroy, Esplús, Monzón, Peralta de la Sal, San Esteba, Litera y Valcarca- como localidades pertenecientes a la provincia de Lleida, error que subsanó a las veinticuatro horas. Eso sí, no introduce modificación alguna en lo referente a la pérdida de competencias del Gobierno de Aragón para decidir dentro del área de servidumbres del aeródromo. Tal es así, que desde el martes, la docena de municipios afectados quedan parcialmente en manos del propio Ministerio de Fomento y de la Generalitat de Catalunya, que podrán condicionar la aprobación de nuevos planes urbanísticos locales y las reformas de los ya existentes.
El revuelo no se ha hecho esperar y, pese a que muchos de los alcaldes desconocen en qué consiste esta sujeción, dejan claro que, hasta nueva orden, sus pueblos forman parte de Aragón y se rigen por las normas de su Gobierno. Tal es así que la alcaldesa de Albelda, María Ángeles Roca, destacaba: “Por nuestra ubicación, el aeropuerto puede tener una incidencia, aunque eso no debe suponer que exista ningún tipo de servidumbre”. Roca también quiso dejar claro que “todavía no tienen constancia de la magnitud del impacto”. Y “si algún día llega un documento de la Generalitat les tendremos que decir que, hasta que no nos demuestren lo contrario, somos aragoneses”, advierte.
En cambio, Josep Anton Chauvell, primer edil del ayuntamiento de Alcampell, quiso quitar hierro a la problemática: “En principio no pienso molestarme en ponerme en contacto con nadie. Sí hay cierta servidumbre que tendremos que cumplir, pero la Generalitat no tiene porqué intervenir en las licencias de nuestros municipios”. Dejó en una “anécdota” el hecho de que el BOE incluyera su municipio en el área de Lleida: “Ha sido un error del funcionario de turno que ya ha ocurrido otras veces, no pasa nada”.
Más tajante fue Rosa María Lanau, alcaldesa de Monzón, que pide “informaciones clarificatorias” al respecto y subraya que su equipo de gobierno “defenderá en todo caso los intereses de Monzón y de su sector empresarial”. Lanau explica que “la descripción de estas servidumbres debe ser más pormenorizada para tener plena conciencia de su alcance y gravámenes”. Del mismo modo, ve “absurda la dependencia de la Generalitat porque cuando se barajen proyectos urbanísticos o industriales parece más apropiada la comunicación directa entre los municipios y el Ministerio de Fomento que una consulta previa a Catalunya”.
El PAR (Partido Aragonés) y la CHA (Chunta Aragonesista) ven la norma como un error y piden su modificación. El CHA describe como un “primer fiasco” la inclusión de los municipios aragoneses en la provincia de Lleida y destaca que “la rectificación del BOE del día 20 no incluye al Gobierno de Aragón en la toma de decisiones relativas al aeropuerto de Lleida y las servidumbres que puedan derivarse". "En este sentido, las propuestas para las servidumbres parten de la Generalitat sin que Aragón haya tomado partido y la documentación se remitirá a la Diputación de Lleida y las modificaciones o revisiones de los PGOU de los municipios aragoneses pasarán por la Generalitat catalana”, concluye.
El presidente intercomarcal del Partido Aragonés (PAR) en el Alto Aragón, Joaquín Serrano, ha anunciado que el PAR iniciará acciones para esclarecer el alcance del cambio y lograr que se corrijan “por completo los errores”. El PAR comunica que recabará la información precisa sobre algunos aspectos que, “a primera vista, podrían suponer que se condicione la implantación de industrias o incluso medidas concretas de conservación de la fauna": "Esta cuestión es la más importante porque se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones si no se consiguieran evitar los riesgos indicados en forma ef


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