domingo, 29 de septiembre de 2013

El independentismo catalán exhibe su fuerza para acelerar la consulta

El independentismo catalán consiguió ayer la demostración de fuerza que venía buscando desde hace meses para intentar convencer al Gobierno central de que la demanda de un referéndum de autodeterminación no es un capricho pasajero ni minoritario. LaAsamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad social que convocó la cita de ayer avalada por el Gobierno de CiU, consiguió un apoyo masivo a la a cadena humana de 400 kilómetros de longitud que unió los dos extremos de Cataluña pasando por Barcelona y que tenía un lema claro: “Via catalana para la independencia”. Los organizadores pidieron que el referéndum tenga lugar el próximo año a más tardar y que éste tenga una pregunta “clara”. Con ello, además de presionar a Rajoy, clamaron porque Artur Mas no se desvíe de su hoja de ruta tal y como sugerían sus palabras de la semana pasada, cuando abrió la puerta a demorar el proceso hasta 2016 tras hablar con el presidente en una cita secreta en Madrid.
La movilización partió de la ANC, una entidad privada que está actuando como centinela del proceso soberanista desde la sociedad civil. Tras el éxito de la manifestación del año pasado, en la Diada de ayer quiso dar un paso adelante para dejar claro que no solo defienden la opción del “derecho a decidir”, sino que abogan directamente por la independencia. Convergència Democràtica y Esquerra Republicana se volcaron en la movilización. En cambio, no lo hizo Unió Democràtica, si bien algunos de sus dirigentes, comenzando por la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, acabaron por participar en la cadena humana. Algunos dirigentes del ala catalanista del PSC participaron en la cita, aunque el partido se desmarcó abiertamente. Tanto el PP como Ciutadans organizaron actos alternativos.
Los convocantes consiguieron llenar sobradamente el recorrido previsto, que iba desde la frontera francesa hasta el límite entre Cataluña y la Comunidad valenciana, en total 400 kilómetros. Según la ANC se habían inscrito previamente a la movilización más de 400.000 personas, que permitían cubrir este recorrido. Tras la cadena humana la Generalitat aseguró que la participación “en ningún caso” era inferior a 1,6 millones. La Guardia Urbana de Barcelona aseguró que en la capital catalana salieron a la calle medio millón de ciudadanos.
Al finalizar el acto, la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, exigió al presidente catalán, Artur Mas, que tome “decisiones históricas” y convoque en 2014 una consulta para no demorar más la independencia. “Pedimos a nuestras instituciones que cumplan la declaración de soberanía del pasado enero y convoquen la consulta sin dilaciones ni pérdidas de tiempo que solo perjudican a nuestro pueblo, sobre todo a los más desfavorecidos. Es hora de que demuestren su determinación y compromiso con este pueblo, convocando la consulta para 2014”, dijo el presidente.
Artur Mas no participó directamente en la cadena humana para “preservar” la institución que preside, pero sí lo hicieron buena parte de sus consejeros. Y lo que quedó claro es que el Ejecutivo catalán intentará capitalizar la movilización popular tanto como pueda. En este sentido, el titular de Presidencia, Francesc Homs, advirtió al Gobierno de Mariano Rajoy de que no puede quedarse “de brazos cruzados” ante la movilización. También apeló a las bases independentista a administrar correctamente este mensaje en la política catalana y dijo que el Gobierno se siente “reforzado”.
Sin embargo, el mensaje de la ANC ya hace días que no coincide con el del Gobierno de CiU. La entidad independentista teme que las primeras negociaciones que Artur Mas ha comenzado con Mariano Rajoy acaben por descafeinar la consulta hasta el punto de desnaturalizarla. Las alarmas entre los independentistas saltaron la semana pasada cuando Mas admitió la semana pasada que no podría hacerse la consulta el año que viene si esta no tiene el visto bueno del Gobierno,  y que luego solo quedaría la vía de unas elecciones autonómicas en clave plebiscitaria en 2016.
Forcadell insistió en que quieren la consulta en 2014, y no dentro de tres años. También dejó claro que los independentistas apuestan por una pregunta clara sobre la secesión. “Y una respuesta clara”. Pero todo apunta a que Mas se inclina por una pregunta múltiple. O por no preguntar solo por la secesión.
Ayer mismo lo volvió a insinuar en un encuentro a puerta cerrada con corresponsales extranjeros. En un intento de internacionalizar el conflicto catalán, Mas insistió ante la prensa internacional en que se podría modificar la pregunta de la consulta en caso de que el Gobierno central y la Generalitat alcanzaran un acuerdo sobre financiación en la línea del pacto fiscal que reclamaba el año pasado él mismo. En este caso, dijo que se podría preguntar a los ciudadanos si prefieren el pacto fiscal o “lo otro”, dijo, en referencia a la independencia. Eso sí, Mas insistió ante la prensa extranjera en que no renunciará a “algún tipo de consulta”. Pese a que su partido, Convergència, ya habla sobre la independencia con cierta naturalidad, Mas se resiste a nombrar esta palabra en público argumentando que en el marco de la UE ya no existe la independencia total de ningún país. De ahí las presiones de la Asamblea Nacional Catalana para que Mas abrace abiertamente el secesionismo antes de ponerse a negociar con Rajoy. Muchos aún recuerdan que fue precisamente Artur Mas quien, siendo jefe de la oposición, negoció a la baja el Estatuto de Cataluña con el Gobierno central antes de que el Tribunal Constitucional acabara por recortarlo todavía más.
El presidente catalán, que ayer solo habló públicamente antes de la movilización, incidió precisamente en la necesidad de negociar con el Gobierno central. Se comprometió a dialogar “hasta el final” con Rajoy para conseguir el referéndum. Al mismo tiempo, alertó de que el “Estado español tiene un problema grave de relación con Cataluña” si no encuentra la forma de canalizar las ansias de muchos catalanes para decidir su futuro colectivo. Consciente del revuelo provocado por su marcha atrás verbal de la semana pasada, ayer recalcó que no hay cambios en la hoja de ruta: “El compromiso es organizar la consulta el año que viene y espero que el diálogo con el gobierno central lo permita”.
Esquerra Republicana también intentó capitalizar la movilización de ayer atrayéndose el electorado de CiU. “Todos los partidarios de la consulta formamos parte del mismo equipo, que sin duda acabará ganando”, dijo el presidente de ERC, Oriol Junqueras.
El escenario que se abre a partir de ahora es el de la negociación entre gobiernos. Y todo apunta a que será de lo más discreta. El Gobierno de la Generalitat insiste públicamente en que la consulta en 2014 es posible y factible, aunque en privado sus consejeros se muestran más escépticos y ven más factible el escenario de unas elecciones anticipadas.
Sin embargo, en CiU cada vez hay más temor a unos comicios antes de tiempo, especialmente por el avance aparentemente imparable de Esquerra Republicana de Catalunya, que se está convirtiendo en la gran beneficiaria del proceso. En principio, los republicanos continuarán ofreciendo su apoyo al Gobierno en minoría de Mas mientras éste no se desvíe de la consulta. Y esto incluye elaborar unos impopulares presupuestos para 2014 con nuevos y dolorosos recortes. Eso sí, la condición que piensan poner los republicanos para avalar las cuentas será fijar la fecha de la consulta.
Esto reduce enormemente el margen de maniobra de Mas, puesto que el Gobierno central no parece dispuesto a negociar nada teniendo encima de la mesa un plazo concreto para la votación. Por si acaso, Mas aseguró ayer que la demostración de fuerza de ayer “no será la última”.


Bruselas asegura que Cataluña saldría de la UE con la independencia

Si un territorio de un Estado comunitario declara su independencia, automáticamente deja de pertenecer a la Unión Europea y se convierte “en un país tercero”. Así ha respondido este lunes la Comisión Europea a las crecientes demandas del Gobierno de Cataluña y de sectores independentistas sobre el derecho a decidir un Estado propio. Sin querer nombrar en ningún momento la situación catalana, y reiterando que Bruselas se limita recordar lo que está escrito en los tratados, la portavoz del Ejecutivo comunitario ha asegurado que, en caso de una secesión, las normas comunitarias “dejan de aplicarse” al territorio que proclama su independencia.
Aunque esta postura supone reiterar lo ya enunciado otras veces,Bruselas ha decidido esta mañana pronunciarse indirectamente sobre la cuestión catalana, a preguntas de los periodistas, cuando la semana pasada eludió manifestarse al respecto tras la multitudinaria manifestación de la Diada. La portavoz de Bruselas ha añadido que para que la Comisión se pronuncie formalmente sobre la cuestión catalana tiene que solicitarlo el Estado miembro afectado, en este caso España, algo que no ha ocurrido. También ha recordado, eso sí, que cualquier Estado –nuevo o existente- puede solicitar la adhesión a la Unión Europea.
La portavoz refuerza el mensaje más claro enviado esta mañana por elvicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que se ha mostrado tajante sobre el futuro de Cataluña en la UE si se independiza de España: "La parte segregada no es miembro de la UE". Durante una conferencia en el Cidob sobre La apuesta por Europa, el comisario ha señalado su aprecio por Cataluña, y ha instado al Gobierno central y al catalán a tratar el futuro político "en una mesa cara a cara y con la cabeza fría" en vez de por carta. En octubre del año pasado, en Madrid, Almunia ya afirmó que Cataluña dejaría de ser parte del euro si finalmente se independizara de España, tal y como sugiere el tratado de la UE.
El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presente en la conferencia, ha asegurado que las declaraciones de Almunia son una "lectura jurídica" estricta, pero hay casos donde se está negociando, como el escocés, y no cree que acabe con Escocia fuera de la UE, lo que interpreta igual para Cataluña.
"La UE se mira con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Me preguntan constantemente y no precisamente con simpatía", ha asegurado Almunia. "Todos pedimos que se busquen vías para que la situación se encauce". Precisamente esta tarde el expresidente del Parlament, Joan Rigol, ha presenta el manifiesto del pacto nacional por el derecho a decidir, un texto que ha consensuado con partidos políticos e instituciones.
Por otra parte, Almunia ha afirmado que ve "señales positivas" en la economía del conjunto de  la UE, con países que ya no hablan de crisis y otros que aunque todavía están en recesión ven síntomas de mejora -como la periferia, en la que se incluye España-, aunque ha alertado de que no se deben lanzar las campanas al vuelo: "Va a ser una recuperación lenta, frágil, raquítica y en entorno de riesgos".

Mas busca apoyo para negociar con Rajoy sin desairar a ERC

Esquerra Republicana quiere pasar a la acción con el plan soberanista catalán antes de que el vigor independentista de la Diada se desinfle por las advertencias de la Comisión Europea y la difusa oferta de diálogo de Mariano Rajoy. El presidente catalán, Artur Mas, tendrá que decidir en el debate de política general que comienza este miércoles si cede a las peticiones de sus socios o si pone el acento en buscar una amplia mayoría política en defensa del “derecho a decidir” que le permita acudir en mejores condiciones a la negociación con Rajoy. En las filas convergentes se inclinan por lo segundo, pero dan por hecho que CiU también tendrán que escenificar con Esquerra Republicana algún tipo de paso adelante respecto a la consulta.
El objetivo principal de Mas es que el Parlament apruebe con una mayoría cercana al 80% la petición de abrir un diálogo con el Gobierno central sobre la consulta. La base del documento que están negociando todos los partidos excepto el PP y Ciutadans es el manifiesto presentado la semana pasada surgido del llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que engloba a decenas de entidades, agentes sociales y partidos. El documento no habla directamente ni de la consulta ni pone ninguna fecha para celebrarla, pero deja claro que Cataluña como “nación” tiene “derecho a decidir”. Si no hay cambios de última hora, el PSC dará su apoyo a este texto. También lo harán Iniciativa per Catalunya, ERC y la CUP, con lo que Mas podrá presumir de una mayoría de más de 100 diputados a favor de esta causa de un total de 135.
Pero ERC quiere ir más allá. Lo dejó claro ayer el líder republicano Oriol Junqueras, quien desde hace semanas mantiene una frenética actividad sobre el terreno en feudos de Convergència. Junqueras insistió desde les Borges Blanques (Lleida) que hay que fijar una pregunta “clara” para la consulta y una fecha “próxima” para celebrarla. Después de esto, ERC podría entrar en el Gobierno catalán para “apoyar” el proceso, dijo. CiU insiste en que la pregunta y la fecha se fijarán a finales de año, y se resiste a quemar este cartucho ahora, justo cuando los sectores más moderados del partido están a la espera de si el diálogo con Rajoy da algún tipo de fruto.
La otra prioridad para Artur Mas en el debate es salir al paso de las advertencias lanzadas por la Comisión Europea de que la independencia dejará Cataluña en una situación de aislamiento. CDC ha tenido que modificar su argumentario los últimos días. Si hasta hace pocas semanas los nacionalistas aseguraban que Cataluña se mantendría dentro de la Unión Europea pase lo que pase, ahora ya solo dan por hecho que se quedará dentro de la zona euro.

Mas busca apoyo para negociar con Rajoy sin desairar a ERC

Esquerra Republicana quiere pasar a la acción con el plan soberanista catalán antes de que el vigor independentista de la Diada se desinfle por las advertencias de la Comisión Europea y la difusa oferta de diálogo de Mariano Rajoy. El presidente catalán, Artur Mas, tendrá que decidir en el debate de política general que comienza este miércoles si cede a las peticiones de sus socios o si pone el acento en buscar una amplia mayoría política en defensa del “derecho a decidir” que le permita acudir en mejores condiciones a la negociación con Rajoy. En las filas convergentes se inclinan por lo segundo, pero dan por hecho que CiU también tendrán que escenificar con Esquerra Republicana algún tipo de paso adelante respecto a la consulta.
El objetivo principal de Mas es que el Parlament apruebe con una mayoría cercana al 80% la petición de abrir un diálogo con el Gobierno central sobre la consulta. La base del documento que están negociando todos los partidos excepto el PP y Ciutadans es el manifiesto presentado la semana pasada surgido del llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que engloba a decenas de entidades, agentes sociales y partidos. El documento no habla directamente ni de la consulta ni pone ninguna fecha para celebrarla, pero deja claro que Cataluña como “nación” tiene “derecho a decidir”. Si no hay cambios de última hora, el PSC dará su apoyo a este texto. También lo harán Iniciativa per Catalunya, ERC y la CUP, con lo que Mas podrá presumir de una mayoría de más de 100 diputados a favor de esta causa de un total de 135.
Pero ERC quiere ir más allá. Lo dejó claro ayer el líder republicano Oriol Junqueras, quien desde hace semanas mantiene una frenética actividad sobre el terreno en feudos de Convergència. Junqueras insistió desde les Borges Blanques (Lleida) que hay que fijar una pregunta “clara” para la consulta y una fecha “próxima” para celebrarla. Después de esto, ERC podría entrar en el Gobierno catalán para “apoyar” el proceso, dijo. CiU insiste en que la pregunta y la fecha se fijarán a finales de año, y se resiste a quemar este cartucho ahora, justo cuando los sectores más moderados del partido están a la espera de si el diálogo con Rajoy da algún tipo de fruto.
La otra prioridad para Artur Mas en el debate es salir al paso de las advertencias lanzadas por la Comisión Europea de que la independencia dejará Cataluña en una situación de aislamiento. CDC ha tenido que modificar su argumentario los últimos días. Si hasta hace pocas semanas los nacionalistas aseguraban que Cataluña se mantendría dentro de la Unión Europea pase lo que pase, ahora ya solo dan por hecho que se quedará dentro de la zona euro.

L’Hospitalet de Llobregat vota a favor del derecho a decidir

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprobado este viernes el manifiesto Somos una nación, nosotros decidimos. El texto -impulsado por una veintena de entidades de la sociedad civil de la ciudad- ha sido trasladado al pleno por CiU e ICV y ha obtenido también el apoyo del PSC.
El documento indica que los firmantes respetan las diferentes resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña a favor del Derecho de Autodeterminación así como la Declaración de Soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña “basado en los principios como la radicalidad democrática, participación y transparencia”.
La propuesta contaba con el apoyo inicial de los convergentes y los ecosocialistas, socios de gobierno municipal del PSC. Aun así, el apoyo de los socialistas no estaba claro hasta el último minuto, cuando han decidido emitir un voto favorable. “Estamos a favor del derecho a decidir dentro de la legalidad”, ha sentenciado el portavoz de la formación, Francesc Belver, para justificar su decisión.
En el mismo pleno se ha rechazado una moción del PP que pretendía que la ciudad celebrara un acto el 12 de octubre para conmemorar el Día de la Hispanidad. La propuesta, que solo ha contado con el apoyo de los populares y Ciutadans, defendía que esta fiesta “es un símbolo de unidad de todos los españoles entorno a un proyecto común de solidaridad”.

El derecho a decidir vuelve a enfrentar a PSC y PSOE

La discrepancia entre el PSC y el PSOE por el derecho de Cataluña a decidir volvió ayer a escribir un nuevo episodio. Antonio Balmón, alcalde de Cornellà y número dos de los socialistas catalanes, defendió que la consulta soberanista, siempre que sea legal y pactada con el Gobierno central, es la única vía para desatascar el conflicto soberanista. “Es lo único que en estos momentos evita que haya ningún problema”, dijo Balmón, en respuesta a Alicia Sánchez-Camacho, la líder popular de Cataluña, que el martes instó a los socialistas a desmarcarse de la votación porque, dijo, perjudica la convivencia.
La interpretación del PP es justo al revés de la que hace Balmón. “Tendría [Sánchez-Camacho] que defender el derecho a decidir para evitar que la convivencia en Cataluña quede dañada”, sentenció. En su discurso, Balmón apeló a que el debate sobre esta cuestión se afronte con “sentido común”, e instó tanto al Gobierno catalán como al Ejecutivo central a establecer puentes de diálogo y a abandonar posiciones extremas. “Si vamos a decidir, juguemos todos limpio. Si no, es un mal juego”, agregó.
Pese a ello, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, declaró horas después que su partido rechaza de forma “clarísima” el derecho a decidir. “No lo compartimos. Creemos que decidir en España decidimos todos y no estamos de acuerdo con que una parte decida sobre el todo”, aseveró después de que el presidente Mariano Rajoy instara al secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba a aclarar su posición sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña.
La contundencia de Valenciano fue un jarro de agua fría para el PSC. Precisamente, había sido la vicesecretaria general del PSOE la que el lunes afirmó que si el Congreso decide reformar la Constitución algún día cabría todo en el debate, incluido el derecho de autodeterminación de las comunidades autónomas. Valenciano no tardó en recalcar que el PSOE se opondría al derecho a decidir y a incluirlo en la Constitución pero el tímido guiño fue recibido como un triunfo por miembros del PSC, que destacaron que era fruto del diálogo mantenido con sus compañeros del PSOE.
La seria discrepancia de posiciones con el PSC fue admitida ayer por Valenciano, que quiso remarcar que el proyecto de reforma constitucional que plantea puede dar solución al encaje de Cataluña en España. “Ese proyecto, que es el único que está sobre la mesa, merece ser atendido”, apostilló.
El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, valoró positivamente el martes el documento sobre el derecho a decidir que el lunes presentó el expresidente de la cámara catalana, Joan Rigol, en el marco del Pacto Nacional por el derecho a decidir. “Nos gusta el tono y el espíritu del documento”, aseguró Lucena, que añadió que lo mirarían “con buenos ojos” si finalmente llega al Parlament para ser debatido en forma de propuesta de resolución y votado por los diputados. El texto rebaja los posicionamientos iniciales para incluir a todas las fuerzas políticas que defienden el derecho a decidir, pero no menciona ni la palabra “consulta” ni el término “Estado propio”, recurrentes en los discursos independentistas. Valenciano aceptó su profunda discrepancia con el PSC ante la posible adhesión a ese documento aunque destacó que coinciden en el 95% de cuestiones restantes.


El PSC enmienda la ley para que no ampare la consulta

siguen navegando entre dos aguas en el proceso soberanista y se han vuelto a desmarcar otra vez de CiU, Esquerra e Iniciativa-Verds. Esta vez a cuenta de la ley de consultas que tramita el Parlament y que el PSC considera que no es el marco legal apropiado para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro político de Cataluña.
El partido de Pere Navarro ha presentado una batería de enmiendas a la proposición de ley de consultas populares no refrendarias porque entiende que, tal y como está redactada, no puede amparar una consulta soberanista. “La ley no sirve para eso y si se emplea para hacer la consulta no aguantará ni un asalto en el Tribunal Constitucional”, asegura el diputado del PSC Ferran Pedret.
El PSC argumenta que la ley altera las competencias de la Generalitat en esta material así como el “orden constitucional” que ya quedó definido en la sentencia del Estatut de 2010 y en la consulta del plan Ibarretxe de 2008.
La ley no sirve para eso y si se emplea para hacer la consulta no aguantará ni un asalto en el Tribunal Constitucional”
Así, los socialistas se oponen a que el objeto de la ley ampare actuaciones políticas “de trascendencia especial” y creen que las consultas deben tener su cobijo en los “mecanismos previstos en la Constiución, el Estatut y las leyes”. Otra enmienda socialista limita las personas con derecho voto y propone que cuando se convoque la consulta se determine el segmento de población afectado, de manera que nunca sea la totalidad del cuerpo electoral, que la ley define como catalanes mayores de 16 años, de los estados de la Union Europea o inscritos en el padrón municipal.
El redactado que ha salido de la ponencia prevé que en la consulta haya una o más preguntas formuladas de forma clara y sucinta y, de manera excepcional, se admite que pueda haber diferentes propuestas para elegir una. El PSC quiere que se prohiba expresamente “preguntas hipotéticas o sugestivas” e insiste en que en ningún momento el objeto de las consultas puede ir “contra las facultades que la Constitución y el Estatut confieren a la Generalitat y los entes locales”.
Una enmienda de Ciutadans coincide bastante con la del PSC y determina de manera clara que “en ningún caso” la ley faculta a la Generalitat a hacer consultas “sobre materias contrarias al ordenamiento jurídico, sobre competencias estatales o sobre materias reservadas a leyes orgánicas”.
Las enmiendas de CiU, ERC e ICV no afectan a ese articulado que el PSC pretende enmedar. Así, el artículo 6 de la ley en trámite determina que la consulta no tiene carácter vinculante, aunque el 16 precisa que una vez conocido el resultado de la consulta, el ógano que la ha convocado (Gobierno de la Generalitat o un municipio) tiene dos meses de plazo para pronunciarse “si procede” sobre su incidencia en la actuación pública. CiU e ICV suprimen en sus enmiendas el condicional para reforzar el efectos de la consulta.
CiU, además, dice en otra enmienda que la ausencia del carácter vincilante afecta solo al plano jurídico. También propone, igual que ERC, que tres quintas partes del Parlament puedan instar al presidente de la Generalitat a convocar una consulta. El PP, por su parte, reclama que “en ningún caso”, la consulta pueda tener carácter vinculante.

Navarro acusa a Mas de romper la unidad del derecho a decidir

Pere Navarro ha reaccionado este sábado con dureza después de que el Parlament aprobase una resolución que fija un plazo de tres meses para negociar la consulta soberanista con Mariano Rajoy. Para el líder del PSC se trata de una “traición”, de la que responsabilizó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los partidos que apoyaron el texto: CiU, Esquerra, ICV y la CUP.  "La votación del Parlament marca un antes y un después. Que no nos vuelvan a pedir unidad", ha advertido Navarro, quien en varias ocasiones ha calificado de "gran escándalo" la votación sobre las resoluciones del Parlament.
Los socialistas no suscribieron la resolución porque el jueves, pactaron con CiU, Esquerra e Iniciativa otro texto rebajado a favor de la celebración de la consulta.  Ese texto de consenso se le encargó en julio al expresidente del Parlament Joan Rigol como evidencia del apoyo social que se visualizó en la reunión del Pacto Nacional del Derecho a Decidir del 26 de junio. El PSC no acudió a la cita pero dijo que suscribiría el texto que consensuase Rigol.
Por ese motivo, Navarro ha calificado de “gran escándalo” que se aprobara la resolución que fija los tres meses de negociación, así como concretar una pregunta clara antes que acabe esta año y hacer la consulta en 2014. “Es una falta de respeto a Rigol y a las entidades”, dijo el líder del PSC. “Esto no son maneras de hacer política y se están cargando la unidad”, remachó, a la vez que reclamó a los partidos firmantes que demuestren “con hechos” que están por el consenso.
Horas antes de que se votase esa resolución, Iniciativa per Catalunya negoció con el PSC para evitar que quedara descolgado, según han explicado los ecosocialistas. El nuevo distanciamiento del PSC del soberanismo coincide con su acercamiento al PP, que se visualizó en la escena de butaca de Navarro con Alicia Sánchez-Camacho en busca de apoyo a la reforma federal de la Constitución. La dirección socialista dijo ayer que el encuentro se fijó hacía 10 días.
El arreón dialéctico de Navarro se ha producido en la primera de las cuatro convenciones que ha organizado el PSC para abrir el partido a la sociedad. La de ayer se celebró en Tarragona y se centró en el Estado del bienestar, el modelo productivo y la economía. Los socialistas llevan meses recogiendo propuestas en más de cien municipios y en reuniones con entidades sociales.
La diputada Eva Granados ha hecho una defensa cerrada de la necesidad de mantener las políticas sociales y de evitar que se conviertan en “un negocio” o un “subproducto de la economía”. Rocío Martínez-Sampere, también diputada autonómica, ha reclamado un cambio en las políticas públicas y retocó la célebre frase de José Luis Rodríguez Zapatero (“bajar impuestos es de izquierdas”). con el añadido de “subirlos también puede serlo”.
Miquel Iceta, presidente de la Fundación Rafael Campalans, ha insistido en la tesis del PSC de que “la solución no pasa por crear nuevas fronteras ni provocar una división social”. “Ni romper, ni quedarnos como estamos, sino lograr una reforma federal”, la postura intermedia que defiende el partido y que resulta difícil de transmitir.
Sin embargo, al mismo tiempo, CiU y ERC habían pactado otro texto donde se elevaba el tono y se comprometían a la celebración de la consulta, así como a llevar el tema al Congreso para que se autorizara la votación. Poco antes de la votación del viernes, ICV y la CUP se sumaron a ese texto de nacionalistas e independentistas que dejó al PSC en fuera de juego por considerarlo inasumible.
"Han traicionado la confianza depositada en Joan Rigol", ha dicho Navarro esta mañana para referirse a las cuatro formaciones soberanistas. "Y ha sido el propio Mas quien ha traicionado esa confianza y se ha cargado la unidad", ha remachado.
Para el líder socialista, lo ocurrido en la votación "es una falta de respeto a Rigol y a las entidades" del Pacto por el Derecho a Decidir. "Esto no es manera de hacer política", ha insistido. Después ha anunciado que los socialistas seguirán defendiendo la propuesta de reforma federal.
Las palabras de Navarro se han producido en la apertura de la Convención Abierta Progresista de Cataluña, el primero de cuatro encuentros organizados por el PSC en su intento de abrirse a la sociedad. Los socialistas han organizado tres foros de debate sobre el estado de bienestar, el modelo productivo y la fiscalidad y la economía.

Mas se fija un plazo de tres meses para pactar con Rajoy la consulta

El diálogo “sin fecha de caducidad” que el presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, ofreció recientemente por carta a Artur Mas puede ser mucho más corto de lo previsto. El Parlamento catalán votó este viernes a propuesta de Convergència i Unió y Esquerra Republicana una resolución que fija en tres meses el plazo para que la negociación aporte frutos en la línea de consensuar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en 2014. La cámara catalana también votó a favor de trasladar el debate sobre la consulta a las Cortes de los Diputados.
La votación de este viernes va en la línea del discurso de Artur Mas de las últimas semanas, quien había mostrado su inquietud porque el diálogo ofrecido por Rajoy fuera una simple excusa para demorar el proceso soberanista. Sin embargo, la aceleración del ritmo lleva la marca de Esquerra Republicana, que exige fijar la fecha y la pregunta de la consulta antes de fin de año.
Además de CiU y ERC votaron la resolución Iniciativa y la CUP, lo que supone 83 de los 135 diputados del Parlamento autónomo (61%). Los cuatro grupos conforman la misma mayoría que el pasado 23 de enero votó a favor de que Cataluña es un sujeto soberano político y jurídico.
Duran insiste en su tercera vía pese al rechazo del líder de CiU
El texto llama a “profundizar de forma inmediata” en el diálogo ofrecido por Rajoy y que esta negociación debe “fundamentarse en la consulta”. Tras decir que esta situación “no se puede eternizar”, se indica que “debe haber resultados antes de que acabe el actual periodo de sesiones” en el Parlamento autónomo. Eso es el 31 de diciembre.
Los votantes de la resolución aseguran que “no existe ninguna norma o disposición dentro del marco legal que prohíba la celebración de una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro político”. También ponen como ejemplo al Reino Unido y a Canadá por no haber impedido sendos referéndums de autodeterminación para Quebec y Escocia. Los cuatro partidos consideran que “el diálogo y la negociación servirán para que, sin dilaciones, el Gobierno acomode a los marcos legales existentes” la celebración de la consulta. También resaltan que esta consulta debe estar bajo el “amparo legal” y reiteran el plazo de 2014 para que los catalanes puedan votar.
Los socialistas mostraron su indignación con los partidos impulsores de esta resolución porque entienden que el debate debería pilotar ahora sobre la petición de diálogo al Gobierno para hacer posible el “derecho a decidir”, sin plazos cerrados ni formas de votación concretas. Por esta razón, el PSC solo votó la resolución rebajada e impulsada conjuntamente con CiU, ERC e ICV que defendía este derecho sin citar explícitamente la consulta. Un texto surgido del manifiesto por el derecho a decidir que elaboró el ex presidente del Parlament Joan Rigol, firmado también por sindicato y patronales. El texto sabía poco a ERC y a la CUP porque diluía las peticiones y no aludía ni siquiera a la celebración de una consulta.
Los partidos independentistas trabajarán ahora para preparar la petición de referéndum ante el Cortes. El objetivo de las formaciones es que una negativa rotunda en la Cámara a una consulta en Cataluña les sirva para recabar más apoyo electoral y buscar complicidades en la comunidad internacional. Esta estrategia ya figuraba en el pacto entre CiU-ERC. Mas pretendía zanjar la cuestión en la carta que envió a Mas solicitándole el referéndum, pero los independentistas exigen más gestos. La consulta en una comunidad autónoma volverá al Cortes ocho años después del plan Ibarretxe. PSC, PP y CIutadans votaron juntos una proposición que pide a la Generalitat que ciña el diálogo a la “legalidad vigente”.
El PSC usa la propuesta de Unió para ahondar en la división nacionalista
El PSC fía sus cartas a un acercamiento a la Unió de Josep Antoni Duran i Lleida. El líder democristiano propuso el lunes una tercera vía entre los independentistas y los autonomistas que gusta al PSC, defensor del federalismo. Los socialistas encontraron un aliado y un filón para ahondar en la división interna de CiU.
En el debate, buscaron con ahínco contradicciones en Unió. Una de sus propuestas de resolución reflejaba algunas de las reflexiones del líder del partido. “No dejen con el culo al aire a Duran”; pidió el portavoz socialista, Maurici Lucena, a los diputados de Unió. La respuesta le llegó de la democristiana Maria Mercè Jou: “Su propuesta es una trampa”, le espetó. Los diputados de Unió votaron en contra de la tercera vía entre lamentos de Lucena: “Pobre Duran”, gritó
El democristiano ha protagonizado el debate de política general sin estar presente. “Lo siento, no era mi intención”, confesó ayer en una entrevista en Rac1. Duran insistió en la necesidad de hacer una consulta con tres posibles respuestas (autonomía, mayor autogobierno, o independencia), algo que ve con buenos ojos Mas pero rechaza de plano CDC, como dejó claro el secretario general en funciones de la formación, Josep Rull: “Una consulta con tres respuestas: sí, no y en blanco”, dijo. El democristiano confesó que ve muy difícil que el Gobierno central acceda a discutir su tercera vía, pero alertó: rechazarla “aboca a la declaración unilateral de independencia”. Duran aseguró que no quiere romper con CDC pero no descartó este extremo en función de las circunstancias. La crisis en CiU contrasta con la buena salud del pacto con ERC: las formaciones solo discreparon en tres de las 131 resoluciones del Debate de Política General.

Resolución por el “derecho a decidir”

  • La resolución aprobada por el Parlament insta a la Generalitat a profundizar “de manera inmediata”en el diálogo con el Presidente del Gobierno, “que se debe fundamentar en una consulta”.
  • Reclama resultados a corto plazo al considerar que “no existe ninguna norma ni disposición legal vigente que prohíba la celebración de una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro político”.
  • Establece el compromiso de ejercer el derecho de autodeterminación en 2014 y a concretar una pregunta y una fecha para la celebración de la consulta antes de que acabe el actual periodo de sesionesparlamentarias (31 de diciembre).
  • Solicita a las fuerzas políticas catalanas que lleven una iniciativa conjunta a las Cortes generales en la que reclamen al Gobierno central la celebración de la consulta “de acuerdo con alguna de las vías legales que ha propuesto el Consejo Asesor para la Transición Nacional”.
  • fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/27/catalunya/1380305473_245340.html

El trayecto desde el “referéndum sí o sí” hasta la “consulta tolerada”

ha pasado de defender la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña dentro o fuera de la ley a defender que esta se haga de forma “tolerada” por el Gobierno. De querer preguntar por un sí o un no al “Estado propio” ha pasado a aceptar una tercera respuesta intermedia. Son solo dos de los cambios que el presidente catalán ha introducido en su discurso en un intento de ceñirse a posiciones más digeribles por el Gobierno central. Aunque el objetivo de fondo —celebrar la consulta— sigue siendo el mismo, los cambios y virajes protagonizados por Mas en las últimas semanas han desorientado incluso a las bases soberanistas.
Las principales variaciones se refieren a la vía para celebrar la consulta, pero también a los condicionantes que podrían llevar a impedirla. Por si fuera poco el viraje se ha mezclado con declaraciones erráticas del propio presidente sobre el calendario y la pregunta que tendría que hacerse a los ciudadanos. Los principales cambios en el discurso han llegado a medida que se ha evidenciado el inicio de una negociación con el Gobierno central. El entorno de Mas considera que lo importante ahora es intentar un acuerdo de mínimos con el Gobierno, por eso él ha ido abandonando posiciones maximalistas para introducir matices en su discurso. Al cambio también han contribuido las disensiones internas en CiU. La negativa de Josep Antoni Duran i Lleida a aceptar la vía claramente independentista ha obligado a Mas a prever, aunque a regañadientes, una tercera vía.
El presidente catalán lanzó la primera gran andanada soberanista en septiembre del año pasado. Tras la masiva manifestación de la Diada y el “no” de Mariano Rajoy a dar a la Generalitat un trato fiscal similar al del País Vasco, Mas optó por reivindicar el “Estado propio” a través de una consulta. En el debate de política general celebrado en el Parlamento autónomo hace un año, el presidente aseguró: “Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y si no se puede, hacerlo igualmente. La consulta debe producirse en cualquier caso. Si se puede hacer la vía del referéndum porque el Gobierno lo autoriza, mejor. Si no, debe hacerse igualmente”. Mantuvo esta firmeza varias semanas. En octubre llegó a afirmar que la consulta se haría “sí o sí”, en lo que se interpretó como un desafío a la legalidad.
Las disensiones con Unió han forzado también a modular las propuestas
Posteriormente, Mas hizo hincapié en que no habría que recurrir a ninguna vía extrema: “Lo haremos amparándonos en la legalidad que existe en el Estado, y si no, intentaremos cambiarlo, y si no, crearemos una nueva o pediremos amparo a Europa o al mundo. Haremos lo que haga falta”.
También ha habido cambios en lo que según Mas debe hacer Mariano Rajoy. Si durante meses el presidente catalán había resaltado que la consulta debía ser pactada, ahora le bastaría con menos. “El Estado tiene una oportunidad para entender que si la consulta, en cualquier caso, de alguna manera legal, se acabará haciendo, es mejor hacerla de una forma perfectamente civilizada y hasta acordada o como mínimo tolerada”, dijo el pasado día 7.
Antes estaba seguro de la permanencia en la UE; ahora solo garantiza el euro
Otro cambio desde el referéndum “sí o sí” es que ahora ya hay alternativa clara a la consulta: unas elecciones en clave plebiscitaria. “Si pese a nuestra voluntad de diálogo no hay negociación posible estoy dispuesto a utilizar todos los instrumentos democráticos y legales con la finalidad de que Cataluña decida libremente, incluida la convocatoria de elecciones”, dijo Mas esta semana. Pese a matizar que las elecciones anticipadas en clave plebiscitaria sobre la independencia no serían un buen escenario, el presidente dejó la puerta abierta a disolver el Parlamento antes de 2016, el final teórico del mandato.
La permanencia o no de Cataluña en la Unión Europea en caso de independencia también ha sufrido cambios dentro del discurso de Mas. En la campaña de las elecciones autonómicas de hace un año no solo defendía que era segura la permanencia, sino que también estaba convencido de alcanzar posiciones de liderazgo. “Queremos y podemos tener una Cataluña puntera en Europa en 2020”, afirmó antes de añadir: “Pretendemos estar muy enganchados a Europa, no separarnos de allí. Nuestro matrimonio actual, por voluntad, es con Europa”.
Las reiteradas advertencias de la Comisión Europea en el sentido de que los tratados impedirían la permanencia de Cataluña en la UE si se independiza ha obligado a Mas a rebajar las expectativas. Ahora solo garantiza permanecer en la moneda única como Andorra o San Marino. “Cataluña, en cualquier caso, estará dentro del euro”, ha dicho estos días.
La pregunta a hacer en el referéndum también ha variado. El pasado octubre el presidente catalán opinó claramente sobre la pregunta a hacer a los catalanes. Era esta: “¿Desea usted que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de la UE?” En el debate parlamentario de esta semana Mas ha dado un giro a esta pregunta para incluir la tercera vía que reclama su socio de federación, Josep Antoni Duran Lleida.
En este punto Mas cayó, aparentemente, en otra contradicción. Se distanció de la posición de su socio: “La tercera vía es lo que hemos hecho siempre y, si estamos donde estamos, es porque las terceras vías no han funcionado”, dijo. Pero al mismo tiempo se abrió a preguntar por ella: “Unos dirán: pensamos que para Cataluña es mejor estar dentro del Estado; Habrá otros que dirán que lo que pretenden es mantener el actual orden de las cosas, pero con algún tipo de acuerdo con el Estado español. Y luego habrá algunos que querrán un Estado propio dentro de una Unión Europea”.

El Gobierno mira a Escocia para ver qué efectos tendría su independencia

El Gobierno se mira en Escocia para responder a algunas de las preguntas planteadas sobre la posibilidad de que Catalunya convoque una consulta soberanista. Se mira en Escocia porque ya hay bibliografía sobre el referéndum que esta parte del Reino Unido celebrará en septiembre del año que viene para decidir. Con todo, y pese a fijarse en el ejemplo escocés, el Gobierno sostiene que su caso y el de Catalunya son muy distintos, pues las autoridades británicas han permitido la consulta porque sus leyes la permiten. Sobre una consulta en Catalunya, la Constitución española lo impide al consagrar la indisoluble unidad de España, y hacer recaer la soberanía en el pueblo español, lo que hace que una parte no pueda decidir sobre el todo, según fuentes gubernamentales.

El caso es que el Gobierno ha decidido hacer recopilar informes y jurisprudencia en la Unión Europa sobre el derecho de autodeterminación y las consecuencias de la independencia. El Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel García Margallo ha sido el encargado de hacer esta recopilación de informes, ya traducidos al español, que están a disposición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para esgrimirlos cuando haya que responder a un planteamiento independentista desde Catalunya.

Cuando hace diez días surgió la polémica sobre si una Catalunya separada de Europa seguiría en Europa o no, el Gobierno español lo tuvo claro, y sus planteamientos coincidieron con los del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia; de la portavoz de la Comisión en Bruselas y del comisario de mercado interior, Michel Barnier, de viaje en España.

La conclusión del Gobierno es que Catalunya quedaría automáticamente fuera de la Unión, no se basaba sólo en la lectura de los Tratados, sino en el informe que en 2012 encargó el Reino Unido a dos expertos en derecho Internacional. James Crawford y Alan Boyle concluyeron que una Escocia independiente la situaría fuera de la Unión Europea, de la OTAN y de la ONU, mientras que el Reino Unido continuaría automáticamente ejerciendo los mismos derechos, obligaciones y competencias recogidos en el derecho Internacional y no tendría que renegociar tratados existentes ni solicitar de nuevo el ingreso en estas organizaciones.

El informe cita como primera consecuencia jurídica en la esfera internacional que la pertenencia del Reino Unido a "organizaciones clave (incluidas la UE, la OTAN, el FMI, el G8 y el G20) no se vería afectada en exceso por la independencia escocesa", pero Escocia, como "nuevo estado", dicen los autores, tendría que solicitar la adhesión y/o negociar para integrarse en las organizaciones en las que deseara hacerlo". La situación en cuanto a la UE indica que "una Escocia independiente tendría que negociar" su integración, que dependería de la actitud de las instituciones u estados miembros de la UE, en un proceso que "probablemente exigiría la unanimidad de todos los Estados miembros de la UE. el informe añade que "dado que Escocia es un estado nuevo, es más que probable que tuviera que pasar por algún tipo de proceso de adhesión para integrarse en la UE".

Similares conclusiones saca el informe sobre la pertenencia del nuevo estado a otras organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, la organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) y la OTAN, que requieren de negociaciones para adherirse a los Tratados. Para el ingreso en esta última, el nuevo estado debería cumplir los criterios de adhesión, fijados por el Consejo del Atlántico Norte, en el que están representados todos los estados miembros, y que adoptan las decisiones por unanimidad.

En cuanto a las consecuencias internas, el nuevo estado independiente tendría que hacerse cargo de la seguridad, la defensa y la inteligencia; de la administración fiscal y el gasto social, de la política exterior, la política energética y el transporte, así como la política macroeconómica y la monetaria. Además, según el informe, el nuevo estado sería responsable de decidir y aplicar los mejores sistemas para el control y protección de sus fronteras, bienes y flujo de personas.


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