domingo, 30 de diciembre de 2012

Germà Gordó, el paso adelante de un hombre de Mas en la sombra


Barcelona. (Europa Press).- Quizás el menos conocido de los colaboradores más fieles del president de la Generalitat, Artur Mas, Germà Gordó abandona esta vez el papel de colaborador en la sombra y gana visibilidad como nuevo conseller de Justícia.
Pese a que ya participó en el anterior Ejecutivo como secretario de Govern, conservó su perfil de hombre alejado de los focos, centrándose en el trabajo entre bastidores y velando por el correcto funcionamiento del Govern.
Parte del pinyol, el núcleo duro que aupó a Mas al liderazgo de CDC, Gordó apenas ha tenido visibilidad pública, lo contrario que el resto de sus miembros, Lluís Corominas, Quico Homs, Jordi Turull, Joaquim Forn y Oriol Pujol.
Tras pilotar el timón de CDC en calidad de gerente durante la travesía del desierto -después perder CiU el Govern en 2003 tras 23 años ininterrumpidos en el poder-, Germà Gordó es para muchos uno de los máximos representantes del ala democristiana de CDC, forma parte de la Fundación Joaquim Xicoy-Persona i Democràcia, donde participan personalidades de CDC y UDC.
El nuevo conseller, con fama de ser discreto, austero y tímido, está casado, tiene tres hijos, y su carrera política echó a andar en Juventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la formación juvenil vinculada a CDC.
A partir de aquí se forjó como responsable de relaciones institucionales con Josep Laporte en Sanidad, pasó a Enseñanza de la mano de Joan Maria Pujals, y Josep Grau lo fichó como gerente de la Associació Catalanana de Municipis i Comarques (ACM), llevándoselo posteriormente de secretario general de la Conselleria de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
Es licenciado en derecho, diplomado en Estudios Europeos por la Universidad de Grenoble (Francia), en función gerencial de Administraciones Públicas por Esade, y en Liderazgo de organizaciones públicas por Iese.


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Un homenaje a Prim en Madrid pone el acento en la unidad frente a las disputas políticas


Madrid. (EFE).- El general y presidente del gobierno Joan Prim ha sido homenajeado este jueves en Madrid, en el 142 aniversario del atentado que acabó con su vida, con una reivindicación de su figura en la que se ha puesto el acento en la unidad frente a las disputas políticas.
Durante el acto, celebrado en el Cuartel General del Ejército, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha hecho un llamamiento a "dejar de lado más que nunca disputas partidistas e intereses personales", dada la "grave crisis económica" y el "momento clave" que atraviesa España.
"No debemos olvidar lo mucho que somos capaces de hacer cuando hacemos las cosas juntos, cuando optamos por la seriedad, por la búsqueda del consenso y actuamos con altura de miras", ha dicho Botella en el homenaje al general Prim (1814-1870).
La alcaldesa de Madrid ha abogado por "no olvidar" la frase que Prim pronunció el 11 de noviembre de 1862 durante un discurso parlamentario y que, desde hoy, está esculpida en una placa de bronce inaugurada esta mañana en el mismo lugar donde fue tiroteado: "No olvidéis la sangre derramada por vuestras disputas políticas".
Junto a Botella, el alcalde de Reus (Tarragona) -ciudad natal del homenajeado-, Carles Pellicer (CiU), ha afirmado que los "anhelos" de Joan Prim i Prats son hoy de la "máxima actualidad" y que sus vecinos comparten con él la "voluntad de ser ciudadanos del mundo y partícipes de forma activa en la construcción de la historia".
Al homenaje han asistido, entre otros, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y el presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha reivindicado el ideal de Prim de que "España fuera una nación unida y formada por ciudadanos libres, respetada y prestigiada internacionalmente".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Bicentenario General Prim 2014, Pau Roca, ha recordado que Prim "hablaba en catalán" y "arengaba a sus tropas en catalán" y se ha referido al "dolor que sintió cuando tuvo que poner orden en Barcelona bombardeándola".
Los actos previos a la celebración en Madrid del Bicentenario del nacimiento del general Prim han comenzado por la mañana en el Congreso, donde Posada ha presentado el libro "Joan Prim y Prats. Discursos Parlamentarios".
Ante más de un centenar de personas congregadas en el Salón de los Pasos Perdidos, Posada ha destacado el "sentido patriótico", el "compromiso con la libertad" y la "búsqueda de la concordia" que guiaron la vida del que fuera presidente del Gobierno, promotor de la Constitución de 1869 y artífice de la elección de Amadeo I de Saboya como rey constitucional de España.
Posada ha señalado que esos rasgos "también hoy deben inspirar la conducta de los servidores públicos, especialmente en un momento como el que actualmente vive España".
El expresidente del Congreso José Bono, el historiador Ian Gibson y el economista Ramón Tamames han asistido a la presentación del libro, junto a diputados, senadores y descendientes del general.
El libro de discursos parlamentarios de Prim lo ha coordinado María José Rubio, que ha abogado por "descongelar la memoria del general Prim" y "revalorizar los ideales que representó", entre ellos el "amor a Cataluña y amor a España".
En representación de los autores, el biógrafo de Prim Emilio de Diego ha rememorado al "militar romántico" que llegó en la primavera de 1841 a Madrid como diputado por Tarragona y al "catalán español y universal" que fue a lo largo de su vida.
Desde el Congreso, los asistentes se han dirigido hacia el Banco de España, donde Prim fue tiroteado, para la inauguración de la placa conmemorativa con la inscripción "En este lugar, antigua calle del Turco, se produjo el atentado contra el héroe militar, insigne estadista y presidente del Gobierno, general Joan Prim i Prats" y su frase "No olvidéis la sangre derramada por nuestras discordias políticas".
Allí los alcaldes de Madrid y Reus han descubierto la placa de bronce, obra de Ramón Ferrán, y la comitiva se ha desplazado al Cuartel General del Ejército, para completar el mismo recorrido que hizo Prim la tarde del atentado.



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Miembros de la organización independentista Arran cortan los cuernos al toro de Osborne de Son Real

Miembros de la organización de la izquierda independentista Arran ha realizado un corte parcial de los cuernos y la frente del toro de Osborne situado en la finca de Son Real, ubicada entre los municipios mallorquines de Algaida y Montuïri.

Según ha informado la entidad en un comunicado, han realizado esta acción en el marco de la campaña '¡Sólo luchando tenemos futuro!' que la organización lleva a cabo en los Països Catalans. Con este hecho pretenden denunciar la "dominación" del Estado español a la que se ven "sometidos" algunos territorios como Mallorca.

Con esta acción, dan la salida a una campaña que, en diferentes bloques, reivindicará la lucha como única opción de la juventud frente a las "agresiones nacionales, sociales y de género", acentuadas por la actual crisis "capitalista".

Así, la primera fase de esta iniciativa estará dedicada especialmente a la lucha por la cuestión nacional, el rechazo a los ataques contra el catalán y a reivindicar los Països Catalans como un "marco irrenunciable" para el pueblo "frente las imposiciones de los Estados español y francés".

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Badalona rechaza la reforma de Wert a pesar de Albiol


El Ayuntamiento de Badalona, ha aprobado una moción –propuesta por los tres grupos de la oposición con el apoyo de la comunidad educativa de Badalona- donde se pide que se retire el borrador del anteproyecto de ley presentado por José Ignacio Wert porque es “un ataque al modelo de escuela catalana”. PSC, CiU e ICV-EUiA aseguran que la propuesta del Ministro Wert atenta contra el modelo de país y la cohesión social. De esta forma, el consistorio de Badalona, pese a estar gobernado por el PP de Xavier Garcia Albiol, se ha posicionado en contra de la medida del gobierno.
En el caso que no se retire el texto, los tres grupos piden que el Parlament de Catalunya interponga un recurso al Tribunal Constitucional por vulnerar el Estatut d’Autonomia. El líder de CiU en Badalona, Ferran Falcó, asegura que esta propuesta quiere “borrar el catalán” y el exalcalde socialista Jordi Serra cree que se trata de una “contrarreforma política claramente ideológica” que hará a la sociedad catalana retroceder 30 años. Desde ICV-EUiA, Carles Sagués duda de la “mejora educativa” de la propuesta asegurando que “segrega la población por su religión, su lengua y su nivel socioeconómico”.
Por su parte, el gobierno del PP defiende el cambio del modelo educativo para hacer frente al 30% de fracaso escolar. El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, asegura que el borrador de Wert no “menosprecia el catalán”. Albiol dice que, si así fuera, se “daría de baja del partido”.
Los demás grupos están convencidos que esta ley de mejora educativa no tirará adelante. La moción se ha aprobado con los votos favorables de PSC, CiU, ICV-EUiA y del concejal tránsfuga y el voto contrario del gobierno del PP.
Padres, profesores y vecinos, en contra de Wert
Además, la moción también cuenta con el apoyo de la comunidad educativa. “La educación es prioritaria y no queremos que se cambie según intereses ideológicos”. Así se manifestaba la presidenta de la Federació d’Associacions de Mares i Pares –FAMPA- de Badalona, Montse Conejo. Habla en nombre de la mayoría de familias que llevan a sus hijos a la escuela pública de la ciudad en la que no quieren que se “segregue”. La representante de las AMPA reclama que se tenga en cuenta a la comunidad educativa a la hora de tomar decisiones. “No queremos ser clientes, queremos ser usuarios”, dice Montse Conejo.
Des de el profesorado de Badalona recuerdan que hay muchos barrios de la ciudad donde la única manera de hacer llegar el catalán es a través de la inmersión lingüística. Carme Martínez, directora de la escuela Artur Martorell y portavoz de la plataforma Badalona es Mou, cuenta que en barrios como Llefià ha dejado de existir una barrera lingüística que hace años provocaba que sólo el 10% de la población de este barrio castellanoparlante conociera el catalán.
La enseñanza en catalán en las escuelas “ha incrementado el nivel de formación de los estudiantes”, también en barrios como Sant Roc, asegura Martínez. La directora de este centro badalonés asegura que la lengua ha sido “un elemento clave para cohesionar los barrios de Badalona”. Además, cree que la ley de Wert quiere “dividir a la población” según el nivel socioeconómico de cada familia.
Des de la FAVB lo ven de la misma manera. El presidente de la federación de asociaciones de vecinos de Badalona, Manolo López, no habla catalán pero lo entiende y puede mantener una conversación con alguien que lo hable. Esto se debe “al modelo que se ha desarrollado en Catalunya durante tantos años”, dice Manolo López. El presidente de la FAVB reconoce que en barrios castellanoparlantes como Lloreda, la Salut o Llefià ha costado mucho hacer llegar el catalán pero cree que el nuevo modelo provocará volver 30 años atrás cuando el desconocimiento de la lengua catalana era mucho mayor.


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El PP de Palautordera declara persona 'non grata' al ministro Wert


Santa María de Palautordera. (Redacción).- El único concejal del PP en el ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) Agustí Illa, que comparte gobierno municipal con CiU y GdP-ERC como primer teniente de alcalde, suscribió una moción, que también votaron los regidores del PSC, CUP y los independientes CenB, a favor de la inmersión lingüística obligatoria en catalán y en la que también se declara al ministro de Educación Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP) persona 'non grata' en el municipio.
El concejal del PP insistió en la defensa de la enseñanza en catalán hasta el punto, dijo "que se ha convertido en un ejemplo y referente en toda Europa" al tiempo que aseguraba que no se había excluido a nadie por este motivo. Por ello, suscribió la oposición municipal a la reforma propuesta por el gobierno español por "su ataque a la lengua catalana y la voluntad de imponer la españolización al pueblo catalán".
La propuesta de la CUP contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa contó con la unanimidad de los grupos locales. En el texto se critica aspectos del proyecto de ley que se considera un símbolo del nacionalismo español que debe ser desobedecido caso de aplicarse


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Homs: "La consulta se hará sí o sí"


Barcelona. (Agencias y redacción).- CiU y ERC han pactado dar un margen de seis meses, el primer semestre del próximo 2013, para negociar con el Gobierno español la realización de la consulta sobre la independencia de Catalunya, que se hará "sí o sí", según el conseller de la Presidència, Francesc Homs.
En una entrevista que publica hoy el diario El Punt-Avui, el nuevo conseller y portavoz del gobierno catalán explica que, para llegar al referéndum en 2014, CiU y ERC han establecido un calendario con varias fases, una de las cuales es "dar de margen todo el primer semestre del 2013" para negociar la autorización de la consulta con el Gobierno.
Además, el acuerdo también contempla la aprobación de una declaración de soberanía por parte del Parlament de Catalunya que ratifique el proceso de independencia, que "yo creo que podremos hacer este mismo enero", indica Homs.
La tercera fase será la aprobación de una ley de consultas que no requiera la autorización de Madrid y, según el nuevo conseller, Catalunya "tiene suficientes competencias exclusivas y jurisprudencia del Tribunal Constitucional para hacer la ley".
Homs considera que el gobierno catalán cuenta "sin dudar" con los empresarios en este proceso y que éstos "saben" que Madrid "nos chupa la sangre a través de los impuestos. Nos aplican aquello del 'ni hacer ni dejar hacer'".
Para el conseller, "la sentencia de muerte, Madrid ya hace tiempo que la ha dictado. Por eso mucha gente en Catalunya sabe o intuye que, del esquema del Estado español, tenemos que salir. Nos equivocaríamos colectivamente si ahora pensáramos que con este proceso puede haber un plus de penalización del Estado español. Más daño ya no nos pueden hacer. O reaccionamos colectivamente o morimos".  El conseller argumenta así que  mucha gente que hasta ahora no se había planteado la cestión de la independencia se vea empujado a hacerla. "Nadie puede creer que quedar quietos será mejor. Porque si quedamos quietos, morimos", asegura Homs.
Preguntado por si en el caso de celebrarse una consulta el bloque soberanista la podría ganar, Homs se ha mostrado convencido aunque también ve positivo ganar tiempo. "Creo que si ahora se hiciera la consulta, la ganaríamos, pero el resultado de las elecciones del 25-N nos indica que hay algunos lugares de nuestro país donde tenemos que trabajar más si queremos una mayoría tan amplia".
Sobre el pacto con ERC, el conseller ha sentenciado que nunca dudó del mismo. "Ni los negociadores de CiU ni los de ERC habríamos podido volver nunca a casa si no lo hubiéramos firmado", porque han cambiado los dos partidos y "ha cambiado la realidad del país".
Homs también se ha referido a los presupuestos que hay que aprobatr para 2013 y los recortes que conllevará: "Que los cajones están vacíos y que la situación es de una aspereza total, es evidente. Las medidas concretas, las acabaremos decidiendo en el marco de los presupuestos. Pero es evidente que habrá nuevos recortes", ha aseverado.


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Malestar en 12 pueblos de Huesca por su "servidumbre" a Catalunya


Doce pueblos de Aragón se sienten desconcertados y molestos tras la decisión del Ministerio de Fomento de dar a la Generalitat de Catalunya la potestad de intervenir en su urbanismo y en los procesos de concesión de licencias para actividades empresariales. Son los municipios más cercanos al aeropuerto de Alguaire, que tienen su propio radio de "servidumbre", como todas las instalaciones aeronáuticas.
El conflicto comenzó el pasado 5 de octubre, momento en que se establecieron las servidumbres del Aeroport de Lleida-Alguaire. En primera instancia, el BOE computó en su Real Decreto 1422/2012 a doce municipios -Albelda, Alcampell, Algayón, Altorricón, Binéfar, Castillonroy, Esplús, Monzón, Peralta de la Sal, San Esteba, Litera y Valcarca- como localidades pertenecientes a la provincia de Lleida, error que subsanó a las veinticuatro horas. Eso sí, no introduce modificación alguna en lo referente a la pérdida de competencias del Gobierno de Aragón para decidir dentro del área de servidumbres del aeródromo. Tal es así, que desde el martes, la docena de municipios afectados quedan parcialmente en manos del propio Ministerio de Fomento y de la Generalitat de Catalunya, que podrán condicionar la aprobación de nuevos planes urbanísticos locales y las reformas de los ya existentes.
El revuelo no se ha hecho esperar y, pese a que muchos de los alcaldes desconocen en qué consiste esta sujeción, dejan claro que, hasta nueva orden, sus pueblos forman parte de Aragón y se rigen por las normas de su Gobierno. Tal es así que la alcaldesa de Albelda, María Ángeles Roca, destacaba: “Por nuestra ubicación, el aeropuerto puede tener una incidencia, aunque eso no debe suponer que exista ningún tipo de servidumbre”. Roca también quiso dejar claro que “todavía no tienen constancia de la magnitud del impacto”. Y “si algún día llega un documento de la Generalitat les tendremos que decir que, hasta que no nos demuestren lo contrario, somos aragoneses”, advierte.
En cambio, Josep Anton Chauvell, primer edil del ayuntamiento de Alcampell, quiso quitar hierro a la problemática: “En principio no pienso molestarme en ponerme en contacto con nadie. Sí hay cierta servidumbre que tendremos que cumplir, pero la Generalitat no tiene porqué intervenir en las licencias de nuestros municipios”. Dejó en una “anécdota” el hecho de que el BOE incluyera su municipio en el área de Lleida: “Ha sido un error del funcionario de turno que ya ha ocurrido otras veces, no pasa nada”.
Más tajante fue Rosa María Lanau, alcaldesa de Monzón, que pide “informaciones clarificatorias” al respecto y subraya que su equipo de gobierno “defenderá en todo caso los intereses de Monzón y de su sector empresarial”. Lanau explica que “la descripción de estas servidumbres debe ser más pormenorizada para tener plena conciencia de su alcance y gravámenes”. Del mismo modo, ve “absurda la dependencia de la Generalitat porque cuando se barajen proyectos urbanísticos o industriales parece más apropiada la comunicación directa entre los municipios y el Ministerio de Fomento que una consulta previa a Catalunya”.
El PAR (Partido Aragonés) y la CHA (Chunta Aragonesista) ven la norma como un error y piden su modificación. El CHA describe como un “primer fiasco” la inclusión de los municipios aragoneses en la provincia de Lleida y destaca que “la rectificación del BOE del día 20 no incluye al Gobierno de Aragón en la toma de decisiones relativas al aeropuerto de Lleida y las servidumbres que puedan derivarse". "En este sentido, las propuestas para las servidumbres parten de la Generalitat sin que Aragón haya tomado partido y la documentación se remitirá a la Diputación de Lleida y las modificaciones o revisiones de los PGOU de los municipios aragoneses pasarán por la Generalitat catalana”, concluye.
El presidente intercomarcal del Partido Aragonés (PAR) en el Alto Aragón, Joaquín Serrano, ha anunciado que el PAR iniciará acciones para esclarecer el alcance del cambio y lograr que se corrijan “por completo los errores”. El PAR comunica que recabará la información precisa sobre algunos aspectos que, “a primera vista, podrían suponer que se condicione la implantación de industrias o incluso medidas concretas de conservación de la fauna": "Esta cuestión es la más importante porque se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones si no se consiguieran evitar los riesgos indicados en forma ef


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Catalunya es la tercera comunidad que más paga y la décima en recibir

Catalunya es la tercera comunidad más solidaria de España, o dicho de otra manera, la tercera que más paga, pero en el momento de distribuir la financiación autonómica ocupa el décimo puesto en cuanto a recursos recibidos. La liquidación del ejercicio 2010 pone de manifiesto que Catalunya paga por encima de la media y recibe por debajo de la media y que el actual sistema de financiación autonómica, "el mejor de la historia", según celebró el tripartito en el momento de firmarlo, tiene una evolución que perpetúa el déficit fiscal de Catalunya con el resto de España.

El cálculo realizado por los técnicos del Departament d'Economia a partir de la liquidación hecha pública por el Ministerio de Hacienda señala que, fijando la media española per cápita en 100, los catalanes pagaron de media 118,5 y recibieron en concepto de financiación autonómica 98,9. Hay que recordar que los recursos autonómicos son los destinados preferentemente a gastos sociales y servicios públicos esenciales.

El dato es políticamente muy significativo por cuanto el gran éxito del sistema de financiación del 2009 era que por primera vez Catalunya recibiría recursos por encima de la media y así fue en el año 0 de aplicación del nuevo sistema, pero lo que evidencia la liquidación del 2010 es que la evolución del sistema y la permanencia en el régimen común no garantiza la reducción progresiva del déficit fiscal catalán, sino que más bien tiende a perpetuarlo.

Efectivamente, en el 2009 Catalunya también fue la tercera comunidad más solidaria y la octava en recursos autonómicos per cápita. Sobre la media de 100, contribuyó en 119,2 y recibió en 102,3. Así que por encima de la media Catalunya sólo ha estado el primer año. El segundo ha bajado dos puestos en el ranking.

Estos datos explican que todos los grupos parlamentarios, incluidos los que firmaron el actual sistema, reconozcan que existe una discriminación financiera de Catalunya al no cumplir el denominado principio de ordinalidad. Explicándolo grosso modo, significa que Catalunya paga más porque es más rica, pero después de contribuir con el resto de España, cada catalán de media se queda más empobrecido respecto a la financiación autonómica per cápita que los habitantes de las comunidades a las que ha tenido que ayudar.

Observando el cuadro adjunto, sólo las comunidades autónomas de la antigua corona de Aragón y Madrid contribuyen más de lo que reciben y ocho comunidades pasan por delante de Catalunya después de beneficiarse de la solidaridad de los catalanes, de los baleares y de los madrileños, aunque los datos de Madrid siempre son discutibles. Buena parte de los contribuyentes madrileños son los funcionarios del Estado y las empresas públicas que se nutren de los impuestos que pagan

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as, en su mensaje de fin de año: "No hay proyecto nacional sin proyecto social"

Barcelona. (Redacción).- Bienestar social y construcción nacional. Ésos han sido los dos pilares del discurso de Artur Mas en el tradicional mensaje de fin de año del president de la Generalitat a los catalanes. Un parlamento en el que también ha cabido una valoración sobre el resultado de las últimas elecciones catalanas: según el president, las urnas reflejaron la voluntad catalana de “ser protagonistas de nuestro destino, como pueblo y como sociedad”. 

"No hay proyecto nacional sin proyecto social y no hay proyecto social sin proyecto nacional", ha afirmado el president en el Salón Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, que ve en “bienestar, la justicia y las libertades nacionales” el objetivo de futuro del país por el que “han luchado tantas y tantas generaciones de catalanes”. En última instancia, ha dicho Mas, “el gran sentido de un país nuevo es garantizar el mayor bienestar cívico, espiritual y material de sus ciudadanos”. 

El jefe del Govern ha considerado que 2013 supone el inicio de un nuevo camino para Catalunya en el que la sociedad “encara páginas trascendentales” de la historia de un país “diverso, plural, consciente del momento e ilusionado con el futuro” que demostró el pasado 25-N su “madurez democrática". “Queremos ser protagonistas de nuestro destino, como pueblo y como sociedad”, insistió Mas, al tiempo que llamó a la concordia ciudadana en torno a un objetivo común: “Cada uno de nosotros es un eslabón de una cadena que tiene todo el sentido si estamos todos". 

Economía 
El president no ha obviado la coyuntura económica que afrontará Catalunya en el año que comienza, y pidió que "la exigencia, la gravedad y la dureza de los tiempos actuales no dañen ni entierren nuestra esperanza". Como parte del remedio, Mas ha instado a los catalanes a afrontar las dificultades "con espíritu de superación", ya que “quien no lucha, ya ha perdido". 

Al hilo de los retos que supone 2013, Mas ha considerado que los “deseos de buenos propósitos” individuales con los que se comienza cada año “también son válidos para los países”. “Probablemente todos diríamos que deseamos una Catalunya próspera , capaz de generar riqueza, bienestar y empleo; capaz de reforzar la cohesión social de su sociedad; capaz de garantizar una igualdad de oportunidades real y, sobre todo, capaz de ocuparse de las personas más débiles”, ha sugerido el president, a lo que ha añadido lo que “muchos” desearían: “Una Catalunya que pudiera ejercer su plena libertad y en la que toda la ciudadanía pudiera decidir libremente y en paz nuestro futuro como nación”. 

Finalmente, el president ha deseado que los “propósitos, tanto personales como colectivos” de los catalanes “lleguen a buen puerto”.

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rear el Estado antes del referéndum


El acuerdo firmado entre Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras, líder de Esquerra (ERC), va mucho más allá de la simple organización de la consulta secesionista en 2014. El pacto, que posibilitará la investidura de Mas como presidente, recoge la voluntad de la federación nacionalista y del partido independentista de sentar las bases legislativas del futuro Estado catalán antes de someterlo a referéndum. El preámbulo, de hecho, introduce una de las ideas más repetidas por Mas desde que se puso al frente de la oleada soberanista culminada en la manifestación de la Diada: que Cataluña necesita instrumentos de Estado para tener “pleno poder político” y pleno poder económico disponiendo de “todos” los recursos que generan los ciudadanos.

El calendario de la consulta

El pacto pivota sobre el compromiso de convocar la consulta antes antes del 31 de diciembre de 2014. El calendario es este: el Parlament, en el próximo pleno, votará una declaración de soberanía; se aprobará luego una ley de consultas; se iniciará un proceso de negociación con el Estado sobre el referéndum; un consejo catalán para la transición nacional velará por el proceso.
El documento es una hoja de ruta que pone el acento en que la Generalitat pueda gestionar los impuestos de los ciudadanos catalanes. De ese afán no escapa tampoco la caja única de la Seguridad Social. El pacto asume el desarrollo de un plan para diseñar una Tesorería propia que garantice “la percepción futura” de las pensiones y las prestaciones de paro de los catalanes. Con ello, se da por hecha la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, función de la que se encargaría la Agencia Tributaria de Cataluña. El documento insta a continuar el plan trazado por Mas justo antes de dar por concluida la legislatura y en la víspera de su reunión con Mariano Rajoy para abordar el frustrado pacto fiscal. La Generalitat firmó entonces un convenio con las cuatro diputaciones catalanas para constituir el embrión de la futura y única agencia tributaria catalana, que pasaría por ser una ventanilla única tributaria con una plantilla propia de inspectores para luchar contra el fraude fiscal.
El pacto entre ERC y CiU asume el desarrollo de un plan para diseñar una Tesorería propia que garantice “la percepción futura” de las pensiones y las prestaciones de paro de los catalanes. El compromiso amenaza la caja única de la Seguridad Social estatal, que siempre ha aparecido como intocable desde Madrid, y supondría un avance de calado tras haber conseguido la transferencia de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas, que ha creado las actuales oficinas de empleo, en las que conviven los funcionarios estatales que dan las prestaciones y los autonómicos que dan información y cursos. En su hoja de ruta para asentar un hipotético Estado, los dos partidos apuestan por reconvertir el actual Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en el futuro “banco público de Cataluña”, a través de una Ley de la banca pública, que sería una suerte de apéndice que articularía los recursos públicos hacia la economía productiva catalana. El documento contempla, a grandes rasgos, los siguientes apartados.
Energía. La Generalitat también contempla diseñar un plan para arrancar al Estado la gestión, el transporte y la distribución de la energía y el agua. El próximo ejecutivo lidiará con el Gobierno de Rajoy para intentar hacerse con el control de la gestión, el transporte y el suministro de la electricidad y el agua en Cataluña, que ahora está controlado por los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente.
Aeropuertos. El control del aeropuerto de El Prat continúa siendo un viejo anhelo de ambos partidos. Hasta ahora el Estado solo ha cedido, sin ejecución práctica todavía, en permitir que la Generalitat participe en un órgano de gobierno de la infraestructura, pero sin dotarle de un protagonismo capital. No es la primera vez que en acuerdo de legislatura se incluye el objetivo de dirigir el Aeropuerto de Barcelona así como el resto que controla Aena (Reus, Girona y Sabadell). El acuerdo también persigue el control absoluto de los puertos, que actualmente son de gestión autónoma pero de titularidad estatal.
Peajes. La convicción con la que el acuerdo asume determinados objetivos contrasta con la tibieza que el pacto pone en el área de los peajes, justo en un año en el que se han disparado las protestas, bajo el paraguas de la plataforma #novullpagar (no quiero pagar). El acuerdo limita esta actuación a la creación de un “observatorio de la red viaria” que controle todas las carreteras de gran capacidad, “analizando la gestión económica de los tramos concesionados para intentar abaratar o congelar las tarifas sin contraprestación a cambio”. Se mantiene el compromiso del Gobierno catalán de instaurar la Euroviñeta en el Eje Transversal (peaje para camiones que lo crucen en su totalidad) y “trabajar para corregir la situación de agravio histórico” con el resto del Estado, donde el peso de las autopistas de peaje es muy inferior al de Cataluña. E incluso se apuesta por la creación de un “fondo estatal para la homogeneización, el rescate selectivo y las bonificaciones de los peajes”.
Cultura y Educación. Los dos partidos han pactado la necesidad de un Acuerdo Nacional de Cultura para “que se convierta en la hoja de ruta, desde un punto de vista cultural, del futuro Estado”.El pacto responde a la amenaza de la Ley de Educación del ministro Wert con una cerrada defensa del modelo de inmersión lingüística y lo considera como “como un pilar fundamental de la sociedad catalana”. El texto también hace referencia a la necesidad de potenciar la lengua catalana y desplegarlo con ambición el catalán en aquéllos ámbitos en los que es más débil: el cine, el consumo o la inmigración.
Interior. Cataluña ya dispone desde hace tiempo de una Ley de los Mossos d'Esquadra pero el acuerdo recoge que debería impulsarse una nueva Ley de Policía. Esquerra pretende con esta ley ampliar las competencia de los mossos que ahora mismo no ejercen como, por ejemplo, el control de aduanas. El texto también contempla que se apliquen medidas a aplicar sobre las manifestaciones ciudadanas. Esquerra quiere que se dejen de cometer abusos policiales en las protestas. El consejero de Interior, Felip Puig, se ha visto envuelto en medio de la polémica después de que una joven perdiera un ojo en una manifestación el 14-N. La víctima ha denunciado a los Mossos al sostener que recibió el impacto de una pelota de goma.
Servicios Sociales. Tras la crisis de la Renta Mínima de Inserción (RMI), la ayuda que el Gobierno catalán decidió pagar con retraso en pleno agosto del pasado año, el próximo Gobierno de CiU se compromete a cambiar la ley que la rige y evitar “la exclusión social”, según afirma el documento. Asimismo, se creará un fondo y un servicio de rescate a las familias en casos de desahucios. El acuerdo incluye también garantizar la estabilidad económica de las entidades del Tercer Sector como una de las “piezas básicas” en el sistema de servicios sociales. Estas entidades han sido especialmente castigadas en los últimos meses al recibir con retraso las subvenciones de la Generalitat por falta de liquidez.
La ley Electoral catalana. Cataluña tiene el dudoso honor de ser la única comunidad autónoma que carece de Ley Electoral propia. Hace dos legislaturas, todos los partidos constituyeron una comisión para impulsar la ley en respuesta a los casos de corrupción que afectaron a los dos grandes partidos: el Caso Palau (CiU) y el Caso Pretoria (PSC). La ponencia llegó prácticamente a un acuerdo pero al final CiU se descolgó del mismo. Mas se comprometió ayer en el debate de investidura a impulsar la citada ley, la gran asignatura pendiente del Parlament.
Pacto por la infancia. La crisis se está cebando especialmente en las familias y el pacto aspira a proteger a los menores. Según las cifras que maneja el PP, medio millón de niños catalanes solo comen una vez al día. 325.000 pequeños viven actualmente en Cataluña bajo el umbral de la pobreza, según Unicef.
fuentes http://ccaa.elpais.com

Mas cierra filas hacia el soberanismo


En tiempos inestables, experimentos los justos. Artur Mas ha seguido esta máxima para configurar el nuevo Gobierno catalán, que este jueves echó a andar con la mirada puesta en la consulta de autodeterminación de Cataluña que pretende celebrar en 2014. El presidente de la Generalitat se ha rodeado de políticos de su máxima confianza para cuadrar el complicado círculo de llevar adelante la consulta, mantener el pacto con Esquerra Republicana y ladear el riesgo de intervención por parte del Gobierno central del PP.
Si Mas levantó el tono durante su toma de posesión alertando de una “colisión” entre Cataluña y el resto de España, este jueves llamó al diálogo en el acto de nombramiento de sus consejeros. “Este debe ser un Gobierno de diálogo permanente, de palabras, no de ruidos ni de chillidos, de llegar a acuerdos y de pactar”, tanto “dentro como fuera de Cataluña”, destacó. Un Ejecutivo que también modificará impuestos, al anunciar la modificación al alza del impuesto de patrimonio. El mínimo exento quedará en 500.000 euros y el tipo aplicable sube cinco puntos en todos los tramos excepto en el más alto, que sube un 10%.
También se refirió directamente al Gobierno central para dejar claro que “pese a la distancia” que pueda existir es “necesario el diálogo institucional”. Las complicaciones económicas, y las transferencias que permiten a la Generalitat pagar nóminas y proveedores, no dejan a Mas otra opción que mantener fluidas las relaciones.
Los nombres clave en el nuevo Gobierno o formaban parte del anterior o manejaban los hilos desde la sombra. El hombre fuerte seráFrancesc Homs, consejero de la Presidencia tras haber sido secretario general de la misma área. Homs ha crecido políticamente con Mas y es su mano derecha desde hace 10 años. El otro gran colaborador del presidente catalán, Germà Gordó, controlará el Departamento de Justicia. Los dos tendrán la misión de articular el discurso que pueda convencer a la mayoría de los catalanes sobre las bondades de la consulta.
Homs tendrá la misión añadida de internacionalizar el proceso de autodeterminación. A sabiendas de que el Gobierno central utilizará todas las medidas legales posibles para evitar la consulta, Convergència i Unió y Esquerra Republicana han pactado recorrer Europa en busca de guiños de la comunidad internacional. Este punto fue uno de los que más complicó a Artur Mas el diseño del nuevo organigrama, ya que eran varios los consejeros que querían o podían hacerse cargo de esta labor. Las relaciones exteriores dependerán finalmente de Homs, pero ello no queda reflejado en el nombre del departamento, Presidencia a secas. Eso es así, según fuentes del Gobierno, porque Unió Democràtica era reacia a atribuirle este poder a la mano derecha de Mas.
Tanto Homs como Gordó forman parte del núcleo duro de Convergència y del entorno de Mas que ha escorado al partido hacia posiciones independentistas. El líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tradicionalmente falto de sintonía con este núcleo, también ha conseguido una pequeña victoria. Unió seguirá ejerciendo de contrapeso al aumento de poder de los más soberanistas.
Los democristianos tendrán tres consejeros, entre ellos la vicepresidenta, Joana Ortega, que se mantiene en el cargo, y ha logrado conservar las competencias sobre Gobernación. Por tanto, Ortega, y por extensión Unió, desarrollará la Ley de Consultas con la que el Gobierno catalán organizará la votación. En el mismo sentido se interpreta el nombramiento de Ramon Espadaler como consejero de Interior. Muy próximo a Duran i Lleida, Espadaler asume el siempre complicado departamento que controla a los Mossos d’Esquadra y los bomberos.
Estos equilibrios de partidos han obligado a incrementar en uno el número de consejeros. De 11 se pasará a 12, en contra de la tendencia de otras comunidades de reducir el número de carteras.
La realidad inmediata será mucho más complicada que la simple promoción la consulta. Este jueves mismo la primera decisión del nuevo Gobierno catalán fue prorrogar los Presupuestos de este año. Los nuevos no llegarán hasta marzo o abril, y obligarán a un ajuste suplementario de 4.000 millones. Al frente del tijeretazo y de las subidas de impuestos Mas mantiene a Andreu Mas-Colell, gestor de los dos últimos años de austeridad extrema, que fue quien también anunció este jueves la modificación al alza del impuesto de patrimonio.
El primer cometido de Mas-Colell será intentar convencer al Gobierno central para que flexibilice el objetivo de déficit de las comunidades, actualmente del 0,7% del PIB. La Generalitat considera imposible cumplirlo sin desguazar el Estado de bienestar.
Esquerra Republicana ha influido en la formación del nuevo Gobierno. No hay consejeros de ERC pese a que CiU depende plenamente de sus votos para llevar adelante su acción de gobierno. Sin embargo, los independentistas sí han enviado discretas indicaciones sobre lo que esperaban del nuevo Gobierno. Y ya desde el primer momento dieron luz verde a la continuidad de Mas-Colell.
El pacto con los republicanos es también el responsable de que Mas haya dado entrada al Gobierno a dos jóvenes dirigentes de la llamada ala socialdemócrata de CiU. Se trata de Santi Vila, que se ocupará de Política Territorial y de Neus Munté, exdirigente de UGT, y que ocupará el departamento de Bienestar y Familia.
fuentes http://politica.elpais.com