Nova relació Catalunya Espanya, Nueva relación Cataluña España, New relationship Catalonia Spain

Clima de guerra civil y cisma entre los socialistas en el  Congreso  por el soberanismo en Cataluña y satisfacción en el  PP  que, pese a lo que tienen encima, ven a  Alfredo Pérez Rubalcaba  cada vez más debilitado. El  PSC  rompió este martes por primera vez en la historia democrática la disciplina de voto del Grupo Parlamentario del Congreso y desató una oleada de críticas en el  PSOE  contra los socialistas catalanes, un profundo malestar entre los diputados y hasta voces que plantearon abiertamente la ruptura entre ambas formaciones. Trece diputados del PSC apoyaron en el Pleno, junto a  CiU ,  ERC  e  ICV,  la propuesta de resolución que asegura que “el Congreso insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro”. Enfrente estaba el PSOE con el PP y con  UPyD  para oponerse al derecho a decidir y marcar la línea para frenar el proceso sober

atedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University Hoy estamos viendo en España unos recortes enormes en los servicios públicos al Estado del Bienestar, tales como sanidad y educación, argumentándose que el Estado no tiene dinero para sostenerlos. Esto no es cierto. El Estado (tanto central como periférico) puede obtener el dinero público, no sólo para evitar los recortes, sino también para expandir el muy subfinanciado Estado español. En nuestro país las rentas superiores no están contribuyendo al Estado como lo hacen sus homólogos en el resto de los países de la UE-15. Y los intentos de que lo hagan están fracasando. La limitada subida de algunos impuestos, tanto a nivel de España como en Catalunya, ha generado una previsible movilización de los súper ricos, de los ricos y de las clases medias de rentas altas en contra de tales subidas, argumentando que estos grupos sociales ya están entre los grupos que pagan m

Son meses extraños y confusos, llenos de sensaciones complicadas y de riesgos acechantes, ciertos o imaginados. Estamos a las puertas de un otoño que viene cargado de malos presagios. Los acuerdos de esta pasada semana han hecho bajar la prima de riesgo y subir la Bolsa, pero nadie se ha sentido demasiado aliviado. Las condicionalidades aumentan y no presagian nada bueno para los que cuentan cada día si van a llegar a final de mes. Tenemos elecciones en el horizonte, pero tampoco tranquilizan sus imprevisibles resultados. Y en Cataluña, despejada la incógnita de Eurovegas, surgen nuevos interrogantes en torno a una iniciativa, Barcelona World, vinculada al viejo modelo de desarrollo y de contubernio público-privado y que, precisamente por eso, ha sido recibido con entusiasmo por aquellos que solo conocen esa vía para seguir estando donde están. Pero, todo ello parece una anécdota si se compara con la apuesta por cambiar las reglas de juego político e institucional que han emprendido

La globalización y la crisis han puesto en jaque a los estados nación. En Cataluña, sin embargo, centenares de miles de personas expresaron en la manifestación de la pasada Diada que la independencia es el gran objetivo que conseguir. El proceso político que se está escribiendo en estos momentos depende en buena medida de la flexibilidad y de las concesiones que estén dispuestas a mostrar y a hacer las partes implicadas en la negociación. Pero más allá de la inmediatez, se dibujan al menos dos grandes líneas de interpretación de ese impreciso futuro que no son excluyentes: la largoplacista, que apuesta por la solución europea, y la que busca una salida de forma más inmediata en la negociación bilateral. Para Àngel Castiñeira, de la cátedra de Liderazgo de ESADE, “la situación en Europa (Grecia, Italia…) es inquietante para los defensores de la democracia”. “Los ciudadanos votan cada cuatro años y los mercados lo hacen cada día”, subraya el profesor citando al financiero George

Ha llovido mucho desde que en 1978 los partidos catalanes mayoritarios dieron su apoyo a una Constitución aparentemente abierta y dinámica, hábil para encajar las aspiraciones de autogobierno. No obstante, el tortuoso desarrollo del Estatuto de 1979 demostró la rigidez de costuras y la ausencia de empatía de los sucesivos gobiernos, especialmente cuando gozaban de asfixiantes mayorías absolutas. Tras la sentencia del TC sobre el Estatuto de 2006 y las persistentes dificultades para encontrar un mejor acomodo financiero, el catalanismo político, que había perseverado secularmente en su divisa de “reformar” España con las reglas del juego del Estado, hoy se siente fatigada. No en vano el intento de reformar el Estatuto constituyó para muchos el enésimo esfuerzo de lograr el reconocimiento debido a la personalidad nacional de Cataluña, blindar las competencias de la Generalitat y obtener un sistema de financiación más justo y equitativo. Pero, paradójicamente, aunque el texto fue acor

Pocos tópicos consagrados durante los últimos años parecen encontrar menos aval en la realidad que la crisis del Estado-nación. Los estertores del sistema comunista en los años ochenta del siglo pasado se tradujeron en un incremento de las tensiones nacionalistas y de los procesos de secesión en el interior de la Unión Soviética y de otros países de su órbita de influencia, como Yugoslavia y Checoslovaquia. A comienzos del siglo XXI, y básicamente como resultado de la descomposición del antiguo bloque del Este, el número de Estados-nación reconocidos por Naciones Unidas se había ampliado en una veintena y rondaba los dos centenares, después de haberse mantenido estable desde el final de la descolonización. El “centralismo democrático”, que había guiado la acción autoritaria de los partidos comunistas en el poder, dejó paso a una eclosión de las nacionalidades históricas. En el curso de pocos meses, a partir de la sobria dimisión de Gorbachov, anunciada ante la cámara fija de solo

En septiembre de 1867, apenas dos meses después de la creación del Dominio de Canadá, se celebraron elecciones en Nueva Escocia, que ganó el partido Anti-confederación. El nuevo primer ministro, Joseph Howe, viajó hasta Londres para pedir al Parlamento imperial que permitiera a esa provincia separarse de Canadá, petición que fue rechazada porque la creación de la Confederación había originado una interdependencia con “amplias obligaciones políticas y comerciales” entre las provincias. Ciento treinta y un años después, en su famoso Dictamen de 20 de agosto de 1998 sobre la secesión de Quebec, el Tribunal Supremo de Canadá recordaba ese momento histórico para afirmar que si en los primeros pasos del devenir de su Estado las provincias no tenían derecho a la secesión, mucho menos iban a tenerlo a finales del siglo XX, a pesar de que el texto de la Constitución “ni autorice ni prohíba expresamente la secesión”. Por eso, no es correcta la idea, tan repetida estos días, de que Canadá no es

Un país que se enfrente a circunstancias extraordinarias puede considerar que los procedimientos existentes no son adecuados o resultan insuficientes para resolver los problemas a los que se enfrenta. De ahí que sea legítimo plantearse la cuestión de qué normas o instituciones debe cambiar y, a la vez, cuáles debe preservar. El equilibrio entre estos dos extremos es de todo menos fácil. Por un lado, el peligro de cambiar las reglas del juego bajo la presión de la necesidad y la urgencia es degradar el valor de esas normas y la confianza de la gente en ellas. Pues si las normas se suspenden o se cambian en situaciones críticas, ¿para qué están entonces? Pero por otro lado, debemos considerar hasta qué punto debemos ser flexibles y aceptar entablar una discusión sobre qué normas y qué procedimientos debemos modificar, incluidas aquellas de rango constitucional. Lo hemos hecho, recordemos, en el contexto de esta crisis (al introducir los límites al déficit en el texto constitucional) co

No puedo por menos que coincidir con la conclusión de  Los términos del desafío soberanista  (EL PAÍS, 15 de enero): “En su vertiente política, la respuesta al desafío soberanista de Mas debe ser una respuesta política”. Me sucede con todas las tautologías. Otra cosa es que la conclusión se siga no trivialmente del resto del artículo, sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones. Uno . Un asunto menor es mi “lectura sesgada” de Buchanan. En uno de sus trabajos resume su tesis: “El derecho a la secesión se considera como un ‘último recurso’ para reparar graves injusticias, no como un derecho de ciertos tipos de grupo (las ‘naciones’, los ‘pueblos’, etcétera, en tanto que tales)”. Me cuesta ver la diferencia con mi afirmación de que “el ‘derecho’ a la separación es, si acaso, derivado, respuesta a una violación sistemática de derechos básicos”. Dos.  Branchadell apela a una “redistribución discriminatoria”, que se daría en Cataluña. Sus avales no abruman. Uno es Juan Linz, h

No me acabo de reponer. Cuando intentaba entender qué había llevado a los sindicatos catalanes a defender un pacto fiscal y unas políticas lingüísticas que quiebran el principio de igualdad entre los ciudadanos, me entero de que asistieron a la manifestación independentista. Pero, en fin, con un poco de esfuerzo, puedo conjeturar alguna explicación, no muy caritativa, puestos a decirlo todo. Eso sí, lo que está fuera de mi entendimiento es el silencio de los sindicatos y de la izquierda en el conjunto de España. Incluso algunos dicen, como en los años de plomo, “algo habremos hecho los españoles para llegar aquí”. En realidad, se deberían preguntar qué es lo que no han hecho, por su dejación, por qué han aceptado sin rechistar tanta retórica trucada, peor que la de la Liga Norte. Pero ahora, tal como ha dibujado el debate Mas, ya no cabe silbar. La propuesta secesionista no permite la equidistancia, por la misma razón que no hay un punto intermedio sobre el matrimonio homosexual.