martes, 26 de febrero de 2013

El desafío de Mas no rompe aún España pero abre un cisma entre PSOE y PSC


Clima de guerra civil y cisma entre los socialistas en el Congreso por el soberanismo en Cataluña y satisfacción en el PP que, pese a lo que tienen encima, ven a Alfredo Pérez Rubalcaba cada vez más debilitado. El PSC rompió este martes por primera vez en la historia democrática la disciplina de voto del Grupo Parlamentario del Congreso y desató una oleada de críticas en el PSOE contra los socialistas catalanes, un profundo malestar entre los diputados y hasta voces que plantearon abiertamente la ruptura entre ambas formaciones. Trece diputados del PSC apoyaron en el Pleno, junto a CiUERC e ICV, la propuesta de resolución que asegura que “el Congreso insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro”. Enfrente estaba el PSOE con el PP y con UPyD para oponerse al derecho a decidir y marcar la línea para frenar el proceso soberanista impulsado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
La socialista Carme Chacón no votó ni con unos ni con otros: estuvo presente pero no apretó ningún botón. No siguió la disciplina de voto del PSOE, pero rompió la instrucción de sus compañeros del PSC por su posición crítica contra el llamado derecho a decidir. La posición de la diputada por Barcelona era especialmente delicada porque debía optar entre indisponerse con su partido en Cataluña o enfrentarse a la formación que sigue aspirando a liderar en unas hipotéticas primarias en 2014, tras perder frente a Rubalcaba en un congreso hace más de un año. Se quedó en medio y el hecho de que no votara ni con uno ni con otro provocó malestar en algunos que antes habían elogiado su desmarque del PSC.
La situación es que la apuesta de Mas no ha roto aún España, pero sí ha abierto brechas notables en el segundo partido del país: el PSC se aleja del PSOE: cinco diputados rompieron hace un mes la disciplina del PSC para apoyar la moción soberanista en el Parlament; Rubalcaba ha abierto un proceso para una propuesta federal que no la aceptan todos y que, además, ni siquiera satisface a los socialistas catalanes, y Chacón se queda en tierra de nadie y con vida propia.
“Se están traspasando todos los límites y para nada”, aseguró el ex número dos del PSOE José Blanco a puerta cerrada, ante diputados y senadores socialistas, para resumir el profundo malestar con el PSC y el hecho de que, según aseguró un buen número de intervinientes, hayan caído en la trampa del resto de partidos catalanes en la votación de una moción sin efectos prácticos.
Chacón no votó ni con unos ni con otros: estuvo presente pero no apretó ningún botón
Una veintena de diputados secundó esa oleada de críticas al PSC. Hablaron, entre otros, Txiki Benegas, Juan Luis Gordo, Carmela Silva y José María Barreda. El discurso de todos fue en la línea de lamentar que el PSC traspasara la raya sin necesidad y a pesar de que el PSOE está asumiendo el riesgo de adaptar su discurso para hacer una propuesta federal.
Otro pequeño grupo de diputados fue aún más lejos y planteó abrir el debate sobre la posibilidad de romper con el PSC, después de 35 años de acuerdo, para comparecer en Cataluña con las siglas del PSOE. Lo significativo es que ese grupo lo encabezó otro ex número dos del partido, Alfonso Guerra, para quien si los socialistas catalanes siguen “retando” al PSOE defendiendo las reivindicaciones de los nacionalistas, lo suyo sería que el PSC se presentara solo en Cataluña. Le secundaron José Martínez Olmos, Consuelo Rumí y Valeriano Gómez. Este último nombre es significativo porque forma parte de la actual Ejecutiva del PSOE, es de la confianza de Rubalcaba y como tal es el responsable de economía.
Por parte del PSC contestaron a la avalancha de críticas Francesc Vallés, Isabel López Chamosa y Román Ruiz. El primero habló de respeto mutuo y de desacuerdo puntual y el tercero mencionó el maltrato fiscal de Cataluña, lo que levantó un significativo murmullo próximo al abucheo entre sus compañeros de grupo.
Por la dirección intervino Elena Valenciano con el mensaje oficial de que el acuerdo entre el PSOE y el PSC es el único “puente político” que queda intacto entre Cataluña y España y, por eso, es necesario preservarlo. Les dijo también que los diputados serán sancionados, pese a que minutos antes la portavoz Soraya Rodríguez había explicado que no se les aplicaría ninguna multa por ser una discrepancia política.
La bronca al PSC es la tercera en tres días
Esa bronca al PSC es la tercera en dos días, porque el lunes en la Ejecutiva, la única asistente por parte de los catalanes, Esperanza Esteve, escuchó reproches de varios asistentes, empezando por Rubalcaba. Y eso que entonces no se conocía la decisión de romper la disciplina de voto, pero sí la petición de abdicación del Rey que hizo el líder del PSC, Pere Navarro, minutos antes de que Rubalcaba subiera a la tribuna a confrontar con Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación. También el mismo lunes, Rubalcaba lanzó a Navarro los reproches en una reunión en Ferraz en la que se constató la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Unas semanas antes hubo ya un amago de ruptura de la disciplina de voto cuando el PSC se negó a apoyar la Iniciativa legislativa Popular sobre los toros. El PSOE cedió entonces y salvó la situación optando por la abstención.
La preocupación en el grupo es que el proceso soberanista no ha hecho más que arrancar y los partido independentistas y nacionalistas han encontrado un arma para debilitar a los socialistas forzando votaciones. De hecho, desde la tribuna, el diputado de ERC Joan Tardà, feliz, proclamó la “histórica unidad del catalanismo político” y presentó el voto conjunto de PSC, CiU, ERC e ICV como un paso hacia la independencia.
fuentes http://politica.elpais.com

sábado, 23 de febrero de 2013

Por qué el Estado español y la Generalitat de Catalunya ingresan pocos fondos


atedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Hoy estamos viendo en España unos recortes enormes en los servicios públicos al Estado del Bienestar, tales como sanidad y educación, argumentándose que el Estado no tiene dinero para sostenerlos. Esto no es cierto. El Estado (tanto central como periférico) puede obtener el dinero público, no sólo para evitar los recortes, sino también para expandir el muy subfinanciado Estado español. En nuestro país las rentas superiores no están contribuyendo al Estado como lo hacen sus homólogos en el resto de los países de la UE-15. Y los intentos de que lo hagan están fracasando.
La limitada subida de algunos impuestos, tanto a nivel de España como en Catalunya, ha generado una previsible movilización de los súper ricos, de los ricos y de las clases medias de rentas altas en contra de tales subidas, argumentando que estos grupos sociales ya están entre los grupos que pagan más impuestos en la Unión Europea. Así, La Vanguardia, un rotativo de clara orientación neoliberal y conservadora, próximo al mundo empresarial en Catalunya, respondía a las propuestas de aumento impositivo por parte del gobierno de la Generalitat con un titular en primera plana (27.01.2013), señalando que los impuestos en Catalunya y en el resto de España ya eran los más elevados en la Unión Europea.
Tal aseveración, sin embargo, no es creíble. Para analizar la veracidad del argumento hay que estudiar los tipos de impuestos que los distintos sectores de la población pagan. Comencemos por el IRPF, el impuesto sobre los ingresos individuales. Como estos ingresos pueden proceder del trabajo o de la propiedad, es importante analizar separadamente cómo tributan las rentas del trabajo y cómo lo hacen los que derivan sus rentas del capital. Pues bien, en este último caso(es decir, cuando las rentas derivan de acciones y dividendos, de títulos de deuda pública o privada y/o de fondos de pensiones, de vida o de accidentes, los propietarios de tal capital pagan un “tipo nominal” (es decir, el tipo que pagan en teoría) del 21% cuando los ingresos son inferiores a los 6.000 euros, de un 25% por las rentas entre 6.000 y 24.000 euros y de un 27% por las rentas superiores. Todos estos gravámenes son mucho menores que los que se aplican a las rentas del trabajo. Este tratamiento diferencial de la carga impositiva es un indicador más de la enorme influencia que la población súper rica y rica tiene en las instituciones del Estado, tanto central como autonómico.
Pero el problema es incluso mayor, pues los súper ricos (las grandes fortunas) y los ricos no declaran la mayoría de sus ingresos vía el IRPF. Cuentan con gabinetes de asesores fiscales que les guían para minimizar sus aportaciones al fisco, y uno de los mecanismos empleados son las Sociedades de Inversión de Capital Variable, conocidas como SICAV, para las que la carga impositiva es mínima. Estos fondos están enormemente concentrados, como reflejo de la enorme polarización de las rentas existente en Catalunya y en el resto de España. 3.000 SICAVs en España (que pertenecen en su gran mayoría a las grandes fortunas) poseen 23.000 millones de euros y son gestionadas por los grandes bancos, BBV o Santander, entre otros.
La Banca es, por cierto, el colectivo a través del cual existe mayor evasión fiscal. Y una manera de realizar tal evasión fiscal (que puede ser incluso legal, aunque la mayor parte de ella sea ilegal) es a través de los paraísos fiscales, siendo Luxemburgo uno de los más utilizados. Tal país, de sólo medio millón de habitantes, es uno de los centros de mayor gestión de fondos financieros, y ello debido a que es un paraíso fiscal. Este país, miembro de la Unión Europea, ha liderado, junto con Alemania, las políticas neoliberales en el gobierno de la Unión Europea y en la Eurozona, presionando a España para que haga dramáticos recortes (a fin de que el Estado español pague la deuda a los bancos europeos, incluyendo los españoles, que depositan el dinero en Luxemburgo). Luxemburgo, portavoz del pensamiento neoliberal, ha sido uno de los países que han promovido más la libertad del movimiento de capitales financieros dentro de a Unión Europea, habiéndose beneficiado enormemente de este movimiento a costa de otros países. Su prima de riesgo respecto a Alemania es nula y su deuda pública es el 18% del PIB. Ello se debe en parte a que absorbe capitales de los países periféricos, como Catalunya y el resto de España, que escapan de pagar impuestos forzando a estos países a endeudarse.
Otro destino de los fondos que evaden al fisco español es la Banca Suiza, habiendo adquirido gran visibilidad recientemente como consecuencia de las declaraciones de Hervé Falciani, empleado de la banca HSBC, que ha obtenido la lista e información de 130.000 cuentas de evasores del fisco de varios países, incluido Catalunya y España, lista que el Estado español tiene y que debería hacer pública. Tal situación ha sido objeto de una serie de artículos de The New York Times a los cuales he hecho referencia en mi artículo “La banca, el fraude fiscal y el New York Times” (Sistema digital. 21.10.11). Tal artículo mío, por cierto, ha sido canallescamente manipulado y ampliamente distribuido, añadiendo en la versión manipulada nombres de personalidades políticas que no estaban ni en mi artículo original ni en los de The New York Times, que señalaban y denunciaban la complicidad entre el poder político y la banca.
Pero hay muchas otras maneras de evitar el fisco. Así, se da el caso de que según la información provista por Hacienda, sólo el 3% de los contribuyentes declara ganar más de 600.000 euros al año, lo cual es a todas luces increíble y sólo 3.000 personas declaran ingresar al año más de un millón de euros, otra cifra tampoco creíble. En realidad, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, ha mostrado que tres de cada cuatro pequeños empresarios y autónomos declaran ingresar menos de mil euros al mes. Durante muchos años los empresarios y autónomos han declarado ingresos menores que los trabajadores. En 2007, por ejemplo, los autónomos declararon ingresar como media 13.525 euros, comparado con los 18.400 euros declarados por los asalariados.
Esta situación se da en toda España, siendo ésta la causa de que los ingresos al Estado (y a la Generalitat de Catalunya) sean tan bajos. Se me dirá que esta situación no es única de Catalunya  ni tampoco de España. Pero lo que se ignora en esta afirmación es que la situación de privilegio de las renta superiores es mucho mayor en este lado del Pirineo que en el otro lado de Europa. Así, según Fiona Maharg Bravo, columnista del Reuters Breakingviews. (Spain’s bosses need an internal devaluation”.  20.07.12) el Presidente de Telefónica, el Sr. César Alierta, que ha sido la máxima autoridad de tal empresa española desde el 2000 al 2011, tiene una compensación de 10.2 millones de euros al año (salario, bonos, beneficios y pensión). Sus homólogos en la compañía de igual naturaleza y características en Francia, France Telecom, y en Alemania, Deutsche Telecom, recibieron 1,6 millones y 3,9 millones respectivamente. En las compañías de Petróleo, la máxima autoridad de Repsol, Antonio Brufau, ingresó 10,5 millones de euros el año pasado, el doble de lo que ingresó el director de la compañía francesa de petroleo, equivalente a Repsol en Francia, ENI.
Un tanto semejante en la banca, donde el Consejo de Dirección del BBVA vio su compensación incrementarse un 26% en los años de crisis, del 2007 al 2011, mientras que el valor de sus acciones se redujo a la mitad. Las grandes compañías bancarias españolas vieron grandes subidas de las bonificaciones de sus equipos de dirección que guardan poca relación con los beneficios de la banca o el precio de sus acciones. Sus Consejos de Dirección son los segundos mejores pagados de Europa (después de los suizos), con la compensación fija más alta y mayor permanencia en sus puestos de dirección. Y así vamos. Ahora sí, La Vanguardia se queja de que los súper ricos pagan demasiados impuestos.
http://blogs.publico.es/dominiopublico
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jueves, 21 de febrero de 2013

Momentos de confusión


Son meses extraños y confusos, llenos de sensaciones complicadas y de riesgos acechantes, ciertos o imaginados. Estamos a las puertas de un otoño que viene cargado de malos presagios. Los acuerdos de esta pasada semana han hecho bajar la prima de riesgo y subir la Bolsa, pero nadie se ha sentido demasiado aliviado. Las condicionalidades aumentan y no presagian nada bueno para los que cuentan cada día si van a llegar a final de mes. Tenemos elecciones en el horizonte, pero tampoco tranquilizan sus imprevisibles resultados. Y en Cataluña, despejada la incógnita de Eurovegas, surgen nuevos interrogantes en torno a una iniciativa, Barcelona World, vinculada al viejo modelo de desarrollo y de contubernio público-privado y que, precisamente por eso, ha sido recibido con entusiasmo por aquellos que solo conocen esa vía para seguir estando donde están. Pero, todo ello parece una anécdota si se compara con la apuesta por cambiar las reglas de juego político e institucional que han emprendido los promotores de la manifestación del próximo martes, bajo el lema Catalunya: nou Estat d’Europa”.
Sabemos que el apoyo popular a la posibilidad de abrir un proceso que pueda conducir a la independencia de Cataluña ha crecido significativamente en los últimos tiempos. A ello ha contribuido la gran decepción que supuso el extenuante proceso de aprobación de un nuevo marco estatutario y el portazo que recibimos por parte de las instituciones estatales, incapaces de entender (en momentos mucho más propicios que los actuales) el mensaje de nueva fraternidad que implicaba. Y es evidente que en todo ese proceso, y a medida que la crisis acentuaba la penuria de los presupuestos públicos, la identificación no solo emocional o política con el independentismo, sino también la motivación material y económica, han hecho aumentar significativamente el número de ciudadanos partidarios de la independencia. En los últimos meses, el desprestigio de la política institucional del Estado ha crecido espectacularmente. La pérdida de soberanía de las instituciones democráticas no tiene precedentes. Y, además, el PP está aprovechando la situación para recentralizar el Estado, aplicando las tesis de Aznar, Wert y la Fundación FAES. En ese periodo, los dirigentes de CiU en la Generalitat han sabido combinar con su habitual ambigüedad, los acuerdos constantes con el PP en Madrid y en Cataluña (en Diputaciones y Ayuntamientos) con proclamas más o menos matizadas de soberanismo. Fruto de todo ello es que hoy, la gran mayoría política y ciudadana que antaño se agrupaba bajo el incierto término de “catalanismo político”, ha ido desplazándose hacia un soberanismo cada vez más neto.
¿Estamos dispuestos a avanzar aun a costa de romper los delicados equilibrios conseguidos a lo largo de todos estos años?
Pero, si la respuesta es la independencia, ¿cuál era la pregunta? ¿Tiene sentido reclamar soberanía en momentos en que nadie sabe muy bien dónde encontrarla? Con todo, más allá de ello, parece claro que muchos de los que viajaban más o menos cómodamente instalados en el convoy catalanista, pueden ahora sentirse amenazados de exclusión en un futuro al que nadie parece invitarles. Nos referimos a los que en las encuestas no señalan la casilla independentista, o aquellos que viven en una esfera social, comunicativa y mediática a la que apenas llega la pasión soberanista, hegemónica en muchas partes del territorio. ¿Estamos dispuestos a avanzar aun a costa de romper los delicados equilibrios conseguidos a lo largo de todos estos años? No resulta tampoco fácil relacionar el futuro de independencia que se nos propone con los enormes interrogantes que se han abierto con relación a temas tan vitales como el trabajo, la producción, la educación, la sanidad o la vivienda. Son temas que están sometidos a un escrutinio y a una tensión ideológica y política que no permite difuminaciones ni simplificaciones bajo ninguna bandera, por estelada que sea. ¿Todo irá mejor con la independencia? ¿Mejor para quién? Los que capitalicen el previsible éxito de la manifestación del martes ¿quiénes son?, ¿a favor de qué están? No me convence la idea; primero la independencia, luego ya veremos. Eso implica despolitizar la propia idea de independencia. Me gustaría ver quién me acompaña en ese viaje y qué valores defiende. No están los tiempos para cheques en blanco, aunque vayan acompañados de visitas al notario. Yo soy europeísta convencido, pero no a cualquier precio ni en cualquier Europa. Lo mismo digo en referencia a una Cataluña independiente.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
fuentes http://ccaa.elpais.com

El independentismo deja de ser marginal


La globalización y la crisis han puesto en jaque a los estados nación. En Cataluña, sin embargo, centenares de miles de personas expresaron en la manifestación de la pasada Diada que la independencia es el gran objetivo que conseguir.
El proceso político que se está escribiendo en estos momentos depende en buena medida de la flexibilidad y de las concesiones que estén dispuestas a mostrar y a hacer las partes implicadas en la negociación. Pero más allá de la inmediatez, se dibujan al menos dos grandes líneas de interpretación de ese impreciso futuro que no son excluyentes: la largoplacista, que apuesta por la solución europea, y la que busca una salida de forma más inmediata en la negociación bilateral.
Para Àngel Castiñeira, de la cátedra de Liderazgo de ESADE, “la situación en Europa (Grecia, Italia…) es inquietante para los defensores de la democracia”. “Los ciudadanos votan cada cuatro años y los mercados lo hacen cada día”, subraya el profesor citando al financiero George Soros. Desde ese punto de vista, la soberanía queda muy cuestionada por la voracidad especuladora.
No menos tocado deja el concepto Zigmunt Bauman, el filósofo y sociólogo (famoso por su concepto de modernidad líquida), quien sostiene que el poder que controla nuestras vidas ya es global, pero nuestros políticos piensan y actúan como si todavía fuera local. Para él queda claro que la soberanía nacional “es un concepto zombi, que hace creer que está viva, pero está muerta”. “Sin embargo, nos haríamos trampa a nosotros mismos si no reconociéramos que hay elementos culturales, lingüísticos, simbólicos que hacen necesario que Cataluña tenga estructuras de Estado”, subraya el profesor Castiñeira.
Cataluña se adentra, en palabras de catedrático de ESADE, en un campo de minas. Él compara la situación con la de un batallón británico que durante la guerra de Corea quedó atrapado entre los soldados chinos y los norcoreanos, por un lado, y un campo de minas por otro. Al final, los soldados optaron por cruzar por el terreno minado, por la decisión de uno de ellos, que lideró a los demás. La operación se coronó con éxito. “El camino hacia las estructuras de Estado es una cuestión de audacia por parte del presidente Mas, pero es preciso tener suerte y medir bien las consecuencias”, agrega el profesor de ESADE. La experiencia de más de 30 años de autonomía muestra que hay que acometer esa empresa audaz, a juicio de Castiñeira. La sentencia del Tribunal Constitucional que diezmó el Estatuto no deja otra salida que, en opinión del profesor de ESADE, buscar en esas estructuras de Estado el blindaje de competencias que perforó el fallo del Alto Tribunal.
El primer peldaño de esa larga escalera que CiU construye hacia las “estructuras de Estado” es la convocatoria de elecciones anticipadas, con un programa en el que no figurará la independencia. La voluntad de CiU es que los comicios tengan un carácter plebiscitario.
Desde el punto de vista convergente, el tsunami político que supuso la manifestación de la pasada Diada obliga a hacer reconsideraciones. Mas debe vigilar mucho en qué campo de minas pone los pies, ya que los agentes sociales, sindicatos y empresarios catalanes tienen como última estación de su trayecto soberanista la consecución del pacto fiscal o la mejora de la financiación. El mundo económico no quiere oír hablar de independencia. Aún recuerdan las secuelas del último intento de engarce de Cataluña en España, el Estatuto, que trajo consigo el boicoteo del cava catalán. Por otro lado, también son conscientes de que el centro de gravedad del catalanismo se ha desplazado hacia el soberanismo y el autonomismo es una vía agotada, sostiene Joan B. Culla, profesor de Historia de la UAB. La crisis económica ha hecho naufragar el modelo autonómico, el café para todos. Centrifugar el gasto y centralizar los ingresos no es un modelo corresponsable como el federal. Y en el terreno de las competencias son frecuentes los roces con un PP que no se resigna a dejar legislar desde el centro, como sucede con la nueva ley de educación, en la que el Gobierno fija el 65% de las materias para las comunidades con lengua propia y los servicios educativos son responsabilidad de las autonomías. Para Culla, existe una pulsión recentralizadora.
Sin diferir necesariamente de este diagnóstico, otros prefieren escenarios más amplios para el futuro. “La especificidad de Cataluña ya no es respecto a España, sino que es global. La dialéctica Barcelona-Madrid se desdibuja en favor de la de Barcelona-Bruselas”, apunta Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Sin tener en cuenta el contexto global no se puede hablar de futuro de Cataluña”, subraya. En contra de la opinión que sostienen una parte de los manifestantes en favor de la independencia, “la tensión con Madrid es una visión estrecha, limitada ,un proyecto político de menestral, porque el futuro de Cataluña hay que pensarlo en clave europea, en el contexto de unidades que no sean Estados nación, en una Europa federal”.
Mientras se abren horizontes sobre la soberanía en unos momentos en que no se sabe muy bien dónde se encuentra, existe la preocupación de la cohesión social en ese proceso hacia las estructuras de Estado. “Parece claro que muchos de los que viajaban más o menos cómodamente instalados en el convoy catalanista pueden ahora sentirse amenazados de exclusión en un futuro al que nadie parece invitarles; se trata de aquellos que en las encuestas no señalan la casilla independentista, o quienes viven en una esfera social, comunicativa y mediática a la que apenas llega la pasión soberanista, hegemónica en muchas partes del territorio. ¿Estamos dispuestos a avanzar aun a costa de romper los delicados equilibrios conseguidos a lo largo de todos estos años?”, se pregunta Subirats.
A juicio de algunos analistas, la cohesión social, que ha sido una de las señas de identidad del catalanismo, puede entrar en crisis en estos momentos convulsos. Antoni Puigverd reflexionaba al respecto en su artículo ‘Catalunya en la encrucijada’, publicado en La Vanguardia:“Nadie en Madrid o en Barcelona puede sustraerse al reto de este nuevo y convulso escenario. Mientras el PSC y la izquierda en general están atrapados en su propio laberinto, incapaces de influir en el proceso, una gran masa anónima catalana no participa del ambiente rupturista. Una enorme bolsa interna catalana, formada en su mayoría por castellanohablantes (entre los que abundan los parados y los que han abandonado los estudios), parece tener su propio código de señales: entusiasmo por la Roja, cultura Telecinco, fricciones con la nueva inmigración. ¿Cómo se comportará este segmento de la sociedad catalana que no participa de los valores y emociones catalanistas?”, se preguntaba el articulista.
El reto soberanista debe responder, a juicio de Subirats, a asuntos tan vitales como el trabajo, la producción, la educación, la sanidad o la vivienda. “Son temas”, apunta el profesor de la UAB, “que están sometidos a un escrutinio y a una tensión ideológica y política que no permite difuminaciones ni simplificaciones bajo ninguna bandera, por estelada que sea”. Subirats no se muestra convencido con la idea de “primero la independencia, luego ya veremos”.
Al Gobierno catalán no le ha temblado el pulso a la hora de reducir el impuesto de sucesiones y ampliar recortes en sanidad, la educación y prestaciones sociales. Lo ha demostrado en las cuatro sucesivas oleadas de ajustes.
El modelo es, pues, importante. Máxime cuando la independencia se ha presentado por vez primera como una salida a la crisis: si soltamos el lastre de España, Cataluña será la Holanda del sur, ha sostenido el presidente Mas en sus viajes por Europa y Estados Unidos. Entre los manifestantes de la pasada Diada, además de quienes expresaban su dolor por las heridas en el alma nacionalista, había quienes blandían la independencia como la vía para dejar atrás la crisis. El déficit fiscal, que el Gobierno autonómico sitúa en 16.500 millones de euros anuales, permitiría ese despegue económico basado en la capacidad de iniciativa de la economía catalana, se especula desde el Ejecutivo. Paradójicamente, esas virtudes que se han situado históricamente en la industria catalana chocan con proyectos más especulativos que se potencian desde el poder.
En opinión del economista y articulista César Molinas, las élites extractivas han hallado un mecanismo de captura de rentas en la que puede ser la nueva burbuja de los casinos (Eurovegas en Madrid, Barcelona World, en Tarragona), un modelo que no difiere más allá de por su ubicación geográfica. No parece, pues, que en materia económica se apueste por el hecho diferencial catalán.
Sea como fuere, “los paradigmas empleados los últimos 200 años ya no sirven para hacer prospectiva respecto a Cataluña”, apunta Subirats. “La nueva situación pone en cuestión las variables hasta ahora empleadas”, agrega. La globalización y la crisis se encargan de ensombrecer el futuro del proyecto soberanista. No deja de ser paradójico que un Ejecutivo, el catalán, que precisa un rescate de 5.023 millones de euros deba negociar un pacto fiscal o unas imprecisas estructuras de Estado con otro Gobierno, el central, que está en vías de pedir, a su vez, otro rescate y, por tanto, de perder soberanía.
fuentes http://ccaa.elpais.com/

El porqué de Cataluña


Ha llovido mucho desde que en 1978 los partidos catalanes mayoritarios dieron su apoyo a una Constitución aparentemente abierta y dinámica, hábil para encajar las aspiraciones de autogobierno. No obstante, el tortuoso desarrollo del Estatuto de 1979 demostró la rigidez de costuras y la ausencia de empatía de los sucesivos gobiernos, especialmente cuando gozaban de asfixiantes mayorías absolutas. Tras la sentencia del TC sobre el Estatuto de 2006 y las persistentes dificultades para encontrar un mejor acomodo financiero, el catalanismo político, que había perseverado secularmente en su divisa de “reformar” España con las reglas del juego del Estado, hoy se siente fatigada.
No en vano el intento de reformar el Estatuto constituyó para muchos el enésimo esfuerzo de lograr el reconocimiento debido a la personalidad nacional de Cataluña, blindar las competencias de la Generalitat y obtener un sistema de financiación más justo y equitativo. Pero, paradójicamente, aunque el texto fue acordado e incluso laminado por el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, además de refrendado en las urnas, el alto tribunal, groseramente politizado y con evidentes vicios de legitimidad, desactivó buena parte de su contenido, actuando displicentemente y con total falta de deferencia hacia el legislador estatutario, erigiéndose nada menos que en un nuevo poder constituyente, hasta generar un sentimiento colectivo a caballo entre la frustración y la rabia contenida.
De rebote, los clásicos planteamientos federales, de larga tradición en Cataluña, quedaron en entredicho al evidenciarse no solo la ausencia de genuinas vocaciones federalistas en España, sino también por lo absurdo de todo planteamiento consistente en admitir que Cataluña debe disponer de instrumentos de soberanía para federarse de igual a igual. Por ello, no debe extrañar que en el mainstream independentista se hallen hoy muchos conspicuos federalistas, a quienes se les ha caído la venda de los ojos al apercibirse de que nunca habían jugado en casa, sino más bien en campo contrario. La percepción más extendida, pues, entre la sociedad catalana es que el Madrid político rechazaba nuevamente la mano tendida, algo que el 10 de julio de 2010 ya se expresó con un millón de personas saliendo a la calle.
La sociedad catalana ha tomado la delantera y son Mas y los partidos los que hacen seguidismo
Dos años más tarde fueron muchos más los que se apoderaron de las calles de Barcelona. Esta vez para reclamar que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de Europa. Ya no como expresión de una decepción ni como reacción ante nada, sino como exhibición sin complejos de quien está convencido de que puede tener futuro sin vivir permanentemente instalado en la denuncia del agravio. El portazo sonoro y abrupto de Mariano Rajoy a la propuesta de pacto fiscal, que incorporaba un planteamiento contrario al actual esquema de centrifugación del gasto y centralización de ingresos autonómicos, asestó el golpe final al pacto constitucional. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. El Parlamento catalán acordó en un golpe de audacia que en la próxima legislatura el pueblo catalán decidiese en las urnas su futuro, después de unas elecciones anticipadas de corte plebiscitario. La incertidumbre de este paso histórico no debe enmascarar que se vislumbra un cambio histórico.
Claro está que la actual crisis económica ha exacerbado los ánimos. Pero sobre todo porque ha mostrado con toda crudeza los efectos negativos del déficit fiscal, algo que no es privativo de Cataluña, pero cuya magnitud ha generado en el Principado un cronificado debate que estos días se ha intensificado debido a la deuda acuciante de la Generalitat y a las taquillas cerradas por los mercados, algo que en buena medida explican los recortes del Estado de bienestar e impiden una rápida reactivación económica. La crisis ha actuado como catalizador de un vigoroso e insólito sentimiento soberanista que toma conciencia de la necesidad de disponer de herramientas financieras, fiscales, económicas y de decisión política para gestionar el futuro. La humillación de implorar un rescate y la intervención de facto de la tesorería de la Generalitat son un oxímoron: Cataluña aparece empobrecida y sin recursos, a pesar de su potencial económico e indudable solidaridad con el resto.
Así las cosas, al independentismo emocional, fundado en cuestiones de identidad, lengua o cultura, se le une un independentismo de corte posibilista, de adscripción identitaria difusa, en base a un cálculo de oportunidad, de coste-beneficio. Este es un fenómeno nuevo, aunque ya observado hace años en Quebec. Por ello, la determinación de Artur Mas y del catalanismo no deja de ir al compás de la creciente centralidad social de este pensamiento, que, como se vio en la manifestación del 11-S, se halla copado por una clase media muy castigada por la crisis y que enarbola el estandarte. Además, las nuevas generaciones no se alimentan ya de las “glorias catalanas” ni están atrapadas en la atávica dialéctica Cataluña-España. Los hijos de la vieja inmigración, muchos castellanohablantes, tienen hoy 50 años y no solo se sienten plenamente catalanes, sino que desean lo mejor para ellos y sus hijos, y creen que un Estado que posterga el eje mediterráneo, ejecuta el 35% de lo que dice invertir o tolera un déficit fiscal del 8% del PIB es un lastre para su progreso.
Y lo que antes podía parecer un movimiento reactivo o testimonial ahora se ha convertido en un movimiento transversal, interclasista e intergeneracional. Y ese es, precisamente, el principal antídoto contra cualquier atisbo de fractura social. Hoy el objetivo del Estado no es visto como un capricho de unas élites políticas autóctonas. Es algo ampliamente compartido, nada excluyente. Incorpora a aquellos que en Cataluña viven en una esfera social o mediática más impermeable a la tradición del catalanismo, con independencia de la lengua que hablen o de sus vínculos familiares o emocionales con España.
La respuesta es un referéndum siguiendo un proceso reglado y nunca unilateral
Este cambio en el paisaje lleva aparejado, además, un cambio en la psicología colectiva: del fatalismo subsiguiente a toda derrota del catalanismo, se ha pasado a una voluntad de desafío democrático. El paradigma del victimismo pujolista, la combinación de tensión identitaria y “pájaro en mano” se ha transmutado en una firmeza que ha dejado aturdidos a quienes estaban tan acostumbrados a descabalgar las intenciones catalanas con un arancel o con una enmienda. El cambio de chip es tal que difícilmente se aceptaría ahora un nuevo intento de salvar los muebles como el de Mas y Zapatero en pleno calvario estatutario. La sociedad catalana ha tomado la delantera y son Mas y los partidos los que hacen seguidismo, aunque amplifiquen sus consignas.
A partir de ahí, la cuestión es ¿cómo hacer posible en pleno siglo XXI que esa opción sea aceptada por España y especialmente por la UE? El punto de partida es, sin duda, un marco constitucional escayolado, que no solo no permite la independencia, sino siquiera la convocatoria de un referéndum a la quebequesa, como defendía en estas mismas páginas el admirado Rubio Llorente. De hecho, la sentencia del TC llegó a negar la condición de sujeto con entidad política a Cataluña. ¿Qué hacer, pues, en un marco que parece expulsar el pluralismo nacional y la democracia? La respuesta, desde el análisis comparado de los procesos de Quebec y Escocia, teniendo en cuenta además los cambios operados en el derecho internacional, es la convocatoria de un referéndum siguiendo un proceso reglado y nunca unilateral, con todas las garantías democráticas.
Como ha puesto de relieve la Corte Suprema de Canadá en 1998, y después el Tribunal de La Haya, lo legítimo, lo prevalente, es hoy la voluntad democrática de la mayoría y no el orden constitucional interno de los Estados. El mejor aliado, pues, de catalanes y escoceses son los precedentes juridificados y el propio escenario europeo que asistió al divorcio de terciopelo entre Chequia y Eslovaquia o ha visto alumbrar decenas de nuevos Estados en el este de Europa y en los Balcanes las dos últimas décadas. Ciertamente, puede discutirse el coste para las partes. Pero la voluntad democrática que expresen las urnas resulta imbatible.
Joan Ridao es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y ESADE y fue secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de 2008 a 2011.
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Manuales de secesión


Pocos tópicos consagrados durante los últimos años parecen encontrar menos aval en la realidad que la crisis del Estado-nación. Los estertores del sistema comunista en los años ochenta del siglo pasado se tradujeron en un incremento de las tensiones nacionalistas y de los procesos de secesión en el interior de la Unión Soviética y de otros países de su órbita de influencia, como Yugoslavia y Checoslovaquia.
A comienzos del siglo XXI, y básicamente como resultado de la descomposición del antiguo bloque del Este, el número de Estados-nación reconocidos por Naciones Unidas se había ampliado en una veintena y rondaba los dos centenares, después de haberse mantenido estable desde el final de la descolonización. El “centralismo democrático”, que había guiado la acción autoritaria de los partidos comunistas en el poder, dejó paso a una eclosión de las nacionalidades históricas.
En el curso de pocos meses, a partir de la sobria dimisión de Gorbachov, anunciada ante la cámara fija de solo uno de los varios canales de los que la televisión estatal disponía entonces, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se transformó en la CEI, una Confederación de Estados Independientes. Pronto se reveló que la Confederación postsoviética era solo una estación intermedia entre la Unión anterior y una variedad de situaciones de hecho que iba desde la independencia plena de algunas repúblicas a la independencia limitada por acuerdos que, como el que mantenían Rusia y Georgia, sirvieron para ofrecer, llegado el caso, tortuosas coartadas a intervenciones militares directas.
El “centralismo democrático” guió la acción de los partidos comunistas
Para ser una fórmula política en crisis, según sostiene el tópico, el Estado-nación parece gozar de buena salud a juzgar por el número de nuevos miembros que se ha incorporado a la comunidad internacional tras la disolución de la Unión Soviética. Pero no solo por el número, también por su naturaleza: como nuevos Estados, reivindican su condición de naciones centenarias con más vehemencia, con infinita más vehemencia, que los Estados de los que se han desgajado. La sangrienta e interminabledescomposición de Yugoslavia, arrancando con la secesión de Croacia y Serbia, y llegando hasta la independencia de Kosovo tras una estación de horror en la guerra de Bosnia, ilustra de modo ejemplar la condición vehementemente nacional de los nuevos Estados.
En aquellos donde existían rotundas mayorías nacionales, como Croacia y Serbia, el potencial conflictivo del proceso se manifestó en forma de discriminación y represión de las minorías. En otros, donde, como en el caso de Bosnia, las mayorías nacionales no eran rotundas, la pugna por definir el carácter nacional del nuevo Estado, la lucha por determinar de qué nación debía ser expresión política, degeneró en limpieza étnica y en guerra civil. Para los bosnios de cualquier adscripción nacional, para los kosovares en la Gran Serbia o para los serbios en el Kosovo independiente, la crisis del Estado-nación resultó ser algo más grave que un tópico; fue una inexplicable ceguera ante la causa última de su tragedia.
Solo a los territorios colonizados tienen el derecho a la autodeterminación
En contra de lo que la comunidad internacional llegó a creer ante las ruinas de Yugoslavia, el sobrecogedor desenlace de las reivindicaciones nacionalistas que desencadenaron la guerra no se asumió como una advertencia para otros Estados donde también existían opciones políticas partidarias de la secesión, sino en un contramodelo. Es decir, la secesión siguió considerándose un programa político aceptable, desde el ya clásico de los independentistas de Quebec al más reciente de los de Escocia, y la única lección que cabía extraer de Yugoslavia se limitaba al brutal procedimiento por el que se llevó a cabo.
En virtud del contramodelo yugoslavo, quienes apoyan hoy opciones políticas partidarias de la secesión en otras partes del mundo subrayan con redoblada insistencia su intención de atenerse a las vías democráticas. Quienes se les oponen suelen sostener, también en virtud del contramodelo yugoslavo, que los riesgos de desbordamiento pasional inherentes a cualquier proceso de secesión son tan elevados como inevitables. Añaden, además, que la secesión, cualquier secesión, obliga a contravenir el orden legal, tanto el internacional, puesto que el derecho a la autodeterminación reconocido por Naciones Unidas en las resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXVI) se circunscribe al ámbito de los territorios colonizados, como el interno, puesto que no existe ninguna constitución democrática que lo admita.
En respuesta a estos argumentos, quienes apoyan opciones políticas partidarias de la secesión cuestionan que ningún orden legal democrático puede considerarse superior a la voluntad democrática de una mayoría. Admiten, no obstante, que la dificultad reside en cómo conformar esa voluntad democrática dentro de un orden legal que no dispone de mecanismos para hacerlo, y de ahí que, buscando desmentir el contramodelo yugoslavo, se esfuercen en descubrir modelos en positivo, en identificar manuales de secesión.
Aprobada en 2000, la Clarity Act de Canadá es el modelo más invocado
La Clarity Act aprobada por el Parlamento de Canadá en 2000, que tomó como base una sentencia de la Corte Suprema de dos años antes, se ha convertido desde entonces en referencia obligada, en modelo y en manual, para las opciones políticas partidarias de la secesión y también para una parte de quienes se oponen a ella. En el origen de la sentencia y, por tanto, de la Clarity Act, se encuentra el referéndum de independencia convocado por las autoridades de Quebec en 1995.
La pregunta exacta fue: “¿Está usted de acuerdo en que Quebec debería convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”. La Corte Suprema, a instancias de la cuestión planteada por el primer ministro federal, Jean Chrétien, estableció que Quebec no disponía de un derecho unilateral a la secesión, pero que, no obstante, si una mayoría calificada de ciudadanos de Quebec la reclamaban, el resto de los canadienses tendrían que buscar la fórmula para dar curso a la aspiración independentista.
Tomás de la Quadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y exministro de Administraciones Públicas y de Justicia en los Gobiernos de Felipe González, entiende que lo que la sentencia de la Corte Suprema de Canadá establece es una suerte de “deber sin derecho”. Así, no es que “la sentencia canadiense admita ningún derecho de autodeterminación para Quebec”, explica De la Quadra, “sino que serían los canadienses en su conjunto quienes tendrían el deber de buscar una salida a las aspiraciones independentistas de Quebec si fueran cualificadamente mayoritarias y persistentes en el tiempo”.
La caída de la URSS provocó una oleada de reivindicaciones nacionalistas
La consideración del caso de Quebec como manual de secesión parece haber pasado a un segundo plano frente a la más reciente iniciativa emprendida por el ministro principal de Escocia, Alex Salmond. La razón no sería solo cronológica, sino que guardaría relación con otros aspectos capaces de multiplicar el potencial de las negociaciones entre Londres y Edimburgo como posible vía a seguir.
Escocia es parte de un Estado miembro de la Unión Europea, lo que, de acuerdo con quienes siguen por interés propio la iniciativa de Salmond, desmentiría el argumento de que las secesiones fuera de los territorios colonizados son contrarias a la legislación internacional. Por otra parte, el Gobierno de Cameron ha aceptado facilitar al de Salmond todas las competencias necesarias para llevar a cabo un referéndum sobre la independencia, algo que los partidarios de la secesión en otros lugares toman por una encomiable actitud y una pragmática disposición a reconocer ciertas realidades desde el Gobierno.
No es seguro, sin embargo, que la iniciativa de Salmond ni la respuesta de Cameron sean generalizables hasta el punto de erigirse en manual de secesiones futuras. La singular naturaleza del sistema británico, en el que las diversas partes se encuentran ligadas entre sí a partir de los tratados que dieron nacimiento a Reino Unido, hace que no sea fácil decidir hasta qué punto la secesión de Escocia sería la realización del derecho a la autodeterminación o, sencillamente, la denuncia de aquel tratado originario.
Escocia plantea la independencia como una salida a la crisis económica
Por otro lado, Cameron no ha vulnerado los procedimientos que rigen las relaciones entre las diversas partes que componen Reino Unido, al entregar a Salmond las competencias para celebrar un referéndum, sino que se ha atenido rigurosamente a ellos: la devolución es una de las fórmulas por las que se rige el sistema británico y en los últimos tiempos ha servido para ampliar la autonomía de los diversos Gobiernos frente al de Londres.
Las negociaciones entre Cameron y Salmond para establecer los procedimientos legales que llevarán al referéndum de independencia de Escocia, fijado para 2014, han puesto de relieve que, mientras que las respuestas de los Gobiernos que se enfrentan a tensiones nacionalistas suelen ser distintas en cada caso, ajustándose a lo que les permiten sus respectivos órdenes constitucionales, las estrategias de los partidarios de la secesión tienden a parecerse como si, en efecto, respondieran a un manual.
El periodista y escritor catalán Rafael Jorba, autor de La mirada del otro, subraya que “las dos primeras víctimas de cualquier intento de secesión son la fidelidad a los hechos y las posiciones que pretenden servir de puente; los conceptos se vuelven vagos y no reflejan la realidad, abriendo el camino a soluciones mágicas y a la designación de chivos expiatorios”, concluye Jorba.
Cameron y Salmond discrepan sobre la pregunta concreta del referéndum
Salmond y los nacionalistas escoceses, lo mismo que los de Quebec que convocaron el referéndum de 1995, desean someter a los ciudadanos una pregunta que no suponga una alternativa tajante, independencia sí o independencia no. Cameron, en cambio, pretende que la pregunta cumpla los requisitos que fijaron la Corte Suprema de Canadá y la Clarity Act, y no asocie a la cuestión principal otras circunstanciales y de detalle que convertirían en equívoco el resultado. El premier británico también quería celebrar el referéndum a la mayor brevedad posible, convencido de que Salmond y los nacionalistas escoceses preferían retrasarlo para ir conformando una mayoría favorable a la secesión, de la que en estos momentos no dispondrían, por la vía de canalizar hacia ella el creciente malestar social que han generado los recortes y la política de austeridad. En la estrategia de Salmond y los independentistas se trataría de presentar la secesión de Escocia como una solución a la crisis económica; en la de Cameron, late la convicción de que los escoceses sabrán advertir que la secesión es una respuesta incongruente con los problemas que ha suscitado la gran recesión, y que podrían verse agravados.
La huida del contramodelo yugoslavo de secesión y la simultánea búsqueda de modelos en positivo, de manuales de secesión, mejores cuanto más recientes y más cercanos, no explica, sin embargo, la razón por la que la caída de la Unión Soviética desencadenó una cascada de reivindicaciones nacionalistas solo comparable a la que se vivió en el siglo XIX.
Como en todos los procesos de largo aliento, resultaría tan reductor como falso señalar una única causa. Pero tal vez en este caso se haya perdido de vista el papel decisivo que pudo desempeñar una única idea, un único tópico reiterado a pesar de los constantes desmentidos. Desde hace tres décadas, la crisis del Estado-nación se viene presentando como una descripción de la realidad cuando, por el contrario, podría tratarse de un programa. Si la ortodoxia económica que se impuso tras el fracaso de la utopía comunista y que ha conducido a la devastadora crisis actual deseaba reducir el margen para que las decisiones políticas pudieran corregir las derivas suicidas de los mercados, entonces nada mejor que segarle la hierba bajo los pies y asegurar que el espacio desde el que operaba, el espacio del Estado-nación, se había vuelto irrelevante. Más naciones y más Estados habrían venido a ocupar el hueco creado artificialmente, pero también más poder y más impunidad para las derivas suicidas de los mercados.
fuentes http://sociedad.elpais.com

Una respuesta canadiense a la cuestión catalana


En septiembre de 1867, apenas dos meses después de la creación delDominio de Canadá,se celebraron elecciones en Nueva Escocia, que ganó el partido Anti-confederación. El nuevo primer ministro, Joseph Howe, viajó hasta Londres para pedir al Parlamento imperial que permitiera a esa provincia separarse de Canadá, petición que fue rechazada porque la creación de la Confederación había originado una interdependencia con “amplias obligaciones políticas y comerciales” entre las provincias. Ciento treinta y un años después, en su famoso Dictamen de 20 de agosto de 1998 sobre la secesión de Quebec, el Tribunal Supremo de Canadá recordaba ese momento histórico para afirmar que si en los primeros pasos del devenir de su Estado las provincias no tenían derecho a la secesión, mucho menos iban a tenerlo a finales del siglo XX, a pesar de que el texto de la Constitución “ni autorice ni prohíba expresamente la secesión”. Por eso, no es correcta la idea, tan repetida estos días, de que Canadá no es un modelo en el que podamos inspirarnos en España para discutir sobre una eventual independencia de Cataluña ya que la Constitución canadiense permite la secesión mientras que la española la prohíbe. No es exacto: las dos lo niegan.
Así que la única forma de conseguir una secesión constitucional, en España y en Canadá, es modificando la Constitución. Las similitudes entre ambos Estados terminan, de momento, aquí porque nuestro Gobierno no está dispuesto a permitir ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña, mientras que en Quebec ya se han celebrado dos, en 1980 y en 1995. Desde luego, si la Generalitat convocase por sí sola un referéndum sería un acto contrario a nuestro ordenamiento jurídico porque el artículo 149.1.32 de la Constitución le atribuye el monopolio de su convocatoria al Gobierno español. Por eso, la vía que ha sugerido Rajoy a Mas es exquisitamente constitucional: presente un proyecto de reforma constitucional y ya lo discutiremos en el Congreso. También lleva toda la razón jurídica Sáenz de Santamaría cuando afirma que si la Generalitat convocara ese referéndum el Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional, que automáticamente lo suspendería, como ya ocurrió en 2008 cuando Ibarretxe pretendió convocar una consulta ciudadana sobre la negociación con ETA y el “derecho a decidir”. Si a diferencia de lo que hizo el Gobierno Vasco, el catalán no acatara la decisión del Constitucional y siguiera adelante con su consulta ilegal, el Gobierno central podría usar la coacción estatal del artículo 155 de la Constitución, que llevado al extremo permitiría la suspensión de las instituciones autonómicas. Si fuera preciso, todavía el Estado español podría declarar el estado de excepción y más allá, si hubiera riesgo de insurrección, el de sitio con nombramiento incluido de una autoridad militar (art. 116 de la Constitución).
La pregunta podría ser ¿está usted de acuerdo con que se reforme la Constitución española para permitir la independencia de Cataluña?
Pero todas estas medidas constitucionales ¿cuánto tiempo pueden mantenerse contra la voluntad mayoritaria de los catalanes?, ¿se suspendería la Generalitat indefinidamente y Cataluña pasaría a regirse por un gobernador militar? No parece que esta actuación pudiera durar mucho tiempo en un Estado de la Unión Europea y se le podría decir a Rajoy lo mismo que le dijo Talleyrand a Napoleón, precisamente hablando del control militar de España: “Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas”. O de forma más moderna, leerle el Dictamen del Tribunal Supremo canadiense: “Nuestras instituciones están basadas en el principio democrático y, en consecuencia, la expresión de la voluntad democrática de una provincia conferiría legitimidad a los esfuerzos que realizara el Gobierno de Quebec para iniciar el proceso de reforma constitucional para proceder a la secesión a través de medios constitucionales”. Por eso, si en las próximas elecciones del 25 de noviembre se produjera una victoria de las fuerzas soberanistas y decidieran celebrar el referéndum de autodeterminación, me parece que lo más adecuado desde un punto de vista democrático sería seguir la vía canadiense y convocar un referéndum en Cataluña, lo que puede hacer el Gobierno (art. 92 de la Constitución), tal y como ha sugerido, desde una posición defensora de la unidad, el profesor Francesc de Carreras. Me atrevo a añadir por mi cuenta que, a pesar de alguna afirmación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008, no creo que el principio de la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2 de la Constitución) impida una pregunta que dijera algo así como ¿está usted de acuerdo con que se reforme la Constitución española para permitir la independencia de Cataluña?
A partir de ahí, todavía se pueden aprender algunas cosas de la experiencia canadiense. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, fijar los términos de validez del referéndum (“un voto claro de la mayoría de los quebequeses sobre una pregunta clara”). Y en el ámbito político, estudiar los motivos que llevaron a darle la vuelta a las encuestas y desembocar en una impresionante victoria de los unionistas en el referéndum de 1980 (60%-40%), sobre todo la inteligente campaña del primer ministro, el carismático Pierre Trudeau, que supo conquistar a los quebequeses con sus propuestas de renovación del federalismo canadiense. Por eso, creo que el mejor servicio que puede hacer el Gobierno a la unidad de España es construir un discurso ilusionante sobre nuestro futuro en común, dejando las descalificacionesalgarábicas para otra ocasión.
Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional.
fuentes http://elpais.com/elpai

Qué cambiar, qué mantener


Un país que se enfrente a circunstancias extraordinarias puede considerar que los procedimientos existentes no son adecuados o resultan insuficientes para resolver los problemas a los que se enfrenta. De ahí que sea legítimo plantearse la cuestión de qué normas o instituciones debe cambiar y, a la vez, cuáles debe preservar. El equilibrio entre estos dos extremos es de todo menos fácil. Por un lado, el peligro de cambiar las reglas del juego bajo la presión de la necesidad y la urgencia es degradar el valor de esas normas y la confianza de la gente en ellas. Pues si las normas se suspenden o se cambian en situaciones críticas, ¿para qué están entonces? Pero por otro lado, debemos considerar hasta qué punto debemos ser flexibles y aceptar entablar una discusión sobre qué normas y qué procedimientos debemos modificar, incluidas aquellas de rango constitucional. Lo hemos hecho, recordemos, en el contexto de esta crisis (al introducir los límites al déficit en el texto constitucional) con el fin de asegurar nuestra supervivencia económica. No hay pues ninguna razón para que no podamos hacerlo para asegurar nuestra supervivencia política.
Todo esto viene al caso del debate abierto en torno a la posible realización de una consulta independentista en Cataluña. Pues al igual que el fin no justifica los medios y en modo alguno se debería aceptar que la legalidad constitucional fuera violentada unilateralmente, también es cierto que considerar materialmente imposibles fines como la secesión cualesquiera que sean los procedimientos que se utilicen para llegar a ellos carece igualmente de sentido y constituye un elemento deslegitimador del sistema político.
No dejaría de resultar paradójico que un país como España, que ha llevado a cabo un proceso de transición considerado generalmente modélico en cuanto a su capacidad de invertir de forma pacífica un marco político autoritario y trocarlo en democrático sin llevar a cabo una ruptura desde el punto de vista legal, se encontrara ahora en una situación en la que su rigidez constitucional le abocara a un conflicto de legitimidades entre el marco jurídico-legal (la Constitución) y un nuevo marco político que, de forma pacífica y mayoritaria, abogara desde Cataluña por realizar una consulta en torno a la independencia. Porque esa es la situación que se viene configurando en los últimos meses, el de un escenario en el que se enfrentaran dos legitimidades, la formal-constitucional, que prohíbe tanto los referendos unilaterales como la secesión de una parte del territorio, y una legitimidad democrática surgida del pronunciamiento mayoritario de los representantes electos o, posteriormente, de una mayoría relevante de la población catalana.
Volvamos la mirada sobre el reformismo que evitó un gran desgarro de España en los 70
Desactivar el choque de trenes entre esas dos legitimidades es imperativo pues de él nadie saldrá ganando, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en Europa. Volvamos pues la mirada sobre el reformismo que evitó un gran desgarro en la España de los años setenta ya que sigue siendo un buen modelo para resolver los problemas del futuro. Si los constituyentes de 1978 dotaron a España de una Constitución sumamente rígida fue más por miedo a una involución democrática y por la necesidad de preservar los delicados equilibrios políticos, sociales y territoriales en los que se asentó la transición que por un desprecio de la flexibilidad y el reformismo, que está en su código genético. Claramente, las mejores décadas de nuestra historia han venido de la mano de un reformismo continuado y de la construcción de puentes entre ideologías y territorios, no de la ruptura. España es una sociedad plural y a la vez plurinacional, donde como demuestran reiteradamente los procesos electorales celebrados en Cataluña y el País Vasco, el juego político es un tira y afloja entre minorías que son lo suficientemente amplias como para tener que ser incluidas o, por lo menos, no marginadas, y mayorías que normalmente son demasiado exiguas y transitorias como para gobernar de forma hegemónica o cambiar unilateralmente el marco jurídico-político. Pese a las transformaciones cruciales que ha experimentado España en estos últimos treinta años, esa doble pluralidad sigue estando ahí y ejerciendo un papel moderador. No mostrar ahora la flexibilidad y la voluntad de diálogo y compromiso que se mostró entonces sería una traición a ese espíritu que animó el retorno de la democracia a España.
Como muestran los casos de Quebec o Escocia, que nada obligue a un Estado a tomar en cuenta las aspiraciones secesionistas de un territorio (pues ni en el derecho internacional existe, más allá de los casos de descolonización, un derecho a la autodeterminación ni es preceptivo que una constitución democrática incluya el derecho a la secesión) no significa que una comunidad política pueda soslayar indefinidamente la toma en consideración de la voluntad de una parte de la población de separarse del Estado, si esta existiere, y de hacerlo mediante un proceso democrático.
A fecha de hoy, los catalanes son ciudadanos de una democracia occidental que, a su vez, es miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa por lo que automáticamente gozan del máximo nivel y protección de derechos políticos, económicos y sociales existentes en el mundo. Es pues a los independentistas a los que corresponde valorar cuál sería el coste de una secesión unilateral y no pactada que no fuera acompañada de un acuerdo con un Estado, el español, que es miembro de la UE. Por eso, aunque para cualquier Gobierno español, hacer de un bloqueo de la adhesión de una Cataluña independiente una cuestión de principio o blandir este como amenaza no es una posición razonable, tampoco le puede ser exigible que se pliegue sin más a convalidar internacionalmente una secesión no pactada constitucionalmente. Pero al igual que el fin no justifica los medios ni los partidarios de la independencia pueden pretender sin más saltarse el marco legal existente, una comunidad debe disponer de medios con los que resolver conflictos acerca de los fines últimos de su pacto social. Por eso, mientras que los sentimientos de identidad y pertenencia a la nación son inconmensurables y no pueden negociarse ni dividirse, los procedimientos sí que lo son.
Las próximas elecciones catalanas confirmarán hasta qué punto los ciudadanos de esa comunidad validan con su voto la idea de recorrer el camino hasta la independencia mediante una consulta soberanista. Aceptar esa consulta, aun a riesgo de perderla, es mejor que rechazar de plano su mera posibilidad. Ello no solo invalidaría la estrategia victimista y deslegitimadora de la que hacen gala muchos independentistas, sino que permitiría al Gobierno recuperar la iniciativa, tanto en lo referido a las negociaciones de los aspectos sustantivos (Estatuto, concierto fiscal, etcétera) como en lo referido a los procedimientos pues el Estado, una vez aceptada la consulta, sí que tendría toda la legitimidad, vía las Cortes Generales, para decidir acerca de los plazos y, sobre todo, la formulación de la pregunta o preguntas y, a posteriori, la gestión de sus consecuencias legales o constitucionales.
Hay que construir una opción de permanencia atractiva para los ciudadanos de Cataluña
Por eso, al igual que el Estado no puede rechazar indefinidamente la celebración de una consulta soberanista, siquiera como posibilidad, tampoco debería aceptarla sin más. Esa consulta tendría que estar situada dentro de un proceso, una “hoja de ruta” donde, idealmente, esta se produjera solo al final, como instrumento ratificador de un acuerdo o, eventualmente, de un fracaso. Eso abriría la oportunidad de comenzar a pensar en cómo podrían los partidarios de la unidad ganar esa consulta, cuestión a la que entre prohibiciones, amenazas y descalificaciones, ni el Gobierno, ni la oposición, ni la opinión pública parecen haber dedicado mucho tiempo. Porque si resulta que en su fuero íntimo, el Gobierno, la oposición y la mayoría de la sociedad española están convencidos de que no disponen de argumento de peso u oferta política o económica alguna que pudiera inclinar la balanza del lado de la permanencia en España en caso de una eventual consulta, entonces el escenario al que nos enfrentamos es mucho peor de lo que imaginamos ya que, ciertamente, iríamos a ese choque de trenes entre las dos legitimidades. Por ello, más que negarse a una consulta, Gobierno y oposición deberían plantearse cómo construir una opción de permanencia en España que fuera atractiva para una amplia mayoría de ciudadanos de Cataluña y que, en tanto en cuanto resolviera los mismos problemas a un coste menor y con un beneficio mayor, permitiera acreditar y ameritar la permanencia como una opción de mayor valor que la secesión.
José Ignacio Torreblanca es Profesor en la UNED y miembro del Círculo Cívico de Opinión.
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Política comparada a gusto del consumidor


No puedo por menos que coincidir con la conclusión de Los términos del desafío soberanista (EL PAÍS, 15 de enero): “En su vertiente política, la respuesta al desafío soberanista de Mas debe ser una respuesta política”. Me sucede con todas las tautologías. Otra cosa es que la conclusión se siga no trivialmente del resto del artículo, sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones.
Uno. Un asunto menor es mi “lectura sesgada” de Buchanan. En uno de sus trabajos resume su tesis: “El derecho a la secesión se considera como un ‘último recurso’ para reparar graves injusticias, no como un derecho de ciertos tipos de grupo (las ‘naciones’, los ‘pueblos’, etcétera, en tanto que tales)”. Me cuesta ver la diferencia con mi afirmación de que “el ‘derecho’ a la separación es, si acaso, derivado, respuesta a una violación sistemática de derechos básicos”.
Dos. Branchadell apela a una “redistribución discriminatoria”, que se daría en Cataluña. Sus avales no abruman. Uno es Juan Linz, hablando de los años sesenta, y otro Guillem Graell, de 1902. Con pocos datos, si los tenían. Hoy son mejores. Por ejemplo, el informe de Expansión (y otro parecido del BBVA) muestra que Cataluña es, con Andalucía, la autonomía que más infraestructuras ha conseguido del Estado en la última década. Quizá todo se entiende cuando Branchadell precisa que “hay que atender no solo a los datos sino también a la manera (sic) como son percibidos actualmente”. Acabáramos, se trata de la propaganda.
Tres. Finalmente, acude a la definitiva ciencia de la “política comparada” en una esforzada casuística que no estremece estadísticamente, aunque sí en los resultados, dramáticos en muchos casos. Como mi afán de cooperar no tiene límites, le proporciono otros datos. Solo conozco dos países que contemplen constitucionalmente la posibilidad de secesión: San Cristóbal y Nevis, dos islas antillanas que comparten Estado, y Etiopía. Clavaditos a nosotros.
Cuatro. Por lo demás, la casuística resulta irrelevante para la fundamentación de la secesión. De otro modo deberíamos concluir que la humanidad debe resolver sus problemas a tortas, puesto que no ha hecho otra cosa en su historia. Simple política comparada.
Cinco. Quedan para mejor ocasión sus apreciaciones ad hominen. Lo divertido siempre se hace esperar.— Félix Ovejero.
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Teoría y práctica de la independencia


No me acabo de reponer. Cuando intentaba entender qué había llevado a los sindicatos catalanes a defender un pacto fiscal y unas políticas lingüísticas que quiebran el principio de igualdad entre los ciudadanos, me entero de que asistieron a la manifestación independentista. Pero, en fin, con un poco de esfuerzo, puedo conjeturar alguna explicación, no muy caritativa, puestos a decirlo todo. Eso sí, lo que está fuera de mi entendimiento es el silencio de los sindicatos y de la izquierda en el conjunto de España. Incluso algunos dicen, como en los años de plomo, “algo habremos hecho los españoles para llegar aquí”. En realidad, se deberían preguntar qué es lo que no han hecho, por su dejación, por qué han aceptado sin rechistar tanta retórica trucada, peor que la de la Liga Norte.
Pero ahora, tal como ha dibujado el debate Mas, ya no cabe silbar. La propuesta secesionista no permite la equidistancia, por la misma razón que no hay un punto intermedio sobre el matrimonio homosexual. A favor o en contra. Tampoco cabe la retórica de la reacción, ese empalagoso “la culpa es que no nos quieren”. Si pueden, que fundamenten su propuesta, que no es sencillo, pero que no se justifiquen. Me fascinan las piruetas de quienes, para defender ideas que hace dos días consideraban desvaríos, se explican a sí mismos. Toda su teoría es la de Jeanette: “Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así”. Hacer sociología de uno mismo es negarse la capacidad de juicio. Deshonestidad intelectual.
El debate está abierto y, por supuesto, cabe abordar sus fundamentos. Algunos hemos dedicado libros a ello, pero, si me permiten una recomendación, busquen Secession, un clásico reciente escrito por un filósofo de procedencia marxista, Allen Buchanan. Su tesis es sencilla. El territorio político es un proindiviso, no una sociedad anónima. No es un contrato entre partes. Sevilla es tan mía como de un sevillano. O tan poco. Todo es de todos sin que nada sea de nadie en particular. Se decide en ese espacio jurídico, no se decide ese espacio. Mi propiedad es legítima porque existe previamente ese terreno común. Se vota dentro de las fronteras, no las fronteras. El “derecho” a la separación es, si acaso, derivado, respuesta a una violación sistemática de derechos básicos, como sucede con las colonias. La democracia resulta imposible si una minoría, en desacuerdo con las decisiones, amenaza con “marcharse con lo suyo”. Entonces la democracia rompe su vínculo con las decisiones justas y se convierte en un juego de amenazas. Lo podríamos llamar “el teorema de Marbella”: con una identidad compartida —que da el dinero— a prueba de carbono 14 y un “expolio fiscal” estratosférico, los marbellíes no pueden decidir que “se van con lo suyo”, porque, aunque dueños cada uno de su parcela, Marbella no es suya con independencia de una ley de todos y dentro de la cual cobra sentido hablar de mío y tuyo.
El primer paso es que Mas vaya a las elecciones con la independencia por bandera
Eso sobre los fundamentos, pero ahora estamos en otra cosa, en una respuesta política a la iniciativa del nacionalismo. Quien se cargó el pacto fiscal fue Mas. El pacto fiscal no es una alternativa a la independencia cuando se nos dice que es el camino a la independencia. Si no estamos en lo mismo, no cabe discutir sobre fiscalidad. Y si estamos en lo mismo, entonces, entre todos, como conciudadanos, no como pueblos, nos ocupamos de la justicia distributiva —no de la solidaridad, que no somos una ONG— atendiendo al principio —de la Constitución española, que no de la venezolana— de que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Es posible que, como respuesta política, en algún momento, debamos preguntar por la independencia. Una pregunta que por lo dicho, porque Cataluña, como territorio político, no es más mía que de Anasagasti —por mencionar a un manifestante del otro día en Barcelona—, debería hacerse a todos los españoles. De todos modos, quizá, en el orden de las cosas, haya que pasar por una consulta en Cataluña. Sobre eso, poco que añadir a lo escrito aquí mismo por Ruiz Soroa.
Pero ese sería el final de un largo recorrido. El primer paso es que Mas vaya a unas elecciones con la independencia por bandera. Sin subterfugios. Con la palabra exacta: independencia. Su guión es nuevo: sus votantes compraron una negociación y ahora les ofrece un drama. Es algo más que el truco fundante del nacionalismo: un conjunto de individuos (los nacionalistas) sostiene que otro conjunto de individuos (más numeroso) es una nación y que ellos son sus portavoces. Ahora nos dice que esos otros quieren irse de un país. Un mensaje que no admite presentaciones desdramatizadas. Mas nos tiene que contar en detalle cómo va a llegar a la independencia y su precio. Quizá los catalanes comiencen a reparar —los empresarios, ya avisan— que la fuente de sus problemas no es “Madrid”, sino sus dirigentes.
No solo Mas tiene que hablar. No está de más decirlo. Con frecuencia, ante las tesis nacionalistas, buena parte de nuestra clase política no pasa del “no estoy de acuerdo, pero las respeto”. Como si les preguntaran sobre el vegetarianismo. A nadie se le ocurriría responder lo mismo a cuenta del sexismo. Si uno está en contra de algo, lo que hace es combatirlo en buena ley democrática. Tampoco vale, ahora menos que nunca, esa actitud intimidada que lleva a tantos a no opinar sobre lo que pasa en otra parte de España. Personas capaces de manifestarse en contra de remotas injusticias se callan ante el temor de que les digan que “no se metan en nuestras cosas”. Se han de escuchar todas las voces, no ya porque seguimos hablando de redistribución de riqueza entre conciudadanos o de vetos que rompen la igualdad en el mercado de trabajo, sino porque se trata del marco político de todos. Y su ruptura tendrá consecuencias en la vida de todos.
El cuento de que todo seguirá como si tal cosa es una patraña más de los nacionalistas
Pero hay otras razones para que todos hablen. En esas elecciones votaremos los catalanes, pero antes de hacerlo nos importa saber qué estamos decidiendo, qué nos jugamos. Algo que no depende de nosotros. Y Mas no puede contestar a las preguntas importantes, que no son que si ejército o Barça, sino qué pasará con las empresas españolas, los mercados, las pensiones, los funcionarios del Estado, nuestros ahorros, la financiación de nuestras empresas y mil cosas más. Mas nos dirá que la vida sigue igual. Pero nos mentirá. Lo que pueda venir después de una separación no depende de sus fantasías. No se ve por qué quienes tanto nos malquieren, tras un desgarro de tal magnitud, van a estar deseando amistar en una confederación. El cuento de que todo seguirá como si tal cosa es una patraña más de los nacionalistas. Por ejemplo, cuando les preguntan por la Unión Europea. En esto, al menos, Pujol ha sido sincero. Estaremos fuera.
Esto se ha puesto serio y ya nada va a ser igual. Mas se ha metido en un fangal y si encalla, no puede pretender que, al final, todo sea como antes. Ya no cabe el equilibrismo. Es posible que los nacionalistas intenten una nueva pirueta, pero es cosa de todos —un debate nacional— recordarles que ellos han dibujado un dilema en el que no hay terceras vías ni marcha atrás. Que nadie se engañe, la situación actual no es resultado de ningún agravio, sino de una estrategia de muchos años con la independencia como chantaje latente. Sin tregua, porque, alimentada de su propio éxito, el resultado siempre era el mismo: tan ofendidos como antes y los demás preguntándonos qué habíamos hecho. Una meditada ingeniería social consentida por todos ha permitido levantar una sociedad de ficción. Así ha sido posible que aceptáramos delirios como que los catalanes no puedan escolarizarse (también) en su lengua mayoritaria y común. Ahora Mas ha dado por terminado el juego. Bien, le tomamos la palabra. A las elecciones sin ambigüedades. A sabiendas, eso sí, de que al día siguiente nada volverá a ser igual. Entre todos discutiremos esto y discutiremos todo. Desde el principio.
Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona. Su último libro publicado es La trama estéril  (Montesinos).
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