El socialismo valenciano propone un Estado sin provincias y con naciones

La supresión de la provincia como estructura obligada en la articulación territorial del Estado -que conllevaría “la no necesaria existencia de laDiputación como institución de Gobierno”- y un “reconocimiento expreso de los hechos diferenciales y de la asimetría entre comunidades, ya sean estas reconocidas como naciones, nacionalidades o regiones”, son dos de las reformas de más calado que plantea el borrador de un documento en el que trabajan los socialistas valencianos para hacer su aportación al debate sobre el modelo federalista en el seno del PSOE.

El documento, titulado Un federalismo integrador para la España del siglo XXI, apuesta decididamente por la reforma de la Constitución desde la legitimidad de una fuerza política que “ha propuesto y ha apoyado todos los grandes hitos en la construcción y el desarrollo del actual Estado Autonómico”. Concretamente, se pronuncia por la derogación del actual Título VIII de la Constitución y la aprobación de uno nuevo que incorpore el reconocimiento explícito de las actuales comunidades autónomas y de la autonomía local “como tercer pilar del Estado”, que clarifique el reparto competencial entre los distintos niveles de gobierno “evitando toda tentación centralizadora y dando pleno sentido al principio de subsidiariedad”. También aboga por la “constitucionalización” de los principios de un sistema de financiación basado en la autonomía fiscal y la corresponsabilidad.

Elaborado a partir de reflexiones de especialistas del mundo universitario, no pretende ser “un informe de expertos para discutir sobre constitucionalismo”, advierte el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, sino “una propuesta política” para la que estarían los socialistas valencianos particularmente legitimados, ya que pueden jugar “un papel de síntesis” entre posiciones como las que promueven los socialistas catalanes o la federación andaluza. En ese sentido, tras su aprobación por el Comité Nacional del PSPV-PSOE el próximo mes de marzo, la intención es llevar el documento al Consejo Territorial del PSOE de cara a la definición de la alternativa federalista del partido.

Con la idea de “culminar la arquitectura institucional” del Estado autonómico, el borrador concreta el carácter integrador de la propuesta en los conceptos de “coordinación y cooperación”, el primero entendido como reconocimiento jurídico y formal de “la capacidad de propuesta y jerarquía entre niveles de gobierno” y el segundo como un ejercicio voluntario de las partes que se debe fomentar. El impulso de lo que denomina “un modelo de relación plural e integrada” entre las diversas comunidades autónomas implicaría reformar el Senado (para que fuera Cámara de primera lectura de las leyes con especial incidencia territorial), institucionalizar la Conferencia de Presidentes y reforzar la cooperación multilateral, potenciando las conferencias sectoriales, pero también “ampliar y desarrollar la cooperación bilateral” entre comunidades.

“La propuesta de ampliación de la cooperación bilateral es consecuente con el reforzamiento de la cooperación multilateral, pues ambas son imprescindibles en nuestro modelo y se complementan entre sí”, explica el borrador del documento, que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba tiene sobre su mesa. Ampliar la participación de las Administraciones territoriales en las decisiones que afecten a su ámbito competencial y adaptar las agencias públicas para convertirlas en “auténticas agencias integradas por todas las Administraciones que conforman el Estado” son ideas que se derivan de la constatación de que la cooperación entre comunidades autónomas es “uno de los déficit más destacados” del actual modelo autonómico. De ahí que se plantee “relanzar la cooperación horizontal” mediante mecanismos que faciliten “la formación de posiciones comunes en los asuntos que hayan de debatirse con el Estado”.

“En general, la colaboración horizontal en España ha alcanzado cotas muy inferiores a las que se registran en países como Alemania, Austria, Canadá o Suiza”, señala el documento, que propone también reforzar la participación de las comunidades autónomas en el ámbito de la Unión Europea y su coordinación con el Estado en la acción exterior. Todo ese planteamiento persigue una dinámica institucional nueva, basada en el criterio del “gobierno compartido” para aplicar las grandes política públicas y situada en las antípodas de cualquier tentación recentralizadora. El documento se pronuncia, pues, por un Estado federal “en denominación y estructura”.

“Necesitamos construir un escenario en el que los ciudadanos de los diferentes territorios puedan desarrollar sus sentimientos de pertenencia, sin incompatibilidades entre ellos”, apunta el texto en alusión implícita al proceso hacia la independencia emprendido en Cataluña. “La solución federal permite combinar soluciones de diferente intensidad nacional y de autogobierno sin romper la igualdad de derechos y la equidad de trato para los ciudadanos de los diferentes territorios”. Aunque también advierte: “En España cabe la solución federal, pero su aplicación requiere cambios profundos de nuestra cultura política, visión a largo plazo, abandono de prejuicios, generosidad y ambición democrática”.

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