viernes, 22 de agosto de 2014

Trias dice que el Estado puede prevaricar si prohíbe una consulta legal

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de Convergència, dijo ayer que la consulta soberanista será legal y que por tanto, si el Gobierno de Mariano Rajoy trata de impedirla, cometerá un delito. “Si el Estado prohíbe una cosa sabiendo que es legal será un hecho muy grave porque eso significará prevaricar”, afirmó. El Gobierno ha advertido de forma reiterada de que el referéndum soberanista catalán no se puede celebrar porque es ilegal y que, por tanto, será suspendido por el Tribunal Constitucional.
En una entrevista en el canal autonómico 3/24, el primer edil de Barcelona lamentó que el Ejecutivo amenace constantemente a la Generalitat por entender que se mueve fuera de los límites de la Constitución. Por ello, Trias deploró que se dediquen tantos esfuerzos a descalificar la consulta cuando cree que debe hacerse lo contrario. “Tenemos que ser muy tozudos y defenderla. Es un error decir que no se puede hacer”, señaló. En su opinión, Artur Mas tiene muy clara la hoja de ruta que pasa por convocar el referéndum antes del 24 de septiembre. En el caso de que el alto tribunal lo invalide, el alcalde cree que el presidente catalán convocará a todos los partidos soberanistas para adoptar una decisión común.
“Hay que tener cuidado. Las estructuras del Estado deben hacer bien las cosas”, dice Trias
“¿Y qué propone? ¿Sacar las urnas a la calle pase lo que pase?”, le preguntó el periodista. Fue entonces cuando Trias reiteró que es el Estado el que no debe romper la legalidad a riesgo de prevaricar. “Hay que tener cuidado. Las estructuras del Estado deben hacer bien las cosas”, abundó el regidor, quien no dudó que el referéndum será constitucional y que, por tanto, no será suspendido.
El discurso de Trias causó estupor en las filas del PP porque, de hecho, ha sido el primer político convergente que maneja la tesis de que el Estado pueda prevaricar. Alberto Fernández Diaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, acusó al alcalde de comportarse como un “inquisidor” contra quienes no asumen el “dogma” independentista.
El reto independentista le está costando a Cataluña millones de euros y de empleos", avisa Javier Arenas
Para el dirigente popular, Trias distorsiona la realidad al ser el Ejecutivo catalán el que podría incurrir en desacato si desoye a los tribunales. E instó a Trias a aclarar si acatará la decisión del alto tribunal o si bien asumirá el llamamiento que hizo el líder de ERC, Oriol Junqueras, de desobedecer al Constitucional si suspende la consulta.
Mas y Rajoy se sentaron a dialogar el 30 de julio por primera vez en un año. El hielo se rompió, pero el partido continúa. La semana pasada, el democristiano Josep Antoni Duran Lleida avisó al presidente del Gobierno de que la pasividad de La Moncloa en el conflicto catalán costará muchos millones de euros y la subida de la prima de riesgo. Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica del PP, replicó ayer volviendo del revés el mismo argumento. “El reto independentista le está costando a Cataluña muchos millones de euros y de empleos”, dijo, pidiendo a Mas que recupere la moderación. “La estrategia del referéndum ilegal es irresponsable. CiU está consiguiendo ponérselo en bandeja a ERC y eso no es bueno para nadie”.
fuentes http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/19/catalunya/1408480191_106846.html

Demos’ y lo demás

No sé si es porque tenemos una clase política dominada por abogados —en comparación, tenemos pocos politólogos, sociólogos, economistas o representantes de otras disciplinas científicas—, pero la discusión en relación al 9-N transcurre en un terreno demasiado legalista y poco político. Desde luego en Madrid, donde hay una confianza (infundada) en el poder calmante sobre el ímpetu soberanista que puede tener la ofensiva jurídica contra el referéndum catalán, ya sea desde el Congreso, la fiscalía o el Tribunal Constitucional. Pero también en Cataluña, donde la discusión también discurre sobre cuestiones legales: vamos a aprovechar este hueco legal X para meter Y en la ley de consultas y, si lo hacemos en un plazo Z, podemos “hacerlo legal”. Tenemos una batalla de abogados, blandiendo armas jurídicas unos contra otros.
Oriol Junqueras ha tratado de romper esa dinámica —de forma algo abrupta, ciertamente— al manifestar que se puede desobedecer al Tribunal Constitucional porque es, en última instancia, un órgano político. Creo que sus declaraciones deberían servirnos para quitarnos la venda jurídica de los ojos que casi todos llevamos puesta y afrontar la sustancia política del problema. El problema de fondo es cuál es el “demos” o comunidad política, cuál es el sujeto político. ¿Es España o es Cataluña? Nos guste o no, muchos catalanes no sienten que su “demos” sea España. Ese sentimiento no se cura con leyes y, además, como muestra Germà Bel en Anatomía de un desencuentro, hay indicaciones empíricas que apuntan a que las causas de ese sentimiento se encuentran más en el resto de la Península que en Cataluña.
No estamos delante de un conflicto de legalidad contra legalidad o de legalidad contra democracia. Es un conflicto sobre quienes formamos parte de la comunidad política. Esta es la pregunta política más básica y que sirve de fundamento para —y no es resultado de— un marco jurídico. Es la primera pregunta política a la que debe enfrentarse cualquier persona: ¿Quiénes forman parte de mi comunidad? ¿A quién pago los impuestos y de quién recibo las transferencias?
Cuanto antes nos demos cuenta del alcance profundo del problema, antes podremos encontrar una fórmula de resolución, que, para empezar, no tiene por qué implicar un referéndum el 9-N con una doble pregunta que es a la vez ambigua y tendenciosa. Reconocer el problema quiere decir discutir quién constituye, para empezar, ese demos y cómo debemos consultarlo: ¿Una sola vez o varias en diversos años? ¿Qué tipo de pregunta resulta menos problemática?
Al renunciar a discutir la sustancia política, “Madrid” ha dejado que el nacionalismo catalán monopolice la palabra democracia. De forma que, tanto desde un punto de vista interno como también internacional, el problema se está planteando como Ley contra Democracia. Y, obviamente, la democracia vende mejor, con lo que la causa soberanista, en la carrera de fondo, gana adeptos. Ha llegado la hora de que tanto el Gobierno como las fuerzas políticas españolas dejen la toga jurídica y bajen al ruedo político a enfrascarse en las preguntas incómodas, que, queramos o no, han estado entre nosotros desde hace décadas, por no decir siglos.
Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
fuentes http://politica.elpais.com/politica/2014/08/18/actualidad/1408382846_478253.html


Los partidos soberanistas desafían al Constitucional y enfatizan que se votará

Los cuatro partidos soberanistas catalanes cerraron ayer filas en defensa del referéndum del 9 de noviembre y mostraron su disposición a votar pese a lo que dictamine el Tribunal Constitucional. Dirigentes de Convergència (CDC), Esquerra, Iniciativa y la CUP, todos ellos diputados en el Parlamento autónomo, escenificaron el desafío en la Universidad Catalana d’Estiu (UCE) que se celebra en la localidad francesa de Prada de Conflent. En una ponencia titulada 2014. Año cero: ¿Dónde estamos?, los cuatro políticos coincidieron en dos cosas: llamar a los ciudadanos para que participen en la próxima Diada y garantizar que la consulta será legal al emanar de una ley del Parlament. El Consejo de Garantías Estatutarias tiene de tiempo hasta mañana para emitir un dictamen sobre la validez del texto.
La postura de las cuatro fuerzas, con más o menos matices, va en la línea expresada por Oriol Junqueras, líder de ERC, que llamó el domingo a desobedecer al Constitucional si veta el referéndum. Convergència se mantuvo al margen hasta ayer, cuando su coordinador, Josep Rull, se mostró claro: “Evidentemente, el 9-N se hará, porque lo decide el pueblo de Cataluña, y el Parlament continuará tomando las decisiones, al margen de lo que pueda dictaminar el Constitucional”, sostuvo. Y remachó: “Si se suspende, no nos quedaremos de brazos cruzados y seguiremos trabajando para poner las urnas el 9-N, amparados en la legalidad de la ley de consultas, la legitimidad y la democracia”. El democristiano Josep Maria Pelegrí, consejero de Agricultura del Gobierno de Artur Mas, abogó por elaborar una ley de consultas y un decreto de convocatoria tan perfectos que nadie los pueda impugnar.
Gemma Calvet, diputada de ERC.
Rull, Gemma Calvet, de Esquerra; Josep Vendrell, por Iniciativa per Catalunya, y David Fernández, de la CUP, coincidieron en que una gran movilización en la Diada —la tercera en tres años— resultará clave para determinar la posición del Estado. Con todo, Calvet apostó por no adelantar escenarios al recordar que aún no se ha producido la negativa del Constitucional. La también abogada opinó que el referéndum consultivo es legal y que hay juristas que creen que no infringe la ley fundamental. “Los que se esfuerzan en decir que se debe aplazar la consulta, cambiar la pregunta o que las cosas se hagan de diferente forma lo que quieren es que no se haga”, deslizó en un mensaje a Unió y el PSC. “Votaremos y aceptaremos los resultados porque nosotros sí somos demócratas”, apostilló.

Cita por la independencia

CLARA GIL
La Universidad Catalana d’Estiu (UCE), que se celebra en Prada del Conflent (Francia), es una cita anual del independentismo, que reivindica también unos Países Catalanes. Nacida en 1968 como un foro catalanista en la clandestinidad, la UEC se celebra desde entones cada verano y congrega a dirigentes políticos, académicos y plataformas sociales defensoras de la soberanía de esa comunidad. Dos consejeros de Artur Mas (Ferran Mascarell, de Cultura, y Boi Ruiz, de Sanidad) han participado ya este año en el foro.
Tras la gran manifestación de la Diada de 2012, la Universidad Catalana ha cobrado relevancia, pese a los recortes en las subvenciones públicas. Entre sus principales padrinos y fieles a la cita se encuentra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien tenía previsto asistir a dos actos esta semana y que canceló su presencia tras confesar que ha mantenía una fortuna oculta en el extranjero desde hacía 34 años. La Universidad gira básicamente en esta edición alrededor de la consulta soberanista y ha celebrado debates sobre las características de una hipotética Cataluña independiente.
Tras arrancar su intervención con un discurso social, criticando los recortes de Mariano Rajoy y de Artur Mas, el ecosocialista Vendrell reconoció que en su partido cohabitan diferentes sensibilidades, como federalistas e independentistas. Pero destacó que no difieren en que desean votar el 9-N. “Nos equivocaríamos mucho si pensáramos que este es un proceso solo para independentistas”, afirmó, para resaltar que en la consulta tendrán cabida tanto los síes, como los noes, y que lo que cuenta es ejercer un derecho. No olvidó llamar a la “unidad” de los soberanistas e invitó al PSC a sumarse al proceso: “Pensamos que aún falta gente, que esta mayoría podría ser mucho más amplia”.
David Fernández, de la CUP, enfatizó que habrá consulta y que los catalanes saldrán a votar. “Quien cometerá una ilegalidad por prohibir la democracia serán los 12 jueces del Constitucional”, avisó. “No pensamos pedir permiso para ser libres. Tenemos un mandato nacido de las urnas, la legalidad catalana, y no planteamos ninguna alternativa que no sea poner urnas”, señaló Fernández, quien hace tres días recordó que si los ciudadanos tuviesen siempre que acatar la ley aún existiría la mili o no habría avanzado la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos.
 fuentes http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/20/catalunya/1408532217_950768.html

Urkullu pedirá a Rajoy que “apure las posibilidades de diálogo” con Mas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, animará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que “apure todas las posibilidades de diálogo” con Artur Mas ante el desafío soberanista de la Generalitat, según fuentes del Gobierno vasco. Lo hará en la nueva reunión que ambos celebrarán, previsiblemente a primeros de septiembre. Urkullu, quien mantiene una actitud “prudente” y “distante” hacia la vía independentista por la que transitan el Ejecutivo catalán y sus socios, ratificará ante Rajoy la “vía vasca” de renovación del autogobierno por la que ha apostado.
El lehendakari también mostrará al jefe del Ejecutivo su malestar por la treintena de recursos que ha interpuesto contra el Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional y que el Gabinete peneuvista interpreta en clave de “regresión autonómica”. Igualmente, trasladará su queja por la falta de respuesta a las dos cartas que le envió antes de las vacaciones para solicitarle una entrevista.
Urkullu y su partido, el PNV, consideran desde hace tiempo que el referente que ha de seguir Euskadi en esta materia es Escocia mucho más que Cataluña. Una delegación peneuvista, con su presidente, Andoni Ortuzar a la cabeza, acudirá el 18 de septiembre a Escocia para seguir el referéndum sobre la independencia. Para el PNV, resulta primordial que esta consulta sea el fruto de un acuerdo, en este caso, entre el primer ministro británico, David Cameron, y su homólogo escocés, Alex Salmond, con quien el PNV mantiene relaciones fluidas. Algo que no sucede con el referéndum que pretende celebrar la Generalitat el 9 de noviembre.
El PNV ve con distancia el proceso catalán porque ya sufrió hace ocho años, con el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, un proceso similar de división interna y enfrentamiento con el Estado, que le acarreó, entre otras consecuencias, la pérdida de la centralidad y, con ella, la de Ajuria Enea por primera vez. El PNV considera que en Euskadi no se da el consenso suficiente para una apuesta como la catalana.
Para Urkullu y su partido, además, la situación vasca tiene, en estos momentos, su singularidad: una comunidad que acaba de salir de un ciclo de décadas de terrorismo, con centenares de muertos y miles de afectados, y que tiene pendiente un proceso de convivencia, como prioridad, junto con la superación de la crisis económica.
Más allá de lo que suceda en Escocia y en Cataluña, la apuesta peneuvista ya está decidida: lograr un pacto transversal entre los partidos vascos en la ponencia creada a primeros de año en el Parlamento de Vitoria para lograr un nuevo estatus de autogobierno.
El plazo que el PNV ha fijado en esa comisión para tratar de lograr un acuerdo es lo que resta de la legislatura autonómica, dos años. Pero hasta dentro de uno, tras las elecciones municipales y forales de mayo próximo, las formaciones no plantearán sus propuestas.
Para ese momento, ya estarán más claras tanto la situación de Escocia como la de Cataluña. Y las propuestas del PNV seguirán preferentemente el proceso escocés sobre el catalán por su carácter pactista y por el referente que marcará en Europa, tanto si gana el  a la independencia como si triunfa el no. El PNV recuerda que, aunque se mantenga la unión, existe un compromiso de Cameron de negociar un aumento del autogobierno escocés.
Los peneuvistas manejan introducir en la ponencia autonómica que el nuevo estatus vasco incluya alguna fórmula sobre el “derecho a decidir”.
fuente shttp://politica.elpais.com/politica/2014/08/20/actualidad/1408554241_669874.html

http://politica.elpais.com/politica/2014/08/20/actualidad/1408554241_669874.htmlfuentes

La cónsul de Andorra la Vella expresa su apoyo al derecho a decidir

La cónsul de Andorra la Vella expresa su apoyo al derecho a decidir

Pujol comparecerá en el Parlament

Pujol comparecerá en el Parlament

El Consell de Garanties Estatutàries valida la ley catalana de Consultas

El Consell de Garanties Estatutàries valida la ley catalana de Consultas

El Govern ve 'suficientes argumentos jurídicos' para convocar la consulta

El Govern ve 'suficientes argumentos jurídicos' para convocar la consulta