El Gobierno mira a Escocia para ver qué efectos tendría su independencia

El Gobierno se mira en Escocia para responder a algunas de las preguntas planteadas sobre la posibilidad de que Catalunya convoque una consulta soberanista. Se mira en Escocia porque ya hay bibliografía sobre el referéndum que esta parte del Reino Unido celebrará en septiembre del año que viene para decidir. Con todo, y pese a fijarse en el ejemplo escocés, el Gobierno sostiene que su caso y el de Catalunya son muy distintos, pues las autoridades británicas han permitido la consulta porque sus leyes la permiten. Sobre una consulta en Catalunya, la Constitución española lo impide al consagrar la indisoluble unidad de España, y hacer recaer la soberanía en el pueblo español, lo que hace que una parte no pueda decidir sobre el todo, según fuentes gubernamentales.

El caso es que el Gobierno ha decidido hacer recopilar informes y jurisprudencia en la Unión Europa sobre el derecho de autodeterminación y las consecuencias de la independencia. El Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel García Margallo ha sido el encargado de hacer esta recopilación de informes, ya traducidos al español, que están a disposición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para esgrimirlos cuando haya que responder a un planteamiento independentista desde Catalunya.

Cuando hace diez días surgió la polémica sobre si una Catalunya separada de Europa seguiría en Europa o no, el Gobierno español lo tuvo claro, y sus planteamientos coincidieron con los del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia; de la portavoz de la Comisión en Bruselas y del comisario de mercado interior, Michel Barnier, de viaje en España.

La conclusión del Gobierno es que Catalunya quedaría automáticamente fuera de la Unión, no se basaba sólo en la lectura de los Tratados, sino en el informe que en 2012 encargó el Reino Unido a dos expertos en derecho Internacional. James Crawford y Alan Boyle concluyeron que una Escocia independiente la situaría fuera de la Unión Europea, de la OTAN y de la ONU, mientras que el Reino Unido continuaría automáticamente ejerciendo los mismos derechos, obligaciones y competencias recogidos en el derecho Internacional y no tendría que renegociar tratados existentes ni solicitar de nuevo el ingreso en estas organizaciones.

El informe cita como primera consecuencia jurídica en la esfera internacional que la pertenencia del Reino Unido a "organizaciones clave (incluidas la UE, la OTAN, el FMI, el G8 y el G20) no se vería afectada en exceso por la independencia escocesa", pero Escocia, como "nuevo estado", dicen los autores, tendría que solicitar la adhesión y/o negociar para integrarse en las organizaciones en las que deseara hacerlo". La situación en cuanto a la UE indica que "una Escocia independiente tendría que negociar" su integración, que dependería de la actitud de las instituciones u estados miembros de la UE, en un proceso que "probablemente exigiría la unanimidad de todos los Estados miembros de la UE. el informe añade que "dado que Escocia es un estado nuevo, es más que probable que tuviera que pasar por algún tipo de proceso de adhesión para integrarse en la UE".

Similares conclusiones saca el informe sobre la pertenencia del nuevo estado a otras organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, la organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) y la OTAN, que requieren de negociaciones para adherirse a los Tratados. Para el ingreso en esta última, el nuevo estado debería cumplir los criterios de adhesión, fijados por el Consejo del Atlántico Norte, en el que están representados todos los estados miembros, y que adoptan las decisiones por unanimidad.

En cuanto a las consecuencias internas, el nuevo estado independiente tendría que hacerse cargo de la seguridad, la defensa y la inteligencia; de la administración fiscal y el gasto social, de la política exterior, la política energética y el transporte, así como la política macroeconómica y la monetaria. Además, según el informe, el nuevo estado sería responsable de decidir y aplicar los mejores sistemas para el control y protección de sus fronteras, bienes y flujo de personas.


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