Mayoría en el Govern a favor de una consulta pactada con Madrid
La idea de pactar con el Gobierno español los términos de la convocatoria de la consulta soberanista en Catalunya es la opción mayoritaria en el Gobierno de la Generalitat. De hecho, es oficialmente la primera opción que defiende el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Otra cosa es cómo se gestiona una consulta con el anunciado rechazo del Gobierno central, y por tanto sin cobertura legal española, que es lo que ha animado el debate esta semana a partir de la posición expresada por el titular de Justícia, Germà Gordó, quien consideró casi imposible celebrarla "si no es en el marco de un acuerdo con el Estado".
Podría decirse que en el Govern conviven cuatro sensibilidades. Los "románticos del Estado propio", encabezados por el conseller de Presidència, Francesc Homs, junto a la titular de Ensenyament, Irene Rigau, y el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Un segundo grupo de "soberanistas pragmáticos", con el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, acompañado por los titulares de los departamentos más centrados en la gestión pura y dura: Felip Puig, de Empresa i Ocupació; Neus Munté, de Benestar Social i Família; y Boi Ruiz, de Salut. Los "abanderados del diálogo" porque lo proclaman a los cuatro vientos siempre que pueden son Germà Gordo, de Justícia, y Santi Vila, de Territori i Sostenibilitat, y luego viene el equipo de consellers de Unió Democrática, Joana Ortega, Ramon Espadaler y Josep Maria Pelegrí, los tres de la máxima confianza de Duran Lleida, quien considera el pacto la razón de ser de la política.
Todo empezó en la reunión extraordinaria del Govern celebrada el pasado 16 de marzo en Pedralbes, justo cuando Mas dio la instrucción de "abrir todas las vías de diálogo con Madrid". Hubo sorpresas, porque tres consellers desempeñaron el papel contrario al que se les atribuía. Santi Vila, el conseller más joven recién llegado de Figueres, y Felip Puig, referente soberanista de la militancia convergente, hicieron las intervenciones moderadas, y Ferran Mascarell, el conseller procedente del PSC, elaboró el discurso soberanista más diáfano.
Todo tiene su explicación. Vila llegó a un departamento sin liquidez y con asuntos bloqueados por la falta de acuerdo con el Ministerio de Fomento. Optó por aparcar las reivindicaciones pendientes y hacer borrón y cuenta nueva con la ministra, Ana Pastor. Ha servido para resolver de momento el problema de los camiones en la nacional II, pero no la línea férrea Barcelona-Vic-Puigcerdà. "Hemos avanzado más en tres meses que en dos años", dijo Pastor. La tesis de Vila consiste en evitar el discurso del agravio -los 4.000 millones del traspaso de cercanías- porque bloquea acuerdos menores pero importantes para los afectados. Está convencido de que si la ministra no hace más es porque no puede.
Del mismo modo, Felip Puig, que es ahora el interlocutor de los empresarios, adopta una posición moderada acorde con lo que le pide su clientela, pero también calculando de acuerdo con algún sector de veteranos militantes de CDC que "el monocultivo soberanista beneficia sobre todo a ERC y supone una amenaza para la hegemonía política de CiU". Por algo será que Puig y Vila son los más citados en las quinielas del establishment sobre una posible sucesión de Mas. Al president se le ha oído comentar en referencia a ello: "He puesto en el Govern a todos los que pueden sucederme y algunos que no están es porque no han querido". Se refería, por supuesto, a Oriol Pujol y Lluís Recoder.
El paradigma del "soberanismo pragmático" es Andreu Mas-Colell. El titular de Economia defiende la viabilidad de la independencia de Catalunya pero recuerda "a demasiados impacientes" que ese es un proceso necesariamente largo y, mientras tanto, no renunciará a ejercer ninguna de las potestades de Catalunya como comunidad autónoma española de pleno derecho, máxime cuando el único banco que le da crédito es el Tesoro español. Discreto como es él, Germà Gordó también está trabajando el terreno en Madrid con el Gobierno, en el ámbito judicial y hasta en el frente mediático.
Por motivos diametralmente opuestos, Irene Rigau y Ferran Mascarell, que han chocado con el ministro Wert, no ven otra opción de futuro que "saltar el muro y seguir el propio camino sin desfallecer". Forman parte de los románticos del Estado propio como Francesc Homs, encargado de gestionar el proceso soberanista y otro aspecto fundamental de la realidad política: el pacto con ERC que garantiza la estabilidad del Ejecutivo. Por eso defiende con tanto ahínco la consulta sí o sí, tal como está pactada. Menos claro está el calendario, que dependerá de la evolución de los acontecimientos. El objetivo es una consulta a partir de la ley catalana, pactada o no, impugnada por Madrid, que permita canalizar un conflicto que no tiene vuelta atrás -en eso todos están de acuerdo pese a las incertidumbres que rodean cualquier paso hacia adelante-.
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Podría decirse que en el Govern conviven cuatro sensibilidades. Los "románticos del Estado propio", encabezados por el conseller de Presidència, Francesc Homs, junto a la titular de Ensenyament, Irene Rigau, y el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Un segundo grupo de "soberanistas pragmáticos", con el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, acompañado por los titulares de los departamentos más centrados en la gestión pura y dura: Felip Puig, de Empresa i Ocupació; Neus Munté, de Benestar Social i Família; y Boi Ruiz, de Salut. Los "abanderados del diálogo" porque lo proclaman a los cuatro vientos siempre que pueden son Germà Gordo, de Justícia, y Santi Vila, de Territori i Sostenibilitat, y luego viene el equipo de consellers de Unió Democrática, Joana Ortega, Ramon Espadaler y Josep Maria Pelegrí, los tres de la máxima confianza de Duran Lleida, quien considera el pacto la razón de ser de la política.
Todo empezó en la reunión extraordinaria del Govern celebrada el pasado 16 de marzo en Pedralbes, justo cuando Mas dio la instrucción de "abrir todas las vías de diálogo con Madrid". Hubo sorpresas, porque tres consellers desempeñaron el papel contrario al que se les atribuía. Santi Vila, el conseller más joven recién llegado de Figueres, y Felip Puig, referente soberanista de la militancia convergente, hicieron las intervenciones moderadas, y Ferran Mascarell, el conseller procedente del PSC, elaboró el discurso soberanista más diáfano.
Todo tiene su explicación. Vila llegó a un departamento sin liquidez y con asuntos bloqueados por la falta de acuerdo con el Ministerio de Fomento. Optó por aparcar las reivindicaciones pendientes y hacer borrón y cuenta nueva con la ministra, Ana Pastor. Ha servido para resolver de momento el problema de los camiones en la nacional II, pero no la línea férrea Barcelona-Vic-Puigcerdà. "Hemos avanzado más en tres meses que en dos años", dijo Pastor. La tesis de Vila consiste en evitar el discurso del agravio -los 4.000 millones del traspaso de cercanías- porque bloquea acuerdos menores pero importantes para los afectados. Está convencido de que si la ministra no hace más es porque no puede.
Del mismo modo, Felip Puig, que es ahora el interlocutor de los empresarios, adopta una posición moderada acorde con lo que le pide su clientela, pero también calculando de acuerdo con algún sector de veteranos militantes de CDC que "el monocultivo soberanista beneficia sobre todo a ERC y supone una amenaza para la hegemonía política de CiU". Por algo será que Puig y Vila son los más citados en las quinielas del establishment sobre una posible sucesión de Mas. Al president se le ha oído comentar en referencia a ello: "He puesto en el Govern a todos los que pueden sucederme y algunos que no están es porque no han querido". Se refería, por supuesto, a Oriol Pujol y Lluís Recoder.
El paradigma del "soberanismo pragmático" es Andreu Mas-Colell. El titular de Economia defiende la viabilidad de la independencia de Catalunya pero recuerda "a demasiados impacientes" que ese es un proceso necesariamente largo y, mientras tanto, no renunciará a ejercer ninguna de las potestades de Catalunya como comunidad autónoma española de pleno derecho, máxime cuando el único banco que le da crédito es el Tesoro español. Discreto como es él, Germà Gordó también está trabajando el terreno en Madrid con el Gobierno, en el ámbito judicial y hasta en el frente mediático.
Por motivos diametralmente opuestos, Irene Rigau y Ferran Mascarell, que han chocado con el ministro Wert, no ven otra opción de futuro que "saltar el muro y seguir el propio camino sin desfallecer". Forman parte de los románticos del Estado propio como Francesc Homs, encargado de gestionar el proceso soberanista y otro aspecto fundamental de la realidad política: el pacto con ERC que garantiza la estabilidad del Ejecutivo. Por eso defiende con tanto ahínco la consulta sí o sí, tal como está pactada. Menos claro está el calendario, que dependerá de la evolución de los acontecimientos. El objetivo es una consulta a partir de la ley catalana, pactada o no, impugnada por Madrid, que permita canalizar un conflicto que no tiene vuelta atrás -en eso todos están de acuerdo pese a las incertidumbres que rodean cualquier paso hacia adelante-.
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