El Informe del abogado del Estado recomienda recurrir al TC la declaración de soberanía

El Gobierno tiene entre las manos el informe de la Abogacía del Estado sobre la declaración de soberanía aprobada por el Parlament con el apoyo de CiU, ERC e ICV y que recomienda interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el informe de los servicios jurídicos del Estado consideran que la declaración es recurrible porque "produce efectos jurídicos extra al inducir hacia un fin claramente inconstitucional".

La número dos del Ejecutivo popular ha asegurado por tanto que "la declaración soberanista del pueblo catalán vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución Española" pero ha informado de que habrá que esperar al informe del Consejo de Estado para decidir finalmente si se presenta recurso.

"Vamos a recabar la opinión del Consejo de Estado al respecto", ha confirmado la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros. Ha sido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha enviado a la reunión del Gobierno de este viernes el informe de la Abogacía respecto a la declaración soberanista y donde se ha determinado que es posible recurrir al Constitucional.

En un principio, la dirigente no ha entrado en valoraciones profundas sobre el informe de la Abogacía y se ha limitado a resaltar que "este Gobierno cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes". Así, ha reiterado que el Ejecutivo esperará al siguiente trámite: "recabar el informe del Consejo de Estado". En este sentido, Sáenz de Santamaría ha asegurado que "no voy a vincular ese informe a la decisión del Gobierno, pero el informe del Consejo de Estado es imprescindible para anteponer un recurso de inconstitucionalidad" y en todo caso, este organismo "es el supremo órgano consultivo" del Gobierno. Por tanto, "estamos cumpliendo los plazos y los pasos a seguir", ha zanjado.

Pero la ministra apuntó luego alguna concreción al señalar que los servicios jurídicos del Estado han fundamentado "muy rigurosamente" que la declaración catalana sí que es recurrible ante el TC dado que, a diferencia del plan Ibarretxe -que era un "mero trámite"-, la decisión del Parlament es una "resolución" que supone la apertura de un proceso más amplio.

La vicepresidenta ha reiterado que "en esta mesa señalé y dejé claro que, para nosotros, la declaración era inconstitucional", pero que era necesario ver si dicha declaración "tenía efectos jurídicos". El Gobierno entiende que sí porque una declaración que proclama la soberanía "abre un proceso que se prevé concretar una serie de decisiones", de manera que "con la soberanía, tus capacidades jurídicas son completamente diferentes a si tienes autonomía".

La Abogacía del Estado entiende que "ya no estamos hablando de una acto de trámite", sino de un "acto final, que es la resolución" y que "tiene efectos jurídicos". Preguntada sobre si la Abogacía entiende que la resolución del Parlament es una declaración de independencia, la vicepresidenta ha asegurado que no, por el contrario, ha indicado que el informe judicial dice tres cosas: "Dice que la soberanía reside en el pueblo español; que la soberanía es algo que no admite divisiones y que por tanto la autonomía no es soberanía", y que todas las instituciones del Estado estamos sometidos a las leyes vigentes.

La dirigente ha reiterado que "si esa resolución incumple la Constitución y puede ser impugnable, lo haremos", y ha avisado de que "procederemos de la misma manera, con aquellas decisiones de los órganos de Gobierno o legislativos de las autonomías que no se ajusten a la Constitución".

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