Artur Mas asegura que la cumbre anticorrupción "ha sido tremendamente útil" y que "hay que hacer limpieza en Catalunya"

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha valorado muy positivamente la cumbre anticorrupción que ha celebrado este miércoles con los representantes de las seis instituciones catalanas de control y supervisión pública. Aunque no ha querido detallar las propuestas discutidas, ha comparecido para trasladar el mensaje asumido en el encuentro de que "es necesario hacer limpieza en Catalunya, acabar con todo tipo de irregularidades y fraudes teniendo claro que es muy difícil hacerlo al 100%", ha transmitido.

Mas ha asegurado que la cumbre "ha sido tremendamente útil" y que "han surgido muchas ideas", pero los convocados le han pedido que no las desvele todavía. De esta forma, el president y los asistentes a la cumbre se dan quince días para elaborar un documento de síntesis con tales conclusiones y propuestas que volverán a discutir el próximo día 22 en un nuevo encuentro. 

Según el dirigente catalán, "cada uno ha aportado ideas muy válidas" e incluso algunas ya se encontraban en un acuerdo por parte de todos los partidos políticos del año 2001, un acuerdo "muy potente pero que no se ha cumplido", ha señalado Mas. El president ha avanzado que este acuerdo ofrece margen para elaborar normas y leyes, de manera que se pueden incluir en "la ley de transparencia", que se ha priorizado a través del Parlament. De esta forma, Mas apuesta por dar rango de ley al código de autorregulación sobre finanzas de los partidos y funcionamiento de las campañas electorales -acuerdo que se pacto en 2001-, incorporándolo a las futuras leyes catalanas de transparencia y electoral.

Mas se ha reunido en el Palau de la Generalitat con la presidenta del Parlament, Núria De Gispert, el del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, el Síndic de Comptes, Jaume Amat, al Síndic de Greuges, Rafel Ribó, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso.

Financiación de los partidos

Aunque Mas no ha querido pormenorizar los acuerdos e ideas aflorados en la reunión, ha apuntado que muchas de estas ideas tienen que ver exclusivamente con Catalunya, si bien en casos como en el de la financiación de los partidos, será necesario hacer "alguna gestión" con el Gobierno central al ser un asunto que afecta a competencias básicas del Estado. "Difícilmente las instituciones convocadas pueden opinar sobre este asunto", ha señalado el presidente catalán, quien ha defendido que en el caso de la financiación de los partidos "está todo escrito" y que, "de lo que se trata, es de que se cumpla y se cumpla bien". Así, Mas cree que lo esencial es "aplicar las normas bien, con criterio de honestidad y que haya órganos  que garanticen ese control porque "difícilmente se podrán mejorar" estas normas.

En este sentido, el president ha puesto como ejemplo la auditoría externa de las cuentas que están obligados a hacer los partidos políticos según el articulado de la ley de financiación de partidos políticos y que no se cumple casi nunca, a pesar de que las cuentas también pasan por el Tribunal de Cuentas. "Las normas y las leyes las tenemos pero hay que cumplirlas", ha reiterado.

Pese a su opinión, Mas ha dicho ser consciente de que una de las debilidades es la que afecta a los partidos políticos, a su financiación y a las normas electorales, pero ha señalado la necesidad de situar una línea roja entre lo individual y las instituciones. Con esto, el president reivindica la necesidad de separar el comportamiento correcto de las instituciones del comportamiento de las personas, porque "las instituciones funcionan de manera correcta", ha asegurado.

Erradicar la corrupción al 100% "es imposible"

En esta línea, el jefe del Ejecutivo catalán ha incidido en que "lo que es imposible es que se erradiquen al 100% los comportamientos individuales incorrectos", pero ha reclamado que, cuando los haya, "las respuestas tienen que ser individuales". "Hay que preservar los espacios porque si no, el peligro para la democracia es evidente", ha augurado.

"Estamos en un momento muy delicado desde punto de vista económico y del proceso nacional", por lo que "ahora más que nunca es necesaria esa percepción de que aquí las cosas funcionan, funcionan bien y que la gente aquí tiene un comportamiento honesto", ha solicitado. Pero Mas ha avisado de que los "resultados concretos" de estas iniciativas contra la corrupción "no podrán ser inmediatos porque el juicio público está ahí y todo esto requiere unos plazos que no son los del Govern, ni los que demanda la sociedad", ha admitido.

Partidario de que un imputado no dimita

Mas ha defendido la necesidad de que, en caso de imputación, el afectado no tiene por qué dimitir a la luz de lo que significa, desde el punto de vista judicial, estar imputado. En cualquier caso, el president ha indicado que esa es sólo su opinión personal y que lo realmente necesario es que haya un procedimiento pactado que aclare esta situación, de manera que cuando haya un político con cargo público imputado sepa a qué atenerse y lo sepan también los ciudadanos.

La compatibilidad de una imputación con las responsabilidades políticas ha sido uno de los temas de debate de la reunión, aunque no se ha llegado a una conclusión concreta porque, a su juicio, es un asunto que se debe circunscribir en una negociación entre partidos.

Sin embargo, Mas también ha puesto excepciones a su norma y ha admitido que un imputado debería dimitir si durante el proceso judicial llega un momento en el que el devenir del caso augura o hace sospechar una sentencia condenatoria o cuando, efectivamente, al fin hay una condena. "No es sano para el sistema que al primer indicio -una imputación- ya se dé a la persona por culpable", ha reiterado.

En cualquier caso, el asunto sobre qué hacer en caso de imputación, "debería depender de un pacto" y no de una ley. Para el president, "por ley no se debería de fijar". Así, el president prefiere que se establezca por norma y "de manera clara", aunque no por ley, cuándo un político con ocupación público debería apartarse del cargo. "Es imprescindible por el bien de todos que tengamos estas normas de conducta arcordadas y que socialmente se entiendan", ha emplazado. 

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