domingo, 20 de enero de 2013

El desacuerdo entre Gobierno y Generalitat perjudica a la economía


El desacuerdo institucional por el que atraviesan las administraciones central y autonómica es una de las amenazas que gravitan sobre la economía catalana. El bloqueo institucional derivado de esos desacuerdos evita que se liberen los recursos económicos necesarios para hacer funcionar la economía y abordar los grandes problemas. En particular la escasa capitalización financiera de la Generalitat de Catalunya y la necesidad de acometer y acabar las infraestructuras necesarias para su economía, con mención especial para el corredor mediterráneo y el aeropuerto de Barcelona.

Esas afirmaciones forman parte de las conclusiones de un informe elaborado por el economista José Antonio Herce y la consultora AFI para La Caixa dentro de la colección que la entidad dedica periódicamente a la evolución económica de las comunidades autónomas.

El informe, que se acaba de difundir, y que ha sido elaborado en los últimos meses, es el resultado de la recopilación e interpretación de material estadístico, pero también de las entrevistas mantenidas con un buen número de actores relevantes de la economía catalana. El informe menciona de forma explícita y entre otros a Andreu Mas Colell (Conselleria d'Economia i Coneixement), Miquel Roca (Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País), Salvador Alemany (Carec), Antoni Abad (Cecot), Josep Piqué (Círculo de Economía), Josep Maria Álvarez (UGT), Joan Carles Gallego (CC.OO.), Jordi Canals (Iese), Sixte Cambra (Port de Barcelona), Eusebi Cima (Fepime), Salvador Gabarró (Gas Natural), Modest Guinjoan (Pimec), Àngel Simón (Agbar), Miquel Martí (Moventia), Xavier Pujol (Ficosa) o Constantí Serrallonga (Ayuntamiento de Barcelona)...

De ahí que cobre relevancia la opinión de estos agentes económicos respecto a ese desacuerdo institucional al que se refiere el estudio. Eso es lo que dice el informe: "Mayoritariamente desean que sus especificidades y necesidades en materia de infraestructuras \[las de Catalunya\] sean reconocidas sin reservas y atendidas materialmente dentro de los límites ya trazados por las normas vigentes (disposición adicional tercera del Estatut) y con la exploración de nuevas vías adaptadas a las circunstancias actuales (pacto fiscal)".

¿Cuáles son los problemas que ese acuerdo debería abordar de inmediato? El informe menciona varios, pero aquellos a los que presta mayor atención son la ausencia de solución para puntos críticos de las infraestructuras como el corredor mediterráneo, sin el cual Catalunya "no podrá expresar plenamente las promesas de una localización ventajosa para la comunidad".

Destaca también el perjuicio que para las mercancías y las personas suponen los elevados costes del transporte en el área metropolitana de Barcelona, y en especial los peajes que deben pagar. En este contexto, el informe justifica que "este factor, entre otros, impregne el diálogo institucional de Catalunya con el Estado". El informe menciona asimismo las dificultades de movilidad en las diferentes coronas metropolitanas "a causa... de las disfunciones de la red de cercanías y el elevado coste de las vías de alta capacidad".

A la hora de hablar de oportunidades y necesidades, el informe reclama inserir Catalunya en el contexto de las nuevas rutas globales. En ese sentido, considera que la oportunidad que comporta la existencia de un aeropuerto como el de El Prat se ve amenazada por la fortaleza del aeropuerto Madrid-Barajas, al tiempo que lamenta la ausencia de "un operador local con conexiones globales".

Cómo no, el informe revela la elevada deuda que soporta la Administración catalana (más productiva, por cierto, que las del resto del Estado) y las dificultades que tiene para financiarse. Ahí su diagnóstico es sumarísimo: llevará mucho tiempo resolverlo. Finalmente, el informe destaca la capacidad catalana para construir consensos, en especial el consenso alcanzado por los agentes sociales a la hora de definir la agenda económica. Por ello subraya que una de las amenazas inmediatas es el deterioro creciente de ese consenso como consecuencias de los recortes aplicados por la Administración catalana que pueden llevar a una degradación de los servicios públicos que se ofrecen.
El déficit público acabará el año en el 8,4%
El déficit público cerrará el año en el 8,4%, por encima del objetivo del 7,3% fijado por el Gobierno teniendo en cuenta las ayudas a la banca, según el último informe mensual del Servicio de Estudios de La Caixa. En concreto, la entidad asegura que las cuentas públicas acumularon un déficit del 6,2% del PIB hasta septiembre, aunque la cifra se reduce al 5,3% si se descuentan las pérdidas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, para reducir el déficit hasta el nivel exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sería necesaria una corrección fiscal de 2,2 puntos de PIB en el cuarto trimestre. A pesar de que gran parte del efecto de las medidas fiscales se concentraba en los últimos meses del ejercicio, La Caixa cree que las iniciativas pueden no ser suficientes para alcanzar la meta fijada. El saldo de la Seguridad Social es el responsable del desvío del déficit a finales del 2012.


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