miércoles, 22 de mayo de 2013

El Gobierno cobrará a Catalunya el coste de escolarizar en castellano en centros privados


El proyecto de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que ha aprobado el Consejo de Ministros, establece que el Ministerio de Educación avanzará del coste de la escolarización en centros privados para las familias en Catalunya que quieran que sus hijos sean escolarizados en castellano. Después, el Gobierno lo detraerá de las transferencias autonómicas que le corresponden a la Generalitat.
Este nuevo cambio en el papel del castellano en las autonomías busca, según insisten desde el Gobierno central, "garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela". El anterior mecanismo fijado por el departamento de José Ignacio Wert fue rechazado por el Consejo de Estado, aunque su dictamen no es vinculante.
Educación ha decidido también que los alumnos puedan estudiar la asignatura de Religión y su alternativa, que hasta ahora eran excluyentes.
Sobre la financiación de la reforma educativa, el Educación confía en captar ayudas del Fondo Social Europeo para cubrir hasta la mitad del desembolso que el gobierno central tiene previsto realizar para implantar la ley.
Solución "excepcional y transitoria"
Con la solución que el Gobierno plantea en el borrador de la ley pretende sortear el toque de atención que hace unas semanas dio el Consejo de Estado al texto al 'vetar' que el coste de la escolarización en castellano en Catalunya deba correr a cargo de la administración catalana. El ministro ha asegurado que con esta solución "hacemos caso a lo que dice el TC en el sentido de velar por el derecho de los padres que quieren que el castellano también sea vehicular".
Wert ha asegurado que el Gobierno adelantará 5 millones de euros por este concepto para atender las peticiones de familias que reclaman a la Generalitat la escolarización en castellano para sus hijos. Pero la 'generosidad' del Ejecutivo será "transitoria". El ministro ha anunciado que esta solución se mantendrá mientras la administración catalana no asuma la escolarización con el castellano como lengua vehicular en centros públicos. Así, la solución afectará "exclusivamente" a aquellos sistemas educativos en los que se plantea el uso de una sola lengua cooficial, en concreto la propia, y no se garantiza el derecho a estudiar en castellano. Para Wert, lo que se ha hecho con este remedio es "garantizar" que se hace efectivo el derecho que asiste a los padres a que el castellano pueda ser la lengua vehicular en la educación de sus hijos.
De esta forma, el ministerio se ha reservado esta cantidad para atender a las familias que reclamen que sus hijos se escolaricen en castellano que inicialmente fueron un millar pero que el año pasado se redujeron a 17 "Se ha hecho una hipótesis" para fijar la cantidad, ha justificado el ministro.
Wert ha zanjado la cuestión planteada sobre el Consejo de Estado al sostener que, "recogiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, sólo se garantiza el derecho de los padres de que el castellano pueda ser utilizado como lengua vehicular". El titular de Educación ha reiterado que el Ejecutivo ha hecho caso al Consejo de Estado en la mayoría de cuestiones, sin embargo, este órgano pidió que se mantuviera la asignatura de Educación para la Ciudadanía, a lo que el Gobierno no ha hecho caso finalmente.
Buscará consenso pero no renunciará a cambiar el modelo
El ministro ha defendido la "legitimidad" de la reforma a pesar del amplio rechazo al proyecto y ha prometido que seguirá buscando el "más amplio consenso" durante la tramitación parlamentaria, aunque ha advertido de que no renunciará un cambio que considera imprescindible para reducir el abandono escolar temprano (24,9%) y los pobres resultados en las evaluaciones internacionales de los alumnos españoles.
"Importancia educativa y económica"
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Wert ha hecho una férrea defensa de la reforma y de la necesidad de cambiar un sistema que no ha conseguido luchar de forma eficaz contra el abandono escolar y el fracaso escolar. "La inmensa parte del abandono escolar es por fracaso escolar", ha advertido el ministro, que también ha tirado de cifras para insistir en la necesidad de introducir cambios, sobre todo en la Formación Profesional (FP) para "mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes".
"Sólo el 15% de empleo de Europa estarán para personas de capacitación media o baja", ha advertido, por tanto el sistema debe "mejorar su eficiencia" si quiere acabar con la "abundantísima tasa de repetición". Wert ha relacionado este fracaso escolar con el elevado coste del sistema al asegurar que "el 49% de los alumnos ha repetido algún curso, lo que supone gran ineficiencia económica" porque "simplemente en la fase obligatoria, hay 50.000 alumnos repetidores que están costando 2.500 millones de euros".
Además de la "importancia educativa y económica" que el Gobierno otorga a la norma, el ministro también ha destacado la necesidad de "disminuir la dispersión del sistema entre el territorio". Según el titular de Educación, "la UE nos llamó la atención por las diferencias entre autonomías", ha justificado.
Sobre la FP, el Gobierno dice apostar por una nueva concepción de la que es "la mayor debilidad en la acreditación de la formación en España. Asegura que las medidas pretenden conseguir que la FP "no sea percibida como una carretera de segundo orden" y pretende ofrecer una FP "más digna y enfocada al mercado laboral"
En general, el ministro fija como objetivos "mejorar el dominio de las lenguas", que el aprendizaje tenga un "sistema de señalización" y la promoción de "la autonomía de los centros" y "la autoridad de los docentes y directores".
400 millones en tres años
La financiación de la norma es una de las piedras fundamentales en su camino. Según ha informado el ministro, será necesaria la inversión de 400 millones de euros en tres años. El primero prevé la inversión de 22 millones, el segundo de 130 y el tercero de 250 millones.
Para sufragar este montante, el Gobierno cuenta con los fondos europeos que están ligados a los resultados de abandono escolar temprano. En cualquier caso, el Ejecutivo cuenta con conseguir entre el 55% y el 60% del total.


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